Una quiebra incontrolada de Grecia traería consecuencias devastadoras para España. El catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Granada y asesor de la Reserva Federal de Chicago (EEUU) Santiago Carbó admitió ayer que no quiere «ni pensar» en una hipótesis «tan peligrosa» porque colocaría en «una situación muy crítica a los países europeos más vulnerables» como España e Italia. «El contagio sería inmediato; a nadie le conviene que esto ocurra», sentenció en una conferencia organizada por el Observatorio Económico de Andalucía (OEA) en el Club Antares (Sevilla).

El catedrático explicó que una caída descontrolada de Grecia «arrastraría a los bancos europeos y españoles, y asfixiaría a nuestra deuda soberana». «No quiero ni pensar en esta posibilidad», reiteró varias veces. De hecho, Carbó se mostró optimista. «A pesar de la cacofonía de los últimos días, estoy convencido de que Europa se unirá para tomar cartas en el asunto y evitar la catástrofe», señaló. Pero tampoco pintó un escenario idílico. «Más adelante está claro que tendrá que producirse un impago ordenado», dijo. Y es que, a su juicio, primero hay que dar luz verde a la ampliación del actual fondo de rescate -«es necesario ya»- y que todos los países acometan las reformas y deberes pendientes. La suspensión de pagos controlada debería llegar cuando «los bomberos y las ambulancias estén preparadas para controlar y limitar las consecuencias del default», apostilló.

El asesor de la Reserva Federal de Chicago hizo hincapié en la necesidad de que Europa lance un mensaje unitario. «Hay que advertir a los mercados que la unión nos hace fuertes y en cualquier momento podemos sacar la artillería pesada», indicó. «Hay que forzar a los socios a tomar decisiones responsables; la quiebra de Grecia traería consecuencias inimaginables para todos», añadió.

Precisamente, Carbó culpó a la «falta de respuestas adecuadas» por parte de Europa de la difícil situación que atraviesan España e Italia, con graves problemas de deuda y de falta de confianza. De hecho, no se atrevió a asegurar que estén fuera de peligro. «Aún no podemos estar seguros, confiados ni podemos aventurarnos a decir que España no necesitará un rescate». Eso sí, reconoció que las presiones sobre el país se han relajado al trasladarse el foco hacia Italia. «Eso nos ha beneficiado», dijo, aunque también indicó que es cierto que la tensión no se ha logrado disipar del todo por las continuas llamadas de atención de instituciones internacionales sobre España, tales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Comisión Europea (CE). No obstante, reflexionó, «si el Banco Central Europeo (BCE) sigue comprando deuda española, la prima de riesgo no debería volver a subir hasta los 400 puntos básicos», vaticinó.

En cuanto a las medidas que el Gobierno de Zapatero está poniendo en marcha para esquivar el peor de los escenarios, Carbó señaló que «son las correctas», pero que deben ser completadas con otras, dado que «el paro sigue sin bajar». Y apuntó a varios frentes: introducir nuevas figuras contractuales, nuevas formas de fijar los salarios, cerrar la reforma financiera, liberalizar sectores aún regulados como el energético o el de las telecomunicaciones, y lograr tener empresas competitivas en el exterior. «Estas reformas estructurales se deben acometer a la par que se apaga el fuego de la crisis de la deuda soberana porque si no llegaremos tarde como siempre», sentenció, algo en lo que coincidió con Francisco Ferraro, presidente del OEA.

En cuanto al panorama político que beneficiaría a España y Andalucía a la hora de gestionar la crisis, Carbó se limitó a decir que «si tiene que haber cambio de signo, lo han de decidir los electores». Lo importante desde su punto de vista es que se «busquen soluciones que no sean de fantasía». «Está claro que la construcción no debe ser el pilar del futuro, por lo que habrá que dejar de pensar en términos de suelo urbanizable para hacerlo en otros de suelo industrial», ejemplificó.

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Para Santiago Carbó existe una clara línea que debe separar la forma de operar de un banco de la de una caja recapitalizada. «Una cosa es la propiedad del capital y otra la filosofía de la entidad», indicó. Y es que, a su juicio, la actividad de las cajas que hayan dado el paso de convertirse en bancos «debe ser parecida a la que ejercían antes de la recapitalización» porque «su éxito» radica ahí. La cercanía al cliente y la actividad básica de captar ahorros y prestar dinero «es la esencia de su rentabilidad», advirtió, por lo que «si se hacen demasiado bancos perderán su fortaleza original».

En cuanto al proyecto frustrado de una caja única andaluza, el catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Granada y asesor de la Reserva Federal de Chicago indicó que «lo importante es que haya entidades muy resistentes, sean de donde sean». En cualquier caso, insistió en que el factor procedencia ya no tendrá tanta importancia en el nuevo mapa financiero español. «En las cajas ya no pesarán tanto las comunidades puesto que las fusiones interregionales han hecho que se diluya mucho el asunto», apuntó.

En cuanto al futuro, Carbó no se atrevió a afirmar que no vaya a haber otra reestructuración del sector en España. «Si la crisis dura y se recrudece, a lo mejor será necesario sanear otra vez el sistema y asistir a nuevas fusiones», dijo. Pero aclaró que no sólo hay que poner la vista en la crisis, sino en la nueva realidad económica que quedará tras ésta. «Quién sabe cuántos actores serán viables en el nuevo escenario, quizá no haya negocio para todos los que queden tras esta quema en el medio y largo plazo», aseguró antes de iniciar la conferencia organizada por el Observatorio Económico de Andalucía (OEA).

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Un grupo de expertos será el encargado de definir el mapa de lugares de la Memoria Histórica en Andalucía tras el estudio de las propuestas que serán analizadas desde el punto de vista histórico y científico. El elenco de estos especialistas ha sido seleccionado por el Comisariado para la Recuperación de la Memoria Histórica, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y el Consejo Andaluz de Universidades.

Este grupo, con el que ayer mantuvo una primera reunión el consejero de Gobernación y Justicia, Francisco Menacho, emitirá un informe vinculante y el Gobierno andaluz se basará en él para identificar los enclaves de la represión franquista en los que se recordará y rendirá homenaje a las víctimas de la guerra civil y la dictadura. Esa identificación servirá como referencia histórica y será, según indicó ayer la consejería, «un recordatorio de los sucesos que tuvieron lugar en ellos y también como homenaje a las personas que sufrieron violencia, vejación, persecución o privación de libertad debido al ejercicio de sus derechos o por defender la democracia».

Una vez que un determinado emplazamiento sea declarado lugar de Memoria Histórica, el Ayuntamiento de ese municipio estará obligado a «garantizar su identificación, señalización y preservación», según el acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno en agosto pasado. Si ese emplazamiento experimentase alguna transformación de importancia, «se deberá mantener una huella o registro permanente que sirva para recordar los hechos relacionados con el sitio».

Menacho explicó que se intentará hacer un reparto equitativo por provincias de los lugares señalizados, si bien esa equidad dependerá de las proposiciones que reciban de las asociaciones de memoria histórica, encargadas de proponer nuevos lugares. Para el consejero, será necesario un estudio riguroso y en profundidad por parte del grupo de expertos para que sólo alcancen la categoría de Lugar de Memoria Histórica aquellos que sean más relevantes, aunque «no hay establecido ningún límite o tope». Menacho indicó que actualmente hay diez lugares que optan a esta declaración y que se espera que el grupo de expertos establezca su dictamen sobre los lugares asociados a Blas Infante antes de final de año.

El grupo que estudiará las propuestas está formado por Fernando Martínez López, doctor en Filosofía y Letras y en Historia Contemporánea por la Universidad de Granada; Encarnación Lemus, catedrática de la Universidad de Huelva; Juan Ortiz Villalba, catedrático del Instituto Fernando Herrera de Sevilla y profesor de la Universidad Pablo de Olavide; Isabel Brenes Sánchez, doctora en Historia por la Universidad de Granada; Encarnación Barranquero Texeira, licenciada en Filosofía y profesora titular de la Universidad de Málaga; y José María García Marquéz, investigador y autor de numerosas obras sobre represión militar en Andalucía.

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