Más de 3.000 estudiantes podrían abandonar sus estudios este curso en la Universidad de Granada por no poder afrontar el incremento de las tasas o por perder la propia matrícula. Así lo ha denunciado hoy en rueda de prensa la secretaria de Educación y Universidad del PSOE de Granada, Beatriz Ruiz Quintela, quien ha precisado que las medidas decretadas por el Gobierno central están provocando en algunos casos subidas en primera matrícula que oscilan entre los 300 y los 400 euros, si bien las asignaturas de segunda matrícula o de tercera pueden alcanzar incrementos de hasta el 200 por cien.
«Tenemos las tasas universitarias más caras que nunca y además se está criminalizando a los estudiantes repetidores», ha criticado Ruiz Quintela, quien ha lamentado el «nefasto impacto» que está provocando el conocido como ‘decreto Wert’ con recortes en educación de hasta 3.000 millones de euros. En el ámbito universitario, el Real Decreto 14/2012 supone nuevas horquillas económicas para el establecimiento del precio de las tasas que sustituyen como baremo a la subida del IPC, pero también recortes en becas, medidas contra el profesorado y reformas que inciden sobre titulaciones que ven peligrar su futuro, ha explicado.
Ruiz Quintela ha destacado sin embargo el esfuerzo de la Universidad de Granada por amortiguar al máximo los efectos de los recortes y ha ilustrado en este sentido, mediante los correspondientes resguardos, diferencias de hasta 500 euros en los costes de matrícula para carreras similares en las universidades de Granada y la Complutense de Madrid. Así, mientras en Granada una matrícula de primer curso en una carrera de Ciencias Sociales asciende a unos 814 euros, en Madrid la misma matrícula asciende a 1.300 euros.
«Hay un decreto y dos modelos de universidad», ha subrayado la representante socialista, quien ha destacado también la postura de la Junta «rechazando las desigualdades» que promueve el PP. «El compromiso de la Junta ha sido el de aplicar el mínimo que establecía este real decreto en todos los umbrales de todos los cursos y además se ha hecho una apuesta pionera por mantener el mismo precio por crédito para todas la ramas universitarias del primer curso», ha apuntado la secretaria socialista de Educación, quien ha detallado que mientras la media en Andalucía de la matrícula es de unos 750 euros, en otras comunidades como Madrid o Castilla-León asciende a 1.722 euros, más del doble.
Ruiz Quintela ha lamentado que el PP esté obstaculizando el acceso a los estudios universitarios y ha avanzado que las medidas del Partido Popular «nos dirigen hacia un modelo con tasas cada vez más caras». «Estamos ante un ataque frontal a la posibilidad de que nuestros jóvenes y de que nuestra sociedad salgan de la crisis apostando por la Universidad», ha concluido.
Por su parte, el secretario de Ideas de la Ejecutiva Provincial del PSOE, José Antonio Pérez Tapias, ha trasladado su «apoyo rotundo» a la universidad pública en el arranque de un nuevo curso académico marcado, a su juicio, no sólo por los recortes del decreto Wert, sino también por unos presupuestos generales «poco creíbles y que no aclaran nada, salvo que va a haber más recortes».
Reivindicaciones «justas y legítimas»
«Ante esta situación, apoyamos las legítimas y justas reivindicaciones de los estudiantes, del profesorado, del personal de administración y servicios y de los investigadores», ha aseverado Pérez Tapias, quien ha tenido palabras de reconocimiento para el equipo rector de la Universidad de Granada por su «esfuerzo para afrontar esta situación con rotundidad, con firmeza, con valentía y con diálogo con los distintos sectores académicos» ante los recortes impuestos por el PP.
Por ello, considera «legítimas» las manifestaciones que se están desarrollando contra los recortes que padece la comunidad universitaria, si bien sostiene que estas reivindicaciones han de permitir la máxima normalidad posible en el desarrollo de la actividad docente e investigadora, así como de los actos académicos previstos.
Por último, Pérez Tapias ha destacado también el «esfuerzo» de la Junta para dotar de la liquidez necesaria a las universidades con el adelanto de 25 millones de euros y para resolver cuanto antes la deuda que mantiene con los centros universitarios, en el caso de la UGR, unos 100 millones de euros.
