Pocos son los universitarios que se han leído el nuevo borrador que modificará la Ley Andaluza de Universidades (LAU) de 2003, pero algunos de los que ya lo han hecho no han dudado en participar en las movilizaciones contra su tramitación convocadas por dos de los principales sindicatos de enseñanza, CCOO y UGT. Las nuevas pautas de gobernanza y financiación de las instituciones superiores que contempla la normativa suponen para estos sindicatos «un claro recorte de los derechos laborales». En Granada, los representantes sindicales llevaron a cabo ayer una concentración para protestar contra la proposición y la noche del miércoles un grupo de universitarios protagonizaron un encierro en la Facultad de Filosofía y Letras.

La incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior obliga a adaptar la normativa de universidades vigente en Andalucía con los nuevos parámetros recogidos en la ley estatal de marzo de 2011 y los objetivos de excelencia docente y científica que se propugnan en la Estrategia Universidad 2015. Sin embargo, aunque nadie discute la necesidad de reformar el marco legal andaluz, los sindicatos se han manifestado en contra de que se esté tramitando por la vía de urgencia y no cuente con los agentes sociales implicados.

«Muchos contenidos de la nueva proposición de ley afectan a las condiciones laborales de los trabajadores de las universidades, por ejemplo, la gestión de las plantillas, las clases y las modalidades de contratación o duración de los mismos, deberían pasar previamente por la Mesa de Universidades y ser objeto de negociación colectiva», alega el portavoz de CCOO en materia de Enseñanza, Diego Molina.

La Proposición de Ley 8-11/PPL000006 consta de 44 puntos que modifican diferentes aspectos del articulado original de la LAU. Entre las principales novedades, se regula por primera vez en Andalucía los requisitos para el reconocimiento de las universidades privadas (de hecho, reconoce de facto ya la primera: la Universidad Loyola de Andalucía); se otorga más poder y competencias al Consejo Social de las universidades; se refuerza las funciones de inspección de la Consejería, a la que se le faculta para imponer sanciones administrativas en caso de infracciones y se deja en sus manos la coordinación de la programación docente e investigadora; y se amplía el marco jurídico para que las universidades puedan crear o participar en la creación de empresas.

Pero lo que ha generado mayor polémica es la financiación universitaria y los cambios del régimen jurídico del profesorado contratado y funcionario. «La Proposición de Ley contempla la nueva figura de contratado doctor sanitario, que en CCOO entendemos debe ser suprimido; no se garantiza que los profesores asociados a tiempo parcial tengan que acreditar una antigüedad; y no se contemplan las condiciones laborales que se acordaron mediante negociación colectiva para la contratación del personal laboral de investigación», explica Molina. Además, se limita el desempeño de cargos académicos, se flexibiliza la duración de los contratos de interinidad y se abre la puerta a la ampliación de los contratos de profesor asociado, cuando los sindicatos exigen que sea inferiores a un año.

Los estudiantes de Granada, al igual que los de Sevilla, Huelva, Almería y Jaén, se sumaron ayer a la nueva campaña en sus distintas ciudades. Para el próximo día 23 se ha convocado una nueva concentración a las puertas del Parlamento andaluz, por ser el día en que se debatirá la aprobación de la LAU.

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