350 alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de Sevilla recibieron ayer su grado en un acto académico de fin de carrera celebrado en la Avenida de Reina Mercedes. El acto solo tuvo un fallo: el título entregado no era el de Ingenieros de Edificación sino un eufemismo buscado con urgencia por los responsables académicos para soslayar la prohibición judicial de usar el nombre de dicho título, Ingeniería de la Edificación. La decisión judicial arrastra desde 2007 cuando los colegios de arquitectos e ingenieros españoles iniciaron una batalla jurídica para impedir que los antiguamente llamados aparejadores se denominen ahora Ingenieros en Edificación. El argumento: la confusión que genera el nombre y la atribución de competencias exclusivas.
Los alumnos sevillanos que se graduaron ayer tarde son, de momento, y mientras la ciega y lenta justicia no se pronuncie, titulados en Ciencias y Tecnología de la Edificación, una denominación si cabe algo más confusa para quienes en algún momento quieran explicar sus habilidades o titulación en el seno de la Unión Europea, precisamente el origen del cambio de nombre de quienes se denominaban hasta entonces aparejadores o arquitectos técnicos: la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior.
Pero si algo hay más curioso en todo este galimatías judicial y académico es que no solo los alumnos de Sevilla se ven impedidos de obtener el título para el que se matricularon, pese a haber superado con éxito sus estudios de Ingeniería de la Edificación, que fue aprobado por el Consejo de Ministros en 2007, sino que les ocurre igual a otras 17 universidades españolas: Universidad Alfonso X El Sabio, Universidad de A Coruña, Universidad de Burgos, Universidad de las Illes Balears, Universidad de Salamanca, Universidad de Sevilla, Universidad San Pablo-CEU, Universidad de La Laguna, Universidad Antonio de Nebrija, Universidad de Extremadura, Universidad de Granada, Universitat Politécnica de Valencia, Universidad Europea Miguel de Cervantes, Universidad del País Vasco, Universidad Politécnica de Cartagena, Universidad Camilo José Cela, Universidad de Navarra y Universidad Jaume I de Castellón.
Para que el conflicto se vuelva aún más discriminatorio, caótico e injustificado, en otras 16 escuelas españolas si se puede obtener dicho título, por no haber sido recurrida la denominación por prescripción de los plazos o, caso de la Universidad Politécnica de Madrid, porque el Tribunal Superior de Justicia de dicha comunidad desestimó el recurso interpuesto por el Colegio de Ingenieros de Caminos, canales y puertos.
En Andalucía existen casi 7.000 afectados por el conflicto: 3.800 ingenieros de la Edificación ya titulados y más de 3.000 matriculados en este grado entre las Universidades de Sevilla y Granada. A nivel nacional la cifra de egresados supera los 15.000.
Los Consejos y los Colegios de Aparejadores son partícipes de la inquietud que esta situación está generando entre los nuevos profesionales y, sobre todo, entre los actuales universitarios, que iniciaron sus estudios con unas expectativas y que ahora están viendo truncadas debido a la suspensión cautelar del nombre que dictó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que prohíbe a la Hispalense expedir títulos con dicha denominación.
La maraña judicial ha llegado hasta Estrasburgo, después de que el Tribunal Supremo en una sentencia de marzo de 2010 anulara «la reserva de la denominación Graduado en Ingeniería de Edificación».
Según los afectados en los restantes países de la Unión Europea, las titulaciones con contenidos académicos asimilables y con ejercicios profesionales afines tienen denominaciones muy dispares entre las que predominan las ingenierías: desde Ingeniero de Edificación en Italia, Ingeniero de la Construcción en Edificación, en Alemania, Arquitecto Constructor en Dinamarca; pasando por variaciones importantes como licenciado en Tecnología de la Construcción, en Reino Unido, Gestor de la Construcción, en Irlanda, Técnico de Arquitectura en Finlandia, o Ingeniero Civil en Arquitectura en Bélgica.
Limbo académico
Tras el fallo del Tribunal Supremo anulando la reserva del título de Ingeniero de Edificación, el Consejo General de Arquitectura Técnica de España (Cgate) recurrió al Tribunal Constitucional (TC) que, tras admitir el recurso, lo denegó en noviembre de 2011 por entender que el organismo que reclamaba no era una universidad y no era competente. La Cgate ha llevado el caso a Estrasburgo alegando que el fallo «no respeta la autonomía universitaria y pone en peligro toda la adaptación de la Universidad Española al Espacio Europeo de Educación Superior». Algunas universidades, caso de Sevilla, están buscando una denominación alternativa ante la situación a la que se han visto abocadas por las distintas sentencias.
Curiosamente, el presidente del TC, Pascual Sala, afirma en su voto particular al recurso contra el Supremo: «En definitiva, la sentencia impugnada, al confundir en su razonamiento el título de «Graduado en Ingeniería de Edificación», expedido por la Universidad, con la profesión regulada de Arquitecto Técnico que ese título habilita para ejercer, llega a la conclusión no razonable de que esa denominación induce a confusión y modifica la denominación de la profesión regulada de Arquitecto Técnico, de tal manera que no puede afirmarse que estemos ante una decisión fundada en Derecho capaz de satisfacer el derecho a la tutela judicial efectiva que garantiza el art. 24.1 CE».
