Tres jugadores del equipo cadete del Club Deportivo Universidad de Granada se han proclamado campeones de España sub 18 de rugby, en la final que disputada durante el pasado fin de semana en la localidad madrileña Orcasitas. Se trata de Álex Barragán, Nono Correa y Manu Villalobos. 

La selección andaluza venció en la final a Cataluña por un ajustado 20-27. Fue un triunfo justo en el que los verdiblancos impusieron su mejor juego desplegado.

El pilar Manu Villalobos jugó el partido completo, mientras que Álex -flanker- y Nono -ala- se quedaron en el banquillo y el entrenador prefirió no darles entrada en la lucha por el título, aunque sí jugaron minutos en las eliminatorias previas.

En la gran final estuvieron presentes los seleccionadores nacionales Bryce Bevin y Juan Carlos Pérez, que tomaron buena nota de las evoluciones de los jugadores granadinos.

Andalucía ganó su octavo título nacional y renueva el logrado la pasada temporada.

Con la presencia de los tres jugadores granadinos en el combinado nacional se muestra que el trabajo de cantera que está realizando el Club Deportivo Universidad está dando fruto.

Ahora lo que hace falta es que el primer equipo del ‘Uni’ consigas la permanencia en la División de Honor B. El objetivo no está demasiado lejos tras la victoria que logró el domingo ante el Helvetia (29-8). Ahora está a un punto de eludir el descenso y debe visitar al Arquitectura y al Liceo Francés y recibir al Portuense.

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Tres jugadores del equipo cadete del Club Deportivo Universidad de Granada se han proclamado campeones de España sub 18 de rugby, en la final que disputada durante el pasado fin de semana en la localidad madrileña Orcasitas. Se trata de Álex Barragán, Nono Correa y Manu Villalobos. 

La selección andaluza venció en la final a Cataluña por un ajustado 20-27. Fue un triunfo justo en el que los verdiblancos impusieron su mejor juego desplegado.

El pilar Manu Villalobos jugó el partido completo, mientras que Álex -flanker- y Nono -ala- se quedaron en el banquillo y el entrenador prefirió no darles entrada en la lucha por el título, aunque sí jugaron minutos en las eliminatorias previas.

En la gran final estuvieron presentes los seleccionadores nacionales Bryce Bevin y Juan Carlos Pérez, que tomaron buena nota de las evoluciones de los jugadores granadinos.

Andalucía ganó su octavo título nacional y renueva el logrado la pasada temporada.

Con la presencia de los tres jugadores granadinos en el combinado nacional se muestra que el trabajo de cantera que está realizando el Club Deportivo Universidad está dando fruto.

Ahora lo que hace falta es que el primer equipo del ‘Uni’ consigas la permanencia en la División de Honor B. El objetivo no está demasiado lejos tras la victoria que logró el domingo ante el Helvetia (29-8). Ahora está a un punto de eludir el descenso y debe visitar al Arquitectura y al Liceo Francés y recibir al Portuense.

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La Universidad de Granada acordó ayer, en consejo de gobierno, dejar en manos de las facultades y centros de la UGR la elección del sistema de control docente de las clases. El consejo aprobó por mayoría que cada centro acoja su propio sistema, que podría ser el de firma, la firma electrónica o cualquier otro modelo que permita el seguimiento del control de la asistencia del profesorado.

Según fuentes de la propia Universidad, el porcentaje de docentes que cumplen con su horario lectivos es muy elevado. Sin embargo, en marzo de 2010, en el acta de la sesión ordinaria del claustro de la Universidad, ya se trató sobre la sugerencia del Defensor Universitario de un control generalizado de asistencia de los profesores a las clases. Hace tres años, el Defensor planteó que «serían los alumnos los que denunciasen las faltas de asistencia y que, en general, no lo hacen por temor».

Más recientemente, en el inicio de este curso universitario, el rector de la UGR, Francisco González Lodeiro, indicó que el sistema de verificación de asistencia a clase ya se aplicaba en algunas facultades, «concretamente en Derecho, que tiene un sistema de control mediante la firma de los docentes por las mañanas. En Farmacia en algunos cursos los estudiantes firman la asistencia. Si el estudiante firma, también hay un control del profesor».

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La Universidad de Granada acordó ayer, en consejo de gobierno, dejar en manos de las facultades y centros de la UGR la elección del sistema de control docente de las clases. El consejo aprobó por mayoría que cada centro acoja su propio sistema, que podría ser el de firma, la firma electrónica o cualquier otro modelo que permita el seguimiento del control de la asistencia del profesorado.

Según fuentes de la propia Universidad, el porcentaje de docentes que cumplen con su horario lectivos es muy elevado. Sin embargo, en marzo de 2010, en el acta de la sesión ordinaria del claustro de la Universidad, ya se trató sobre la sugerencia del Defensor Universitario de un control generalizado de asistencia de los profesores a las clases. Hace tres años, el Defensor planteó que «serían los alumnos los que denunciasen las faltas de asistencia y que, en general, no lo hacen por temor».

Más recientemente, en el inicio de este curso universitario, el rector de la UGR, Francisco González Lodeiro, indicó que el sistema de verificación de asistencia a clase ya se aplicaba en algunas facultades, «concretamente en Derecho, que tiene un sistema de control mediante la firma de los docentes por las mañanas. En Farmacia en algunos cursos los estudiantes firman la asistencia. Si el estudiante firma, también hay un control del profesor».

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En una sorprendente resolución, el Ministerio de Hacienda ha decidido ‘castigar’ a las universidades públicas de las comunidades autónomas que han incumplido los objetivos del déficit: las ha dejado sin ayudas económicas para el proyecto de la digitalización de sus fondos bibliográficos.

«Como un jarro de agua fría» ha sentado la noticia a la Biblioteca de la Universidad de Granada (UGR), que había logrado estas ayudas en los últimos años, tal y como señala la directora del servicio, María José Ariza. «Máxime, porque habíamos recibido una notificación del Gobierno para avisarnos que nos proponían para una ayuda superior a los 80.000 euros», cuenta Ariza.

Lo más sorpresivo de todo esto es que las instituciones privadas no han sido excluidas. Además del servicio de la UGR, también se han quedado sin las ayudas para las que habían sido seleccionadas las bibliotecas de las siguientes universidades: Autónoma de Barcelona, Cantabria, Córdoba, Extremadura, Jaume I, Girona, La Laguna, Lleida, Oviedo, Politécnica de Catalunya, Murcia, Salamanca, Santiago, Valencia y Zaragoza.

Los rectores no entienden por qué centros universitarios de titularidad privada sí han recibido finalmente la ayuda de la secretaría de Estado de Cultura, a pesar de estar situadas en autonomías que tampoco habían cumplido con el déficit máximo establecido.

«Nosotros ni siquiera recibimos ninguna notificación. Nos enteramos porque apareció publicado en el Boletín del Estado, pero no venía ninguna explicación. Cuando la solicitamos, justificaron su decisión en la Ley de Estabilidad Presupuestaria por la que las comunidades autónomas con déficit no podían acceder a ayudas», explica Ariza, quien precisa que la mayoría se han repartido en reales academias y ayuntamientos. «No entro ni a hacer una valoración, porque la noticia ya habla por sí misma», sentencia la directora de la Biblioteca de la UGR.

El que se mostró muy categórico a la hora de hacer ayer una valoración fue Vicent Climent, rector de la Universitat Jaume I de Castelló y presidente de la comisión sectorial de bibliotecas de la CRUE. Climent, en declaraciones hechas al periódico La Vanguardia, recordó que las universidades públicas llevan años presentando proyectos -en la convocatoria de 2012, que contaba con una dotación de casi 1,6 millones de euros, lo hicieron 20- para participar en el programa de la gran biblioteca digital comunitaria Europeana. «Hay mucho malestar entre los rectores afectados -afirma Climent-. No entendemos lo que ha ocurrido. Es cierto que gran parte de nuestra financiación procede de las comunidades autónomas, pero nuestros presupuestos no los aprueba el parlamento autonómico. No somos responsable de este tipo de incumplimientos».

En este mismo sentido se pronuciaba ayer Ariza. «¿De qué ha servido que la Universidad de Granada no tenga déficit?», comentaba la responsable del servicio, quien se quejaba también de la inutilidad del esfuerzo realizado. «Nos han hecho perder el tiempo a los empleados públicos porque la elaboración de la memoria es compleja y requiere mucho trabajo, y la ley en la que se basan ya existía cuando hicieron la convocatoria y nos avisaron».

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En una sorprendente resolución, el Ministerio de Hacienda ha decidido ‘castigar’ a las universidades públicas de las comunidades autónomas que han incumplido los objetivos del déficit: las ha dejado sin ayudas económicas para el proyecto de la digitalización de sus fondos bibliográficos.

«Como un jarro de agua fría» ha sentado la noticia a la Biblioteca de la Universidad de Granada (UGR), que había logrado estas ayudas en los últimos años, tal y como señala la directora del servicio, María José Ariza. «Máxime, porque habíamos recibido una notificación del Gobierno para avisarnos que nos proponían para una ayuda superior a los 80.000 euros», cuenta Ariza.

Lo más sorpresivo de todo esto es que las instituciones privadas no han sido excluidas. Además del servicio de la UGR, también se han quedado sin las ayudas para las que habían sido seleccionadas las bibliotecas de las siguientes universidades: Autónoma de Barcelona, Cantabria, Córdoba, Extremadura, Jaume I, Girona, La Laguna, Lleida, Oviedo, Politécnica de Catalunya, Murcia, Salamanca, Santiago, Valencia y Zaragoza.

Los rectores no entienden por qué centros universitarios de titularidad privada sí han recibido finalmente la ayuda de la secretaría de Estado de Cultura, a pesar de estar situadas en autonomías que tampoco habían cumplido con el déficit máximo establecido.

«Nosotros ni siquiera recibimos ninguna notificación. Nos enteramos porque apareció publicado en el Boletín del Estado, pero no venía ninguna explicación. Cuando la solicitamos, justificaron su decisión en la Ley de Estabilidad Presupuestaria por la que las comunidades autónomas con déficit no podían acceder a ayudas», explica Ariza, quien precisa que la mayoría se han repartido en reales academias y ayuntamientos. «No entro ni a hacer una valoración, porque la noticia ya habla por sí misma», sentencia la directora de la Biblioteca de la UGR.

El que se mostró muy categórico a la hora de hacer ayer una valoración fue Vicent Climent, rector de la Universitat Jaume I de Castelló y presidente de la comisión sectorial de bibliotecas de la CRUE. Climent, en declaraciones hechas al periódico La Vanguardia, recordó que las universidades públicas llevan años presentando proyectos -en la convocatoria de 2012, que contaba con una dotación de casi 1,6 millones de euros, lo hicieron 20- para participar en el programa de la gran biblioteca digital comunitaria Europeana. «Hay mucho malestar entre los rectores afectados -afirma Climent-. No entendemos lo que ha ocurrido. Es cierto que gran parte de nuestra financiación procede de las comunidades autónomas, pero nuestros presupuestos no los aprueba el parlamento autonómico. No somos responsable de este tipo de incumplimientos».

En este mismo sentido se pronuciaba ayer Ariza. «¿De qué ha servido que la Universidad de Granada no tenga déficit?», comentaba la responsable del servicio, quien se quejaba también de la inutilidad del esfuerzo realizado. «Nos han hecho perder el tiempo a los empleados públicos porque la elaboración de la memoria es compleja y requiere mucho trabajo, y la ley en la que se basan ya existía cuando hicieron la convocatoria y nos avisaron».

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Mercedes Rubiño firmó su beca de diez meses en Grecia al mismo tiempo que solicitaba un préstamo para hacer frente a los gastos de su estancia como becaria del programa Erasmus. No quería que sus padres asumieran el coste de sus estudios en el extranjero, pero ahora son ellos los que tienen que hacer frente a las cuotas toda vez que la Junta de Andalucía no termina de saldar la deuda de unos 2.800 euros que mantiene con esta estudiante, una de las portavoces del colectivo de afectados por el impago de la Administración autonómica y que agrupa a más de mil de los 2.185 estudiantes que no han cobrado todavía la totalidad de la beca. Estiman que el total de la deuda puede llegar al millón de euros, y que, al que menos, le deben unos 600 euros y al que más, hasta 3.000, una cantidad notable para las precarias economías de los estudiantes.

Ante las quejas del grupo de erasmus, la Universidad de Granada (UGR), en el consejo de gobierno extraordinario celebrado ayer, ha ofrecido poner en marcha una convocatoria de ayudas de acción social para ayudar a los becarios que se encuentren en una situación más precaria. El rector de la UGR, Francisco González Lodeiro, propuso a los estudiantes un fondo de unos 200.000 euros, propuesta que el colectivo de afectados consideró «insuficiente», por lo que «no hemos llegado a un acuerdo». Los estudiantes piden que la Junta salde toda la deuda, mientras que la UGR ofrece ayudar en situaciones concretas, en la que el impago de la beca haya supuesto una situación «extrema».

A Javier Castellano le deben 600 euros de su estancia en Bari (Italia). «Una vez allí nos enteramos de que nos iban a rebajar la cuantía de la beca» de unos 600 euros mensuales a poco más de 500, afirma. No le salen las cuentas y cree que «no me van a pagar lo que me deben». Su situación no es de las más graves porque cuenta con el respaldo de sus padres, como es el caso de Mercedes Rubiño. Otros han tenido que recurrir a «trabajos mal pagados», explica la estudiante, para hacer frente a la situación que se han encontrado a la vuelta de la estancia en el extranjero.

Según fuentes de la Universidad, las soluciones planteadas por los estudiantes «se van a analizar» en una comisión de trabajo, que mantendrá nuevas reuniones a lo largo de las próximas semanas.

La Universidad de Granada es la que más becarios envía al extranjero gracias al programa Erasmus, que está financiado por la Unión Europea, el Ministerio de Educación y la Junta de Andalucía. Los estudiantes llevan semanas de movilizaciones por cuanto que las cuantías de las becas fueron modificadas a la baja cuando ya habían aceptado las condiciones económicas y se encontraba, de hecho, en el extranjero, por lo que exigen que se cumpla con las condiciones que aceptaron en su momento.

Pese a que el Ministerio de Educación ya ha anunciado que recortará su aportación al programa, a que la Junta también aportará menos dinero y que Bruselas también plantea una rebaja en su parte, la Universidad de Granada ya anunció que para el próximo curso está previsto que el número de plazas para las becas Erasmus sea de 4.161, 300 más que en este curso.

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