Una vez superado el primer año de implantación del Plan Bolonia en la Universidad de Granada, el equipo que dirige esta institución se dispone a afrontar algunos retos ligados a los nuevos programas, principalmente la consolidación de los estudios de Posgrado, y a la política educativa inclusiva del Gobierno, con su apuesta por que se reconozca académicamente todo lo aprendido.

Mientras el Ministerio de Educación trabaja en el decreto que establecerá las bases de la nueva acreditación superior, el Vicerrectorado de Grado y Posgrado de la Universidad de Granada, con Lola Ferre al frente, ha decidido comenzar en septiembre a elaborar un primer catálogo con los trabajos que podrán ser reconocidos. «La experiencia profesional será convalidada por un 15% del título de Grado o de Máster», explicó Ferre a este diario.

La medida ya se está llevando a cabo en universidades de Francia e Inglaterra, donde se puede convalidar hasta un 100% del título con la acreditación de la experiencia, pero en España todavía el proyecto está en fase embrionaria. Educación acaba de culminar el sistema de convalidación de los conocimientos laborales para la Formación Profesional y se dispone a abordar la adaptación del mismo proceso para los estudios superiores.

El mes pasado, representantes de las universidades públicas españolas se reunieron en Santander para debatir el tema y, aunque para algunos expertos el 15% de convalidación es muy restrictivo, la mayoría acordó que lo desarrollaría para el curso próximo.

«Es absurdo que las personas que tienen experiencia laboral tengan que asistir a clase como si no supieran nada de la materia», detalla la vicerrectora. Aunque se parte de cero, la UGR se ha fijado como reto para el próximo curso acumular información sobre los conocimientos laborales que podrían ser acreditados tanto en los grados como en los másteres.

La Universidad de Granada también va a meterle mano el próximo curso a la convalidación de créditos de Formación Profesional. Todas las universidades andaluzas, excepto las de Sevilla y Granada, llegaron hace tiempo a un acuerdo con la Junta para convalidar al menos 30 créditos ECTS a los alumnos que poseen un título de técnico superior de FP. Pero las dos instituciones con más demanda de estudiantes retardaron este compromiso ante el malestar de los centros de enseñanzas medias. «Este curso lo vamos a abordar definitivamente», dijo la vicerrectora esta semana, quien además reconoció que ya están obligados por la Ley de Economía Sostenible (4/2011).

Pero la UGR quiere dar un paso más en la vía de acreditación y que «los estudiantes también puedan convalidar sus estudios si deciden pasar de la Universidad a la Formación Profesional aún sin poseer el título de grado», según explicó Ferre. «Vamos a reunirnos en septiembre con los centros de enseñanzas medias para establecer una reciprocidad en la convalidación de estudios y que el camino sea de doble sentido», añadió.

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Los problemas de espacio en la Universidad de Granada se han concentrado sobre todo en la enseñanza posdoctoral. La amplia oferta de másteres que ha lanzado este año la UGR (si la Aneca da el visto bueno a los últimos 20 másteres pendientes de aprobar serán 100 en total para el curso próximo) obliga a la institución a localizar nuevos espacios para dar la formación.

Según informó Lola Ferre, la UGR está en negociaciones con varias entidades, entre ellas la Cámara de Comercio de Granada, para alquilar espacios que le permitan impartir la docencia al menos hasta que finalice la transición del plan antiguo al nuevo. «En cuanto concluyan los próximos tres años se acabarán los problemas de espacio» dijo la vicerrectora de Grado.

Hasta ahora la Universidad ha atendido la demanda abriendo la mayoría de sus centros por las tardes y diversificando los grupos en distintas facultades.

El Gobierno presiona a las universidades para que consigan un mínimo de alumnos en los másteres y sean rentables económicamente. «De momento, sólo seis de ellos tienen menos de 20 alumnos en la UGR», informa Ferre, pero ahora se acaba de cerrar la segunda fase de preinscripción y la mayor demanda del posgrado se produce siempre en septiembre, en la tercera fase de adjudicación.

Será entonces cuando la Universidad de Granada lance de nuevo la campaña de promoción de los másteres y verá si se traduce en un aumento de las matriculaciones.

Para este curso se quiere ampliar la oferta con el master de Ingeniero de Caminos, el de Ingeniería Industrial, el de la Abogacía, Energías Renovables y Estudios Asiáticos. Se podrá además escoger el Japonés como idioma fuerte en el Grado de Lenguas Modernas, que será impartido por el filólogo Ignacio López Sako, cuando hasta ahora se impartía como lengua minoritaria.

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Luces y sombras integran el balance del primer año de implantación de los nuevos estudios de la Universidad de Granada. Por un lado, uno de los grandes males que padece esta institución, la falta de asistencia a clase del alumnado, ha mejorado considerablemente gracias a que el Plan Bolonia exige una evaluación continua de los estudios. Pero por otro, se ha registrado un descenso en las notas de algunos cursos de primero que genera cierta inquietud en el Rectorado.

A la espera de conocer las actas definitivas de calificación de los grados, la vicerrectora Lola Ferre reflexionó esta semana sobre ambas cuestiones. Respecto a la mejora de la asistencia del alumnado, apunta que años atrás las ausencias en las aulas han llegado a alcanzar incluso el 20%, lo que hace insostenible la calidad docente, además del derroche económico que implica. «El sistema de evaluación continua de los grados obliga ahora al estudiante a asistir a clase y a los docentes a pasar lista diariamente para llevar un control», explica la responsable de Grado de la UGR.

Sin embargo, el descalabro registrado en las calificaciones de algunas materias de primer curso ha despertado la voz de alarma en el departamento. «Los grados contienen en su introducción unas materias básicas que ha cogido desprevenidos a muchos alumnos -informa Ferre-. Por ejemplo, un estudiante de Derecho tiene en primero una asignatura sobre Economía. Esto ha influido negativamente en los resultados».

En septiembre, cuando dispongan de todas las actas, el Vicerrectorado de Grado hará una evaluación y abrirá un debate con el profesorado para analizar las causas y establecer medidas de mejora. Aunque la adaptación de los nuevos estudios ha despertado el interés de los docentes, según Ferre ahora «muy motivado», la presión que ejerce el Ministerio de Educación es mayor.

Cada universidad dispone de seis años para acreditar los estudios adaptados a Europa (a la UGR le quedan ya cinco). «Si las tasas de graduación son bajas, saldremos perjudicados porque nos hemos comprometido con el Gobierno a alcanzar unos mínimos», detalla la vicerrectora.

Es el caso de Ingeniería, donde sólo el 10% del alumnado logra acabar la carrera en los años estipulados y registra una de las tasas de abandono más altas de la Universidad. «En todas las titulaciones nos hemos fijado un compromiso de mejora. Concretamente en Ingeniería nos hemos propuesto aumentar la tasa de aprobados al 30%», informa Ferre. Otras carreras, en cambio, tienen unos niveles óptimos, como le ocurre a Enfermería, que cuenta en la UGR con un 90% de aprobados.

Por otra parte, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad acaba de concluir su valoración de los cursos posdoctorales de la UGR a los que ha otorgado una puntuación de 70 sobre 100. «Todos los másteres de las ingenierías han sido aprobados y los de Ciencias de la Salud también, excepto uno; en cambio, de los de Ciencias Sociales sólo uno ha pasado el corte: el de Ciencias Económicas y Empresariales».

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