En junio de 2011 la Unión Europea prohibía definitivamente la presencia del ya famoso bisfenol A (BPA) en los biberones por considerarlo dañino para la salud. En aquel momento, el comisario europeo de Salud, John Dalli, aseguraba que la medida respondía al principio de precaución para «proteger mejor la salud de los ciudadanos de la Unión Europea, especialmente la de los niños».
Lo que no aclaró John Dalli, ni parece que vaya a hacerlo, es por qué no se ha seguido ese principio de precaución con el resto de la población, no solo la infantil, ni con otros productos tóxicos presentes en nuestra vida cuya peligrosidad ya ha sido más que demostrada. El doctor Nicolás Olea tiene clara la respuesta: «A estas alturas de la historia no veo más que razones económicas para no hacerlo».
Olea, catedrático de medicina interna de la Universidad de Granada y jefe de la Unidad de Radiología del Hospital Clínico de Granada, lleva años investigando el desarrollo de biomarcadores de la exposición humana a los disruptores endocrinos y sus efectos en los sistemas inmunitario y reproductor, y estos días visita Madrid para participar en la Conferencia Internacional sobre Riesgos en Salud Pública y Medio Ambiente organizada por ENSSER con la colaboración de la fundación Vivosano.
Para el doctor Olea, la prohibición en biberones denota la preocupación que siente la Comisión Europea sobre los riesgos para la salud que supone la exposición temprana al bisfenol A y otros disruptores endocrinos pero, como parece obvio, considera que es insuficiente y alerta de que existe información que demuestra que casi el 100% de las madres españolas y de los niños de cuatro años tienen una presencia generalizada de bisfenol-A y otros disruptores endocrinos, como los ftalatos y sus metabolitos, en su organismo.
Lo que debería ser algo normal, la eliminación de las sustancias tóxicas que se encuentran en nuestra vida y que tienen consecuencias para nuestra salud y nuestro medio ambiente, es algo tremendamente difícil. Ocurrió con el PVC, ahora con el BPA y ocurrirá con todos aquellos productos donde la presión económica pesa más que la salud pública. Sin duda, una de las asignaturas pendientes de los reguladores europeos y nacionales es la elaboración de su sistema de control que anteponga los intereses generales a los particulares.
Olea considera que es imposible controlar la exposición materno-infantil e infantil a los disruptores endocrinos con medidas tan particulares como la prohibición del bisfenol A, cuando la exposición en el mundo real -el de madres e hijos- ocurre por múltiples fuentes y vías y es concurrente para múltiples compuestos químicos.»Es el efecto combinado de todos ellos lo que debería guiar a la hora de regular exposición». Sin embargo, donde hay negocio, parece que la salud termina en un segundo plano y se vende a precio de saldo.
