El grupo de ciudadanos que promovió una denuncia contra los autores de diferentes entradas del Diccionario Biográfico Español acudirán a los tribunales para continuar con su solicitud de secuestro de esta publicación y pedir que se investigue la que consideran una «burda manipulación» histórica.

Así lo anunció el catedrático de la Universidad de Granada Emilio García Wiedeman, portavoz de este colectivo, después de conocerse que la Fiscalía de Madrid ha archivado su denuncia al considerar que no existe un delito de difusión de informaciones injuriosas en la referida obra.

El grupo estudia con sus servicios jurídicos la fórmula para seguir en los juzgados ordinarios, para lo que «seguramente» se constituirán como «acción popular», explicó García Wiedeman.

El colectivo lamenta que el fiscal haya archivado «inopinadamente», sin entrar en el fondo de la cuestión que plantearon, y que se ampare en la libertad de expresión para justificar una «aberración científica de primer orden».

El profesor considera que la historia no es «algo opinable» y que la negación del carácter sangriento de la represión franquista no puede quedar reflejada en una obra «con visos de permanencia» como si fuera un parecer particular o privado. «Es una cobardía lo que ha hecho la Fiscalía, llegaremos donde haya que llegar», añadió.

Para los denunciantes, los autores de este diccionario, elaborado por la Real Academia de la Historia, podían haber incurrido en un delito de difusión de informaciones injuriosas por motivos racistas o referentes a la ideología, y otro de difusión de ideas o doctrinas que justifiquen genocidio o la rehabilitación de regímenes que lo amparen.

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El grupo de ciudadanos que promovió una denuncia contra los autores de diferentes entradas del Diccionario Biográfico Español acudirán a los tribunales para continuar con su solicitud de secuestro de esta publicación y pedir que se investigue la que consideran una «burda manipulación» histórica.

Así lo anunció el catedrático de la Universidad de Granada Emilio García Wiedeman, portavoz de este colectivo, después de conocerse que la Fiscalía de Madrid ha archivado su denuncia al considerar que no existe un delito de difusión de informaciones injuriosas en la referida obra.

El grupo estudia con sus servicios jurídicos la fórmula para seguir en los juzgados ordinarios, para lo que «seguramente» se constituirán como «acción popular», explicó García Wiedeman.

El colectivo lamenta que el fiscal haya archivado «inopinadamente», sin entrar en el fondo de la cuestión que plantearon, y que se ampare en la libertad de expresión para justificar una «aberración científica de primer orden».

El profesor considera que la historia no es «algo opinable» y que la negación del carácter sangriento de la represión franquista no puede quedar reflejada en una obra «con visos de permanencia» como si fuera un parecer particular o privado. «Es una cobardía lo que ha hecho la Fiscalía, llegaremos donde haya que llegar», añadió.

Para los denunciantes, los autores de este diccionario, elaborado por la Real Academia de la Historia, podían haber incurrido en un delito de difusión de informaciones injuriosas por motivos racistas o referentes a la ideología, y otro de difusión de ideas o doctrinas que justifiquen genocidio o la rehabilitación de regímenes que lo amparen.

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