El curso ‘Pensar en los Gobiernos locales en el actual estado autonómico’ que se celebra hasta este miércoles en el Centro ‘Olavide en Carmona’ con el apoyo de la UPO, acoge en la conferencia ‘Balance del marco normativo local: La perspectiva desde el Estado’ a Manuel Zafra Víctor, profesor titular de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Granada que afirma como principio de su ponencia «no es necesario suprimir municipios, sino poner a las diputaciones al servicio de éstos».
Zafra, que considera que las provincias deben establecer procedimientos que promuevan el desarrollo de los municipios conjuntamente, ve «desorientada» la reforma que se pretende hacer en política de los gobiernos locales, pues «al final se van a fijar unos estándares de calidad que los municipios tendrán que cumplir y si esto es así, da igual quien esté gobernando, es decir, no será necesario que elijamos a nuestros representantes, porque será prestar unos servicios en base a unos criterios técnicos».
La medida se podría mejorar si se llevasen a cabo unos «criterios objetivos» como el número de personas que hay en el municipio, cuántas personas mayores hay, matriculas de escolarización vigentes, costes de prestación de servicios o dispersión de la población y en base a estos principios que los municipios emplearan el dinero «donde creyesen oportuno o conveniente».
El objetivo de la reforma, que busca el ahorro de costes tendrá, a juicio de Zafra, efectos «negativos», ya que opina que la solución no es dirigir a los gobiernos locales desde otro «nivel de gobierno que los vigile», sino que se otorgue a estos «decisión política para establecer sus necesidades y no tengan que discriminar ante diferentes prioridades» para cumplir estándares de calidad, ya que afirma «son decisiones que deben hacerse políticamente».
En este sentido, advierte de una «pérdida de pluralismo político y la pérdida de la esencia de la democracia» ante la posibilidad de que las Comunidades Autónomas decidan a qué objetivos van a ir destinadas las subvenciones sin la posibilidad de que los municipios tengan «capacidad para el pensamiento» y que provocará que «nadie quiera ser alcalde si va a estar bajo sospecha de corrupción o mal uso del dinero y va a tener que mendigar a las diputaciones», argumenta.
En la misma línea, Manuel considera que el trasfondo de la reforma será la «desconfianza y tutela a la que se van a someter los municipios», para lo que propone equilibrar dicho pluralismo entre los diferentes niveles de gobierno «y dejar a quien los dirige que establezca cuáles son sus prioridades o qué necesidades tiene» algo que declara, conocen por la cercanía o la legitimidad «que supone que alguien no tenga que viajar a Bruselas para decidir sus necesidades y detecte su problema, sino que cruce la calle y pregunte».
La concertación, que supone decidir los proyectos y prioridades más importantes para un municipio, debe hacerse a juicio del experto, mediante procedimientos conjuntos entre éstos y las provincias para promover el desarrollo y en esa concertación «la provincia tendrá que llamarlo si cree que no es la más adecuada la solicitud para un gasto por parte del municipio». Esto consigue a su parecer, un contraste de motivaciones «carente» en la reforma, que establece objetivos y en función de su cumplimiento, subvenciones.
No obstante, Zafra observa con «preocupación» la Cláusula General de Competencia, en la que considera inadecuada dar inmunidad a los municipios para «hacer lo que quieran con cobertura jurídica», aunque las posibilidades de éstos para descubrir competencias y necesidades «que la Ley aún no recoge» a través del Derecho de Espontaneidad, explica, sirve para que adquieran «presunción de competencia» aparte de los legisladores autonómicos, por lo que delegar parte de cobertura jurídica se plantea como una posibilidad para el experto.
Finalmente, concluye que el problema de los gobiernos locales es la «desconfianza, pensar que si un municipio tiene autonomía va ser incompetente o va a infringir el ordenamiento, yo creo que no que hay que partir de esas presunciones», para lo que plantea «rendir cuentas de las subvenciones a la ciudadanía y no al que las da», ya que afirma es una práctica inadecuada que debe quitarse para asegurar la responsabilidad política de los gobiernos locales y reducir la desconfianza.
El curso que se lleva a cabo en la Casa Palacio de los Briones, coordinado por Alfonso Yerga Cobos, del departamento de Derecho Público de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) tratará durante su última jornada formativa temas como el futuro de las políticas públicas, las relaciones intergubernamentales en crisis, la posición de la FEMP o la perspectiva de los partidos políticos entre otros, con la colaboración de ponentes catedráticos, la Alcaldesa de La Línea (Cádiz), el secretario federal de Ciudades y Política Municipal del PSOE, el alcalde de Córdoba o el director de la Fundación Democracia y Gobierno Local.
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