Los vicerrectores de 20 universidades españolas se reunieron ayer en el Hospital Real para debatir las repercusiones que puede tener la nueva reforma laboral en el empleo universitario y, sobre todo, cómo evitar que los servicios de orientación laboral que ofrecen estas instituciones se conviertan en empresas de trabajo temporal.

Los responsables universitarios mostraron su preocupación por que la nueva ley pueda conllevar un incremento de la precariedad y la temporalidad, pero se comprometieron a buscar fórmulas para contrarrestarlas.

Según informó la vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Granada (UGR), Inmaculada Marrero, el objetivo de dicho encuentro ha sido también el de analizar cómo están funcionando actualmente los servicios de orientación al empleo en las universidades y hasta qué punto se están adaptando al marco de cualificaciones europeo. «Queremos dar un servicio de calidad, mejorar el que tenemos y sobre todo no contribuir a la precariedad en el empleo, sino todo lo contrario», declaró la vicerrectora antes de inaugurar en el Rectorado la Reunión Sectorial de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE)

Ante los rumores que circulan desde algunos sectores sobre que las universidades deberán adaptar sus servicios de orientación laboral para convertirse en empresas de trabajo temporal, Marrero fue clara: «nos vamos a resistir con todas nuestras fuerzas».

Por su parte, Rafael Peregrín, director técnico del Centro de Promoción de Empleo y Prácticas del vicerrectorado de Estudiantes de la UGR, puso de manifiesto en qué medida la reforma laboral va a condicionar los procesos de información que estas instituciones ofrecen. Según explica Efe, Peregrín apuntó que la reforma afectará especialmente a las agencias privadas de colocación, una figura que ha venido existiendo desde 1995, y a las que en la actualidad se da una nueva visión.

«Puede que el peso de esta actividad recaiga casi sólo en las empresas de trabajo temporal y eso nos preocupa», dijo Peregrín, quien espera que las universidades se adapten a las «nuevas reglas del juego» para dar una respuesta «rápida y efectiva» a las necesidades de sus usuarios.

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Un estudio de la Universidad de Granada pionero en España destaca que es necesaria una intervención integral para que la población conozca más esta medida

Sólo uno de cada 10 andaluces sabe lo que es una voluntad vital anticipada, conocida como testamento vital, según una investigación realizada en la Universidad de Granada en la que se concluye que la implementación de un programa que implique la combinación de diversas estrategias sobre las Voluntades Anticipadas permitiría que un mayor número de personas esté dispuesto a registrar su declaración, según se desprende de este trabajo.

El testamento vital es una herramienta creada por la Consejería de Salud en la que cada persona puede expresar, en pleno uso de facultades, sus deseos para el momento de la muerte y que se aplicarán llegado el momento evitando que sean los familiares los que decidan sin tener en cuenta la voluntad de la persona.

Para esta investigación, su autora, María Isabel Tamayo Velázquez del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Granada, realizó una encuesta sobre conocimientos y actitudes de población general mayor de 18 años de las áreas de Gestión Sanitaria Norte de Málaga y Norte de Almería acerca de las voluntades vitales anticipadas. La encuesta se llevó a cabo en una muestra de 1.200 personas.

Tamayo destaca que, aunque aún falta mucho para que todas las personas alcancen un proceso de muerte acorde a sus necesidades y preferencias, la nueva legislación, el cambio de rol de la ciudadanía y del personal sanitario y procesos como la planificación anticipada de las decisiones que utilizan como herramienta las voluntades anticipadas, «son el camino para acercarnos cada vez más a una muerte digna que proteja la autonomía individual e imponga el criterio de calidad de vida».

La investigadora ha demostrado que una intervención comunitaria integral permite mejorar los conocimientos y actitudes de la población usuaria de un área de gestión sanitaria hacia las voluntades anticipadas, así como incrementar su uso. El programa de actuación permitió que el porcentaje de personas que dice tener conocimientos sobre las voluntades anticipadas pasara de un 9,3% antes de la intervención a un 27,9% después.

Esta investigación ha sido dirigida por los profesores Elena Espigares Rodríguez, Pablo Simón Lorda y José Luis Cabezas Casado y supone una iniciativa absolutamente pionera fuera del marco anglosajón. Y es que, hasta ahora, nunca se habían evaluado en España y más concretamente fuera de EEUU, Canadá o Australia, estrategias para incrementar el uso de las voluntades anticipadas por parte de la población.

La efectividad del despliegue de acciones informativas, educativas y de proceso que tuvo en la comunidad del área sanitaria norte de Málaga se vio reflejada en un incremento de las tasas de voluntades anticipadas registradas por la población que ha recibido la intervención. La población intervenida no sólo ha obtenido una tasa de voluntades anticipadas registradas cuatro veces mayor que antes de llevar a cabo dicha intervención, sino que además esta tasa casi se triplica (2,74) al compararla con el grupo control.

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