El proceso de deslinde de 36,8 kilómetros que el Gobierno central acometerá en el Parque Nacional de Doñana no satisface a La Junta de Andalucía. La Consejería de Medio Ambiente manifestó ayer, a través de un comunicado, su «discrepancia formal» por el procedimiento «en los términos» en los que se ha planteado. Y es que la declaración como dominio público marítimo terrestre de unas 9.200 hectáreas, no se circunscribe solo al litoral, sino que se adentra hasta 4,8 kilómetros en las dunas para ahondar en su conservación.
Junta y Ministerio de Medio Ambiente se apresuraron en señalar ayer que la institución regional mantiene sus competencias sobre espacios naturales protegidos, que en el caso de Doñana están transferidas desde 2006. Pero la franja del litoral corresponde a la Dirección General de Costas, según señala la Ley de Costas en su artículo 110. Y eso es precisamente lo que afecta a la Junta porque el deslinde no se limita a los 25 kilómetros de la playa, si no que la expropiación de la franja de arena abarca todo el cordón de dunas.
La política especialmente conservacionista que el ministerio planea desarrollar en Doñana hace que la Junta no se cierre en banda a presentar un recurso. Y es que ya ofreció un plan de deslinde alternativo que, según señalaron, dotaría al parque del «máximo nivel de protección». Aunque Costas ya ha firmado el deslinde, la consejería evitó ayer adelantar si impugnará la decisión hasta que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).Asociaciones conservacionistas, como WWF y Ecologistas en Acción, aplaudieron ayer la decisión del Gobierno central de deslindar el litoral de Doñana. Algo que también hizo Fernando Hiraldo, director de la Estación Biológica de Doñana, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que incluso pidió una actuación más amplia, que incluya marismas y arrozales. Sin embargo, fue muy crítico con la polémica que, a su juicio, han generado las administraciones. Y calificó el enfrentamiento de «torpeza manifiesta».
El de Doñana es el mayor deslinde en territorio peninsular desde que se aprobó, en 1988, la Ley de Costas. Una forma de proteger el entorno a largo plazo, y que, por su dimensión (incluye la protección del sistema dunar), implica un control estatal sobre cualquier proyecto que se pueda plantear en la costa. Un método de expropiación que ha disgustado a la Junta. Y de ahí, que quepa la opción del recurso.
Que la Administración andaluza mantiene sus competencias en protección de espacios naturales es algo que subrayaron ayer ambos organismos en sus comunicados. Pero eso es lo que el Estado quiere dejar más que amarrado: Una garantía de la conservación de Doñana.
A través de un discurso comedido, pero crítico, la Consejería de Medio Ambiente reprochó las formas al afirmar que el ministerio ha realizado una interpretación «al pie de la letra» de la Ley, al considerar las dunas de dominio público. Y es que, al margen de esta actuación, aún quedan las marismas interiores pendientes deslindar.
Por eso, la Junta subrayó ayer que Doñana «ya goza» del máximo nivel de protección y recordó su plan alternativo, que fija el dominio público en la Flecha de Doñana: Desde el último deslinde en el extremo sur de Matalascañas hasta el límite sur de la marisma del parque.
El director de la Estación Biológica apoyó el informe que el ministerio encargó en 2008 al profesor Miguel Ángel Losada, de la Universidad de Granada (UGR). Él mismo lo solicitó para ofrecer un estudio «más técnico» que el realizado por la empresa pública Tragsatec. Entre sus conclusiones, el estudio no recomendaba el plan alternativo de la Junta y señalaba que «desde la playa hasta las dunas más interiores forman parte del dominio público marítimo terrestre».
La actuación del Gobierno levantó ayer las sospechas de Hiraldo. «La aplicación de la Ley es buena, el estudio, inapelable, pero da la sensación de que el ministerio quiere recuperar competencias».
En 2006, el Gobierno cedió a la Junta 19.636 hectáreas, de las 30.123 que poseía en Doñana. Y se reservó la finca de las Marismillas, que ocupa 10.487 hectáreas, para usos protocolarios. A partir de ahora, las actuaciones requerirán el permiso de Costas. Un cambio que puede bloquear el plan del alcalde de Almonte, Francisco Bella (PSOE), de crear una línea de transporte público que atraviese 10 veces la playa de esta reserva de la biosfera. El regidor declinó hacer ayer declaraciones.
