El Centro de Estudios Andaluces financia 17 proyectos de investigación por valor de 288.000 euros, un 8% más que en 2011

La octava edición de las Ayudas a Proyectos de Investigación, impulsada por la Fundación Centro de Estudios Andaluces, ha dado como resultado la selección de 17 proyectos que serán ejecutados por 85 investigadores procedentes de diferentes universidades andaluzas. La dotación de las ayudas alcanza los 288.000 euros, lo que supone, según ha explicado la consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, un ocho por ciento más de la cantidad destinada en la convocatoria anterior.

Así, Díaz ha destacado ante los medios de comunicación que, «pese al momento económico que se está viviendo, este programa va a tener un aumento en su dotación presupuestaria», lo que confirma que «el Gobierno andaluz continúa apoyando los proyectos de investigación y los investigadores andaluces».

La consejera ha recordado que, cuando se puso en marcha este programa en el año 2005, era una «apuesta pionera» de la Junta de Andalucía el dar «respaldo y apoyo» a investigadores de centros universitarios, «que están haciendo una labor importante por el conocimiento, la investigación y el desarrollo de nuestra comunidad».

En este sentido, ha mostrado la voluntad del Ejecutivo autonómico de «seguir trabajando» en un programa que ha contado con «un resultado favorable» y «que permite mirar atrás y ver 193 proyectos y cientos de investigadores andaluces que han contado con el apoyo del Gobierno andaluz y que ahora reforzamos en una situación de dificultad económica».

De esta forma, ha resaltado que «en un momento de ajuste, en el que hay que priorizar, un Gobierno como éste prioriza en el apoyo a sus investigadores».

PROYECTOS SELECCIONADOS

A esta octava convocatoria de Ayudas a Proyectos de Investigación han concurrido 209 proyectos procedentes de universidades y centros de investigación andaluces. Las propuestas seleccionadas se han ajustado a las líneas estratégicas establecidas por el Centro de Estudios Andaluces, haciendo especial hincapié en los proyectos que ayuden a detectar los retos de futuro que afrontará, a corto y medio plazo, la comunidad andaluza.

Respecto a los beneficiarios, destacan la Universidad de Granada, que recibirá más de 101.000 euros para el desarrollo de cinco proyectos, y la Universidad Pablo de Olavide, con 70.000 euros y la ejecución de cuatro proyectos. Con dos proyectos le siguen la Universidad de Cádiz, con una dotación de 37.000 euros; la Universidad de Sevilla, con una ayuda de 21.000 euros, y la Universidad de Málaga, con 19.000 euros. Finalmente, se ha seleccionado un proyecto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Andalucía-IESA y otro de la Universidad de Huelva.

Como temáticas prioritarias destacan tres áreas: Desigualdad y políticas del Estado del Bienestar en Andalucía, Perspectivas y nuevos retos de la financiación y Estado Autonómico, y Políticas del Estado Social en Andalucía.

En la evaluación de los proyectos se han tenido en cuenta los siguientes criterios: la excelencia, el interés y la relevancia científica de los objetivos de la propuesta; el grado de innovación; la aplicabilidad social de los resultados; la calidad técnica del proyecto y el currículum del solicitante.

Las ayudas a proyectos de investigación del Centro de Estudios Andaluces, en marcha desde el año 2005, tienen como objeto financiar las propuestas que contribuyan al conocimiento y análisis en torno a la realidad y los retos futuros en el ámbito social, político, económico y cultural de Andalucía. A lo largo de estos siete años, y contando los resultados de esta última edición, la Fundación ha impulsado con estas ayudas 193 proyectos desarrollados por cerca de 600 investigadores.

Además de la convocatoria anual de ayudas, el Centro de Estudios Andaluces fomenta la investigación a través de la formación de personal investigador y premios a la excelencia, así como mediante talleres, seminarios, jornadas y cursos de especialización. Un amplio abanico generador de conocimiento al que se suman también proyectos de investigación propios, convenios de colaboración y programas de cooperación internacional.

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Casi 6.000 estudiantes se examinan en la UGR

Un total de 5.921 estudiantes se han matriculado para examinarse de Selectividad en la Universidad de Granada (UGR) durante los días 19, 20, 21 y 22 de junio, lo que supone un incremento del cinco por ciento respecto al pasado año, cuando se presentaron 292 personas menos.

Las pruebas se celebrarán en 24 sedes en Granada, Ceuta y Melilla, así como en los centros españoles de enseñanzas medias localizados en Marruecos.

Del total de aspirantes, 5.057 se examinarán en la provincia de Granada y el resto, 864 personas, en Ceuta, Melilla e institutos españoles en Marruecos. Todos ellos están convocados a las 7,30 horas del martes 19 de junio, según ha informado en un comunicado la Universidad de Granada.

Según explica el coordinador de Relaciones con Centros de Enseñanza Secundaria de la UGR, Ceferino Ruiz Garrido, «el incremento de alumnos lo absorbe claramente la nueva sede que se ha abierto en la Facultad de Filosofía y Letras».

En ella confluyen los alumnos con Bachillerato de años anteriores que no tienen Selectividad, los que la tienen y se presentan para mejora de nota, y los que vienen por traslado desde otros distritos universitarios. En total, esta sede acoge 531 matriculados aunque no coincidirán a ninguna hora.

En la Fase General solamente hay matriculados 93 alumnos, el resto sólo se han matriculado en una o varias materias de modalidad de la Fase Específica. Las materias más numerosas en esta sede son Biología y Química, con alrededor de 300 matriculados en cada una de ellas.

Por otra parte, la Sede 30 para alumnos con necesidades educativas especiales de Granada está ubicada en la Facultad de Ciencias, es este año muy poco numerosa, en total 11 personas. Aparte de estos, hay 3 alumnos más con estas características en centros alejados, por lo que harán su examen en su propia sede pero en igualdad de condiciones que si los hicieran en la Sede 30.

El resto de las sedes tienen un número variable de alumnos que va desde los 551 alumnos matriculados en la sede 6, situada en la Facultad de Psicología, hasta los ocho alumnos que se presentan en la sede 22 de Alhucemas (Marruecos).

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Casi 6.000 estudiantes se examinan en la UGR

Un total de 5.921 estudiantes se han matriculado para examinarse de Selectividad en la Universidad de Granada (UGR) durante los días 19, 20, 21 y 22 de junio, lo que supone un incremento del cinco por ciento respecto al pasado año, cuando se presentaron 292 personas menos.

Las pruebas se celebrarán en 24 sedes en Granada, Ceuta y Melilla, así como en los centros españoles de enseñanzas medias localizados en Marruecos.

Del total de aspirantes, 5.057 se examinarán en la provincia de Granada y el resto, 864 personas, en Ceuta, Melilla e institutos españoles en Marruecos. Todos ellos están convocados a las 7,30 horas del martes 19 de junio, según ha informado en un comunicado la Universidad de Granada.

Según explica el coordinador de Relaciones con Centros de Enseñanza Secundaria de la UGR, Ceferino Ruiz Garrido, «el incremento de alumnos lo absorbe claramente la nueva sede que se ha abierto en la Facultad de Filosofía y Letras».

En ella confluyen los alumnos con Bachillerato de años anteriores que no tienen Selectividad, los que la tienen y se presentan para mejora de nota, y los que vienen por traslado desde otros distritos universitarios. En total, esta sede acoge 531 matriculados aunque no coincidirán a ninguna hora.

En la Fase General solamente hay matriculados 93 alumnos, el resto sólo se han matriculado en una o varias materias de modalidad de la Fase Específica. Las materias más numerosas en esta sede son Biología y Química, con alrededor de 300 matriculados en cada una de ellas.

Por otra parte, la Sede 30 para alumnos con necesidades educativas especiales de Granada está ubicada en la Facultad de Ciencias, es este año muy poco numerosa, en total 11 personas. Aparte de estos, hay 3 alumnos más con estas características en centros alejados, por lo que harán su examen en su propia sede pero en igualdad de condiciones que si los hicieran en la Sede 30.

El resto de las sedes tienen un número variable de alumnos que va desde los 551 alumnos matriculados en la sede 6, situada en la Facultad de Psicología, hasta los ocho alumnos que se presentan en la sede 22 de Alhucemas (Marruecos).

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Casi 6.000 estudiantes se examinan en la UGR

Un total de 5.921 estudiantes se han matriculado para examinarse de Selectividad en la Universidad de Granada (UGR) durante los días 19, 20, 21 y 22 de junio, lo que supone un incremento del cinco por ciento respecto al pasado año, cuando se presentaron 292 personas menos.

Las pruebas se celebrarán en 24 sedes en Granada, Ceuta y Melilla, así como en los centros españoles de enseñanzas medias localizados en Marruecos.

Del total de aspirantes, 5.057 se examinarán en la provincia de Granada y el resto, 864 personas, en Ceuta, Melilla e institutos españoles en Marruecos. Todos ellos están convocados a las 7,30 horas del martes 19 de junio, según ha informado en un comunicado la Universidad de Granada.

Según explica el coordinador de Relaciones con Centros de Enseñanza Secundaria de la UGR, Ceferino Ruiz Garrido, «el incremento de alumnos lo absorbe claramente la nueva sede que se ha abierto en la Facultad de Filosofía y Letras».

En ella confluyen los alumnos con Bachillerato de años anteriores que no tienen Selectividad, los que la tienen y se presentan para mejora de nota, y los que vienen por traslado desde otros distritos universitarios. En total, esta sede acoge 531 matriculados aunque no coincidirán a ninguna hora.

En la Fase General solamente hay matriculados 93 alumnos, el resto sólo se han matriculado en una o varias materias de modalidad de la Fase Específica. Las materias más numerosas en esta sede son Biología y Química, con alrededor de 300 matriculados en cada una de ellas.

Por otra parte, la Sede 30 para alumnos con necesidades educativas especiales de Granada está ubicada en la Facultad de Ciencias, es este año muy poco numerosa, en total 11 personas. Aparte de estos, hay 3 alumnos más con estas características en centros alejados, por lo que harán su examen en su propia sede pero en igualdad de condiciones que si los hicieran en la Sede 30.

El resto de las sedes tienen un número variable de alumnos que va desde los 551 alumnos matriculados en la sede 6, situada en la Facultad de Psicología, hasta los ocho alumnos que se presentan en la sede 22 de Alhucemas (Marruecos).

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Expertos plantean protocolo de investigación de feminicidios para A. Latina

La creación de un protocolo regional de investigación del feminicidio, que guíe procesos como la búsqueda y sustanciación de pruebas, centró en Panamá una reunión de expertos iberoamericanos preocupados por el «alarmante» auge de la violencia de género y la impunidad que la rodea.
La proliferación en los últimos 20 años de los feminicidios ha puesto a Latinoamérica a la vanguardia en la elaboración de respuestas legales, judiciales y políticas al problema, pero los errores en las investigaciones muchas veces impiden a los tribunales hacer justicia.
En ello coincidieron juristas, policías y peritos de México, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Chile, Perú y España, que hoy concluyeron un taller sobre «Acceso a la justicia para las mujeres: investigación efectiva del feminicidio en América Latina», organizado por la Oficina para Centroamérica del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, con el apoyo de ONU Mujeres.
«No basta la norma, hay que brindar herramientas a quienes tienen la responsabilidad de investigar para que logren una evidencia sólida, sustenten ante los tribunales los casos y se llegue a la sanción de los responsables y la reparación de la víctima», dijo a Efe Carmen Rosa Villa, responsable de la Oficina en América Central del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
En Latinoamérica varios países cuentan con protocolos de investigación de crímenes contra las mujeres, entre ellos Chile, México y El Salvador, nación ésta donde el instrumento fue lanzado hace unas dos semanas con el apoyo de la oficina regional del Alto Comisionado.
El protocolo salvadoreño incluye guías sobre las actuaciones en el lugar de los hechos y sobre los objetos incautados, la autopsia, técnicas para establecer un perfil de personalidad de la víctima y el victimario, y una manual de consulta de especialidades científicas complementarias, entre otros elementos.
El taller en Panamá se hizo con la idea de «ir sentado las bases para poder contar en el futuro con un protocolo de actuación en la investigación del feminicidio a nivel regional, teniendo en cuenta las particularidades de cada país», sostuvo la funcionaria de la ONU.
La necesidad de ese instrumento nace en el contexto de «un incremento alarmante desde inicios de la década de 1990 del número de asesinatos de mujeres» en la región, donde «la más alta tasa de homicidios» se registra en el Triángulo Norte centroamericano, conformado por Honduras, Guatemala y El Salvador, explicó Villa.
Datos de la ONU indican que en 2004 en Guatemala los asesinatos de mujeres aumentaron un 141 % frente a un 68 % de hombres; en El Salvador, en 2006, un 111 % frente a un 40 %, y en Honduras, en 2007, los casos subieron un 166 % ante un 40 % en el caso de los hombres.
El feminicidio, aclaró Villa, es la expresión más violenta de la discriminación contra la mujer y la desigualdad de género, que tienen sus raíces en factores culturales y en la impunidad, que se agrava por «la falta de voluntad de los Estados» para prevenir y castigar esos delitos.
Sin embargo, la falta de respuesta del aparato judicial también es achacable a una serie de obstáculos como «la inexistencia de una participación efectiva y oportuna de la Policía, y de una formación en el Ministerio Público para colectar la evidencia que permita presentar ante los tribunales un caso sólido», añadió.
El forense español Miguel Llorente Acosta resaltó los beneficios de un «protocolo marco» regional que, aclaró, no entraría en asuntos de «regulación» legal sino que serviría «para facilitar la investigación que luego será juzgada atendiendo a cada legislatura».
Ese protocolo común ayudará a «identificar el problema» de la violencia contra la mujer, que «sigue estando muy disperso en diferentes contextos como son la discriminación, el alcohol, los problemas sicológicos», explicó el profesor de Medicina Legal de la Universidad de Granada.
«Y cuando todo eso se vea que forma parte de una misma realidad (violencia de género) pero con diferentes manifestaciones, también facilitaremos que la respuesta (judicial) sea más común y que incluso se planteen reformas legales» en favor de las mujeres, dijo.
En ese sentido, el forense español destacó que el feminicidio tiene una raíz «cultural histórica» que se mantiene y hace que se vea como una «cosa normal».
«Si el problema está en la cultura, la solución está en la sociedad», aseveró Llorente Acosta, quien destacó el papel fundamental de los medios de comunicación para cambiar esa percepción de «cosa normal» que la mayoría tiene de la violencia de género.
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Expertos plantean protocolo de investigación de feminicidios para A. Latina

La creación de un protocolo regional de investigación del feminicidio, que guíe procesos como la búsqueda y sustanciación de pruebas, centró en Panamá una reunión de expertos iberoamericanos preocupados por el «alarmante» auge de la violencia de género y la impunidad que la rodea.
La proliferación en los últimos 20 años de los feminicidios ha puesto a Latinoamérica a la vanguardia en la elaboración de respuestas legales, judiciales y políticas al problema, pero los errores en las investigaciones muchas veces impiden a los tribunales hacer justicia.
En ello coincidieron juristas, policías y peritos de México, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Chile, Perú y España, que hoy concluyeron un taller sobre «Acceso a la justicia para las mujeres: investigación efectiva del feminicidio en América Latina», organizado por la Oficina para Centroamérica del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, con el apoyo de ONU Mujeres.
«No basta la norma, hay que brindar herramientas a quienes tienen la responsabilidad de investigar para que logren una evidencia sólida, sustenten ante los tribunales los casos y se llegue a la sanción de los responsables y la reparación de la víctima», dijo a Efe Carmen Rosa Villa, responsable de la Oficina en América Central del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
En Latinoamérica varios países cuentan con protocolos de investigación de crímenes contra las mujeres, entre ellos Chile, México y El Salvador, nación ésta donde el instrumento fue lanzado hace unas dos semanas con el apoyo de la oficina regional del Alto Comisionado.
El protocolo salvadoreño incluye guías sobre las actuaciones en el lugar de los hechos y sobre los objetos incautados, la autopsia, técnicas para establecer un perfil de personalidad de la víctima y el victimario, y una manual de consulta de especialidades científicas complementarias, entre otros elementos.
El taller en Panamá se hizo con la idea de «ir sentado las bases para poder contar en el futuro con un protocolo de actuación en la investigación del feminicidio a nivel regional, teniendo en cuenta las particularidades de cada país», sostuvo la funcionaria de la ONU.
La necesidad de ese instrumento nace en el contexto de «un incremento alarmante desde inicios de la década de 1990 del número de asesinatos de mujeres» en la región, donde «la más alta tasa de homicidios» se registra en el Triángulo Norte centroamericano, conformado por Honduras, Guatemala y El Salvador, explicó Villa.
Datos de la ONU indican que en 2004 en Guatemala los asesinatos de mujeres aumentaron un 141 % frente a un 68 % de hombres; en El Salvador, en 2006, un 111 % frente a un 40 %, y en Honduras, en 2007, los casos subieron un 166 % ante un 40 % en el caso de los hombres.
El feminicidio, aclaró Villa, es la expresión más violenta de la discriminación contra la mujer y la desigualdad de género, que tienen sus raíces en factores culturales y en la impunidad, que se agrava por «la falta de voluntad de los Estados» para prevenir y castigar esos delitos.
Sin embargo, la falta de respuesta del aparato judicial también es achacable a una serie de obstáculos como «la inexistencia de una participación efectiva y oportuna de la Policía, y de una formación en el Ministerio Público para colectar la evidencia que permita presentar ante los tribunales un caso sólido», añadió.
El forense español Miguel Llorente Acosta resaltó los beneficios de un «protocolo marco» regional que, aclaró, no entraría en asuntos de «regulación» legal sino que serviría «para facilitar la investigación que luego será juzgada atendiendo a cada legislatura».
Ese protocolo común ayudará a «identificar el problema» de la violencia contra la mujer, que «sigue estando muy disperso en diferentes contextos como son la discriminación, el alcohol, los problemas sicológicos», explicó el profesor de Medicina Legal de la Universidad de Granada.
«Y cuando todo eso se vea que forma parte de una misma realidad (violencia de género) pero con diferentes manifestaciones, también facilitaremos que la respuesta (judicial) sea más común y que incluso se planteen reformas legales» en favor de las mujeres, dijo.
En ese sentido, el forense español destacó que el feminicidio tiene una raíz «cultural histórica» que se mantiene y hace que se vea como una «cosa normal».
«Si el problema está en la cultura, la solución está en la sociedad», aseveró Llorente Acosta, quien destacó el papel fundamental de los medios de comunicación para cambiar esa percepción de «cosa normal» que la mayoría tiene de la violencia de género.
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La creación de un protocolo regional de investigación del feminicidio, que guíe procesos como la búsqueda y sustanciación de pruebas, centró en Panamá una reunión de expertos iberoamericanos preocupados por el «alarmante» auge de la violencia de género y la impunidad que la rodea.
La proliferación en los últimos 20 años de los feminicidios ha puesto a Latinoamérica a la vanguardia en la elaboración de respuestas legales, judiciales y políticas al problema, pero los errores en las investigaciones muchas veces impiden a los tribunales hacer justicia.
En ello coincidieron juristas, policías y peritos de México, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Chile, Perú y España, que hoy concluyeron un taller sobre «Acceso a la justicia para las mujeres: investigación efectiva del feminicidio en América Latina», organizado por la Oficina para Centroamérica del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, con el apoyo de ONU Mujeres.
«No basta la norma, hay que brindar herramientas a quienes tienen la responsabilidad de investigar para que logren una evidencia sólida, sustenten ante los tribunales los casos y se llegue a la sanción de los responsables y la reparación de la víctima», dijo a Efe Carmen Rosa Villa, responsable de la Oficina en América Central del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
En Latinoamérica varios países cuentan con protocolos de investigación de crímenes contra las mujeres, entre ellos Chile, México y El Salvador, nación ésta donde el instrumento fue lanzado hace unas dos semanas con el apoyo de la oficina regional del Alto Comisionado.
El protocolo salvadoreño incluye guías sobre las actuaciones en el lugar de los hechos y sobre los objetos incautados, la autopsia, técnicas para establecer un perfil de personalidad de la víctima y el victimario, y una manual de consulta de especialidades científicas complementarias, entre otros elementos.
El taller en Panamá se hizo con la idea de «ir sentado las bases para poder contar en el futuro con un protocolo de actuación en la investigación del feminicidio a nivel regional, teniendo en cuenta las particularidades de cada país», sostuvo la funcionaria de la ONU.
La necesidad de ese instrumento nace en el contexto de «un incremento alarmante desde inicios de la década de 1990 del número de asesinatos de mujeres» en la región, donde «la más alta tasa de homicidios» se registra en el Triángulo Norte centroamericano, conformado por Honduras, Guatemala y El Salvador, explicó Villa.
Datos de la ONU indican que en 2004 en Guatemala los asesinatos de mujeres aumentaron un 141 % frente a un 68 % de hombres; en El Salvador, en 2006, un 111 % frente a un 40 %, y en Honduras, en 2007, los casos subieron un 166 % ante un 40 % en el caso de los hombres.
El feminicidio, aclaró Villa, es la expresión más violenta de la discriminación contra la mujer y la desigualdad de género, que tienen sus raíces en factores culturales y en la impunidad, que se agrava por «la falta de voluntad de los Estados» para prevenir y castigar esos delitos.
Sin embargo, la falta de respuesta del aparato judicial también es achacable a una serie de obstáculos como «la inexistencia de una participación efectiva y oportuna de la Policía, y de una formación en el Ministerio Público para colectar la evidencia que permita presentar ante los tribunales un caso sólido», añadió.
El forense español Miguel Llorente Acosta resaltó los beneficios de un «protocolo marco» regional que, aclaró, no entraría en asuntos de «regulación» legal sino que serviría «para facilitar la investigación que luego será juzgada atendiendo a cada legislatura».
Ese protocolo común ayudará a «identificar el problema» de la violencia contra la mujer, que «sigue estando muy disperso en diferentes contextos como son la discriminación, el alcohol, los problemas sicológicos», explicó el profesor de Medicina Legal de la Universidad de Granada.
«Y cuando todo eso se vea que forma parte de una misma realidad (violencia de género) pero con diferentes manifestaciones, también facilitaremos que la respuesta (judicial) sea más común y que incluso se planteen reformas legales» en favor de las mujeres, dijo.
En ese sentido, el forense español destacó que el feminicidio tiene una raíz «cultural histórica» que se mantiene y hace que se vea como una «cosa normal».
«Si el problema está en la cultura, la solución está en la sociedad», aseveró Llorente Acosta, quien destacó el papel fundamental de los medios de comunicación para cambiar esa percepción de «cosa normal» que la mayoría tiene de la violencia de género.
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Expertos plantean protocolo de investigación de feminicidios en A. Latina

La creación de un protocolo regional de investigación del feminicidio, que guíe procesos como la búsqueda y sustanciación de pruebas, centró en Panamá una reunión de expertos iberoamericanos preocupados por el «alarmante» auge de la violencia de género y la impunidad que la rodea.

La proliferación en los últimos 20 años de los feminicidios ha puesto a Latinoamérica a la vanguardia en la elaboración de respuestas legales, judiciales y políticas al problema, pero los errores en las investigaciones muchas veces impiden a los tribunales hacer justicia.

En ello coincidieron juristas, policías y peritos de México, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Chile, Perú y España, que hoy concluyeron un taller sobre «Acceso a la justicia para las mujeres: investigación efectiva del feminicidio en América Latina», organizado por la Oficina para Centroamérica del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, con el apoyo de ONU Mujeres.

«No basta la norma, hay que brindar herramientas a quienes tienen la responsabilidad de investigar para que logren una evidencia sólida, sustenten ante los tribunales los casos y se llegue a la sanción de los responsables y la reparación de la víctima», dijo a Efe Carmen Rosa Villa, responsable de la Oficina en América Central del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

En Latinoamérica varios países cuentan con protocolos de investigación de crímenes contra las mujeres, entre ellos Chile, México y El Salvador, nación ésta donde el instrumento fue lanzado hace unas dos semanas con el apoyo de la oficina regional del Alto Comisionado.

El protocolo salvadoreño incluye guías sobre las actuaciones en el lugar de los hechos y sobre los objetos incautados, la autopsia, técnicas para establecer un perfil de personalidad de la víctima y el victimario, y una manual de consulta de especialidades científicas complementarias, entre otros elementos.

El taller en Panamá se hizo con la idea de «ir sentado las bases para poder contar en el futuro con un protocolo de actuación en la investigación del feminicidio a nivel regional, teniendo en cuenta las particularidades de cada país», sostuvo la funcionaria de la ONU.

La necesidad de ese instrumento nace en el contexto de «un incremento alarmante desde inicios de la década de 1990 del número de asesinatos de mujeres» en la región, donde «la más alta tasa de homicidios» se registra en el Triángulo Norte centroamericano, conformado por Honduras, Guatemala y El Salvador, explicó Villa.

Datos de la ONU indican que en 2004 en Guatemala los asesinatos de mujeres aumentaron un 141 % frente a un 68 % de hombres; en El Salvador, en 2006, un 111 % frente a un 40 %, y en Honduras, en 2007, los casos subieron un 166 % ante un 40 % en el caso de los hombres.

El feminicidio, aclaró Villa, es la expresión más violenta de la discriminación contra la mujer y la desigualdad de género, que tienen sus raíces en factores culturales y en la impunidad, que se agrava por «la falta de voluntad de los Estados» para prevenir y castigar esos delitos.

Sin embargo, la falta de respuesta del aparato judicial también es achacable a una serie de obstáculos como «la inexistencia de una participación efectiva y oportuna de la Policía, y de una formación en el Ministerio Público para colectar la evidencia que permita presentar ante los tribunales un caso sólido», añadió.

El forense español Miguel Llorente Acosta resaltó los beneficios de un «protocolo marco» regional que, aclaró, no entraría en asuntos de «regulación» legal sino que serviría «para facilitar la investigación que luego será juzgada atendiendo a cada legislatura».

Ese protocolo común ayudará a «identificar el problema» de la violencia contra la mujer, que «sigue estando muy disperso en diferentes contextos como son la discriminación, el alcohol, los problemas sicológicos», explicó el profesor de Medicina Legal de la Universidad de Granada.

«Y cuando todo eso se vea que forma parte de una misma realidad (violencia de género) pero con diferentes manifestaciones, también facilitaremos que la respuesta (judicial) sea más común y que incluso se planteen reformas legales» en favor de las mujeres, dijo.

En ese sentido, el forense español destacó que el feminicidio tiene una raíz «cultural histórica» que se mantiene y hace que se vea como una «cosa normal».

«Si el problema está en la cultura, la solución está en la sociedad», aseveró Llorente Acosta, quien destacó el papel fundamental de los medios de comunicación para cambiar esa percepción de «cosa normal» que la mayoría tiene de la violencia de género.

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Expertos plantean protocolo de investigación de feminicidios en A. Latina

La creación de un protocolo regional de investigación del feminicidio, que guíe procesos como la búsqueda y sustanciación de pruebas, centró en Panamá una reunión de expertos iberoamericanos preocupados por el «alarmante» auge de la violencia de género y la impunidad que la rodea.

La proliferación en los últimos 20 años de los feminicidios ha puesto a Latinoamérica a la vanguardia en la elaboración de respuestas legales, judiciales y políticas al problema, pero los errores en las investigaciones muchas veces impiden a los tribunales hacer justicia.

En ello coincidieron juristas, policías y peritos de México, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Chile, Perú y España, que hoy concluyeron un taller sobre «Acceso a la justicia para las mujeres: investigación efectiva del feminicidio en América Latina», organizado por la Oficina para Centroamérica del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, con el apoyo de ONU Mujeres.

«No basta la norma, hay que brindar herramientas a quienes tienen la responsabilidad de investigar para que logren una evidencia sólida, sustenten ante los tribunales los casos y se llegue a la sanción de los responsables y la reparación de la víctima», dijo a Efe Carmen Rosa Villa, responsable de la Oficina en América Central del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

En Latinoamérica varios países cuentan con protocolos de investigación de crímenes contra las mujeres, entre ellos Chile, México y El Salvador, nación ésta donde el instrumento fue lanzado hace unas dos semanas con el apoyo de la oficina regional del Alto Comisionado.

El protocolo salvadoreño incluye guías sobre las actuaciones en el lugar de los hechos y sobre los objetos incautados, la autopsia, técnicas para establecer un perfil de personalidad de la víctima y el victimario, y una manual de consulta de especialidades científicas complementarias, entre otros elementos.

El taller en Panamá se hizo con la idea de «ir sentado las bases para poder contar en el futuro con un protocolo de actuación en la investigación del feminicidio a nivel regional, teniendo en cuenta las particularidades de cada país», sostuvo la funcionaria de la ONU.

La necesidad de ese instrumento nace en el contexto de «un incremento alarmante desde inicios de la década de 1990 del número de asesinatos de mujeres» en la región, donde «la más alta tasa de homicidios» se registra en el Triángulo Norte centroamericano, conformado por Honduras, Guatemala y El Salvador, explicó Villa.

Datos de la ONU indican que en 2004 en Guatemala los asesinatos de mujeres aumentaron un 141 % frente a un 68 % de hombres; en El Salvador, en 2006, un 111 % frente a un 40 %, y en Honduras, en 2007, los casos subieron un 166 % ante un 40 % en el caso de los hombres.

El feminicidio, aclaró Villa, es la expresión más violenta de la discriminación contra la mujer y la desigualdad de género, que tienen sus raíces en factores culturales y en la impunidad, que se agrava por «la falta de voluntad de los Estados» para prevenir y castigar esos delitos.

Sin embargo, la falta de respuesta del aparato judicial también es achacable a una serie de obstáculos como «la inexistencia de una participación efectiva y oportuna de la Policía, y de una formación en el Ministerio Público para colectar la evidencia que permita presentar ante los tribunales un caso sólido», añadió.

El forense español Miguel Llorente Acosta resaltó los beneficios de un «protocolo marco» regional que, aclaró, no entraría en asuntos de «regulación» legal sino que serviría «para facilitar la investigación que luego será juzgada atendiendo a cada legislatura».

Ese protocolo común ayudará a «identificar el problema» de la violencia contra la mujer, que «sigue estando muy disperso en diferentes contextos como son la discriminación, el alcohol, los problemas sicológicos», explicó el profesor de Medicina Legal de la Universidad de Granada.

«Y cuando todo eso se vea que forma parte de una misma realidad (violencia de género) pero con diferentes manifestaciones, también facilitaremos que la respuesta (judicial) sea más común y que incluso se planteen reformas legales» en favor de las mujeres, dijo.

En ese sentido, el forense español destacó que el feminicidio tiene una raíz «cultural histórica» que se mantiene y hace que se vea como una «cosa normal».

«Si el problema está en la cultura, la solución está en la sociedad», aseveró Llorente Acosta, quien destacó el papel fundamental de los medios de comunicación para cambiar esa percepción de «cosa normal» que la mayoría tiene de la violencia de género.

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La creación de un protocolo regional de investigación del feminicidio, que guíe procesos como la búsqueda y sustanciación de pruebas, centró en Panamá una reunión de expertos iberoamericanos preocupados por el «alarmante» auge de la violencia de género y la impunidad que la rodea.

La proliferación en los últimos 20 años de los feminicidios ha puesto a Latinoamérica a la vanguardia en la elaboración de respuestas legales, judiciales y políticas al problema, pero los errores en las investigaciones muchas veces impiden a los tribunales hacer justicia.

En ello coincidieron juristas, policías y peritos de México, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Chile, Perú y España, que hoy concluyeron un taller sobre «Acceso a la justicia para las mujeres: investigación efectiva del feminicidio en América Latina», organizado por la Oficina para Centroamérica del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, con el apoyo de ONU Mujeres.

«No basta la norma, hay que brindar herramientas a quienes tienen la responsabilidad de investigar para que logren una evidencia sólida, sustenten ante los tribunales los casos y se llegue a la sanción de los responsables y la reparación de la víctima», dijo a Efe Carmen Rosa Villa, responsable de la Oficina en América Central del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

En Latinoamérica varios países cuentan con protocolos de investigación de crímenes contra las mujeres, entre ellos Chile, México y El Salvador, nación ésta donde el instrumento fue lanzado hace unas dos semanas con el apoyo de la oficina regional del Alto Comisionado.

El protocolo salvadoreño incluye guías sobre las actuaciones en el lugar de los hechos y sobre los objetos incautados, la autopsia, técnicas para establecer un perfil de personalidad de la víctima y el victimario, y una manual de consulta de especialidades científicas complementarias, entre otros elementos.

El taller en Panamá se hizo con la idea de «ir sentado las bases para poder contar en el futuro con un protocolo de actuación en la investigación del feminicidio a nivel regional, teniendo en cuenta las particularidades de cada país», sostuvo la funcionaria de la ONU.

La necesidad de ese instrumento nace en el contexto de «un incremento alarmante desde inicios de la década de 1990 del número de asesinatos de mujeres» en la región, donde «la más alta tasa de homicidios» se registra en el Triángulo Norte centroamericano, conformado por Honduras, Guatemala y El Salvador, explicó Villa.

Datos de la ONU indican que en 2004 en Guatemala los asesinatos de mujeres aumentaron un 141 % frente a un 68 % de hombres; en El Salvador, en 2006, un 111 % frente a un 40 %, y en Honduras, en 2007, los casos subieron un 166 % ante un 40 % en el caso de los hombres.

El feminicidio, aclaró Villa, es la expresión más violenta de la discriminación contra la mujer y la desigualdad de género, que tienen sus raíces en factores culturales y en la impunidad, que se agrava por «la falta de voluntad de los Estados» para prevenir y castigar esos delitos.

Sin embargo, la falta de respuesta del aparato judicial también es achacable a una serie de obstáculos como «la inexistencia de una participación efectiva y oportuna de la Policía, y de una formación en el Ministerio Público para colectar la evidencia que permita presentar ante los tribunales un caso sólido», añadió.

El forense español Miguel Llorente Acosta resaltó los beneficios de un «protocolo marco» regional que, aclaró, no entraría en asuntos de «regulación» legal sino que serviría «para facilitar la investigación que luego será juzgada atendiendo a cada legislatura».

Ese protocolo común ayudará a «identificar el problema» de la violencia contra la mujer, que «sigue estando muy disperso en diferentes contextos como son la discriminación, el alcohol, los problemas sicológicos», explicó el profesor de Medicina Legal de la Universidad de Granada.

«Y cuando todo eso se vea que forma parte de una misma realidad (violencia de género) pero con diferentes manifestaciones, también facilitaremos que la respuesta (judicial) sea más común y que incluso se planteen reformas legales» en favor de las mujeres, dijo.

En ese sentido, el forense español destacó que el feminicidio tiene una raíz «cultural histórica» que se mantiene y hace que se vea como una «cosa normal».

«Si el problema está en la cultura, la solución está en la sociedad», aseveró Llorente Acosta, quien destacó el papel fundamental de los medios de comunicación para cambiar esa percepción de «cosa normal» que la mayoría tiene de la violencia de género.

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La UGR oferta el primer doble máster oficial en Economía y Dirección Internacional de Empresas

La Universidad de Granada ofertará para el curso académico 2012/2013 el primer doble máster oficial en Economía y Dirección Internacional de Empresas con la SRH Hochschule Berlín. El programa, que nace del Máster en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, se impartirá íntegramente en inglés, tanto en Granada como en Berlín.

Los alumnos del Máster podrán optar entre 3 opciones. La primera es la realización del Máster en Economía de 60 créditos ECTS con especialización en Economía o Dirección de Empresas. La segunda, oferta a los alumnos la realización de los 60 créditos del Máster en Economía con una estancia Erasmus en la SRH Hochschule de Berlín. Finalmente, la tercera opción que será ofertada únicamente a los 10 mejores candidatos (5 de la UGR y 5 de la SRH) oferta un primer año de realización del Máster en Economía en Granada. y un segundo año de realización del Máster en Dirección Internacional de Empresas en Berlín, con el fin de la obtención de ambos títulos oficiales de Máster.

En palabras del profesor Daniel Arias Aranda, catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de Granada y coordinador del Máster, «se trata de una oportunidad única, no sólo de obtener dos títulos oficiales de Máster, sino de vivir una experiencia de inmersión académica en Alemania que ofrecerá a los egresados grandes oportunidades en puestos de Dirección Internacional y Económica. El énfasis en creación de empresas y protección de la propiedad intelectual del programa en Alemania es especialmente atractivo para futuros emprendedores.»

La página web http://masteres.ugr.es/ugrme contiene información completa sobre el mismo

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