Trabajadores de la Universidad de Granada han hecho entrega de un escrito al rector, Francisco González Lodeiro, en el que solicitan que «no caiga en la tentación» de aplicar precipitadamente el Decreto por el que se aumentan las tasas universitarias y se altera «gravemente la dedicación» del profesorado recogida en las leyes universitarias, laborales y de la función pública.
El sector docente de la UGR considera que la aplicación inmediata de este decreto «atentaría contra la autonomía universitaria» y por ello han reclamado también a Lodeiro «que se sume al resto de rectores españoles y andaluces y abra una vía de diálogo con los representantes de los trabajadores para decidir conjuntamente lo que más convenga a la Universidad granadina».
Los profesores universitarios han realizado estas peticiones tras la concentración convocada por UGT frente al Rectorado bajo el lema ‘No a los recortes en la Universidad de Granada’, según ha informado en un comunicado el secretario general de la Sección Sindical de UGT en la institución docente, Antonio Oña.
A juicio del sindicalista, este Decreto Ley constituye «una provocación en toda regla» a las universidades públicas y el comienzo de un camino para su privatización o para la sustitución de sus servicios, total o parcialmente, por universidades privadas.
Con este decreto, ha explicado el representante de UGT, se modifican unilateralmente las condiciones laborales de los trabajadores universitarios, sin haber pasado por la Mesa Sectorial de Educación, y sin consultar ni negociar con los agentes sociales, como marca la normativa actual.
Es decir, que a su entender constituye «una imposición» y «un precedente gravísimo». De hecho, ha considerado que «con el aumento de la carga docente recogida en el decreto, se trata de crear distinciones entre el profesorado para dividirlo, y sobrecargar a unos para poder prescindir de otros. Esta sobrecarga unida a una oferta menor de títulos, hará que el Personal Docente e Investigador (PDI) temporal e incluso todo el laboral deje de ser necesario, llevando a la UGR una reducción drástica de sus plantillas».
Pero el decreto, ha apuntado Oña, «no solo afectará al profesorado sino también al Personal de Administración y Servicios (PAS)». «Nadie se va a librar –ha dicho– pretenden provocar un efecto dominó porque la reducción de los servicios con menos alumnos y profesorado, hará que se necesite una menor plantilla del PAS».
