Antes de que el presidente Zapatero anunciara su tormenta de recortes y congelaciones, el pasado mes de abril, un estudio de la Universidad de Granada advertía de lo siguiente: «El modelo de subida del IVA propuesto por el Gobierno supondrá que la carga fiscal recaiga sobre los pobres, los mayores y los pensionistas». Si la cosa estaba mal, la situación para algunos se ha agravado. Se trata de aquellos que además no cuentan con una presencia corporativa sólida –como los funcionarios– y que tienen menos fuerza para hacerse oír y visualizar su situación. Son los pensionistas contributivos y mileuristas.
«Que se congelen los sueldos ellos, los políticos»
Un día la llamaron por teléfono. «¡Hola! Soy su botón colorao y la llamo para felicitarle el aniversario!». «¿Cómo diceee?», Anselma pensó que entendía mal por su pérdida de audición. Pronto cayó en la cuenta: «¡Cómo estaré para que me tengan que felicitar los de la teleasistencia!».
Anselma, que se pasó la vida cuidando ancianos en residencias, reclama ahora alguien que la cuide a ella. Tiene 80 años y una incapacidad permanente. Sin hijos. Vive sola en un piso de la Gran Via de Barcelona, y su expediente médico abarca dolencias de todo tipo: artrosis, obesidad, hipotiroidismo, cardiopatías… Figura en una lista de espera para ingresar en una residencia pública –»aunque esos sitios, en general, no me gustan»–, pero le han dicho que tiene para dos o tres años.
Su pensión por incapacidad permanente es, actualmente, de 975 euros. Anselma anda indignada con las últimas medidas del Gobierno: «Que se congelen los sueldos ellos, los políticos. Porque a este paso nos van a llevar antes al cementerio. Yo no tengo salud, me ahogo, no puedo batallar por mis derechos. Antes contábamos con una subidita anual, aunque fuera poco. Ahora piensas que te has pasado toda la vida trabajando y sientes que te están tomando el pelo…».
Hubo un tiempo en que Anselma Esteban fue la hermana Purificación. Tenía 24 años. Había llegado a los 16 a Barcelona, originaria de un pueblo de Soria, para trabajar como sirvienta en una casa. «De la comunidad religiosa me fui porque no me dejaron ni ir a ver a mi padre cuando murió». Después, un franciscano de la calle Santaló le facilitó su trabajo definitivo en una residencia geriátrica. Y tras tanto años viendo envejecer a otros, velando por mejorar sus últimos años de existencia, hoy Anselma atiende con su botón colorao colgado al cuello y la única compañía de su pájaro Carmelo.
Ya no cose, no puede leer. Cuida sus geranios y sus flores, eso sí, espléndidas, en la terraza. Hay peluches y tapetes de ganchillo por todas las sillas. Entre las pocas visitas que recibe semanalmente está la de Dolores, su acompañante de Amics de la Gent Gran, que acude los martes. Cuando ella se va, otra vez la tristeza. El bastón.
Su principal gasto, dice, corresponde a las facturas de la casa (luz, teléfono, etcétera). «De comida gasto poco. ¡Como me lo tienen todo prohibido!», bromea. Anselma duerme con una mascarilla de oxígeno que le incomoda, tiene problemas de movilidad y teme, ante todo, la soledad. Ha decidido no volver a coger un taxi «para ahorrar» y paga de su bolsillo a una mujer que limpia la casa dos veces por semana, «aunque eso es lo de menos, lo que valoro es su compañía».
Para los pensionistas no habrá reducción en la cuantía de las prestaciones sino congelación para el 2011. El presidente Zapatero insistió en señalar que seguiría protegiendo las rentas más bajas, porque la medida no afecta ni a las pensiones mínimas ni a las no contributivas. Argumenta que en el 2009 tuvieron una subida del 2%, mientras que la inflación sólo aumentó el 0,8%. Añadió que no subirán en el 2011, pero que las pensiones mínimas que afectan a 3,2 millones de personas se revalorizarán. «Han ganado un 25% de poder adquisitivo desde el 2005», dijo. Toda situación es susceptible de verse distinta en función de con quién o con qué época la compares, lógica que poco consuela a los afectados.
«Estamos preocupados y enfadados –define Francesc Pérez, director del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (Cocarmi)– porque, independientemente de cómo acabe, sea como sea, se ha roto un derecho: se dijo que las pensiones no se tocaban. Y así debería ser gobierne quien gobierne». Entre el colectivo que representa figura un tanto por ciento elevado de ciudadanos a quienes afectarán las medidas. «Queremos ver cómo se definen. El presidente Zapatero dijo que en función del IPC algunas pensiones podrían revalorizarse». A la espera de cómo se legisla finalmente, la medida pone fin a 25 años de subidas garantizadas por ley.
Pongamos por caso un pensionista por jubilación, el pasado mes, en cualquier rincón de Baleares, por ejemplo, que podía cobrar 796,98 euros mensuales. Si era pensionista con incapacidad permanente, unos 30 euros menos. Ambos resultarían afectados por la reforma. Sin embargo, el próximo año no se congelarán en dichas islas ni las 42.885 pensiones de viudedad, ni las 4.955 de orfandad, ni las 150 a favor de familiares, teniendo en cuenta que estas no superan el salario mínimo interprofesional, fijado en 633,30 euros mensuales.
El día en que el presidente Zapatero anunciaba las medidas, Antón Costas, catedrático de Política Económica en la Universitat de Barcelona (UB), impartía ante un público de la tercera edad la conferencia ¿Cómo salir de la crisis? Como doctor en Economía sabe bien que «la percepción de inequidad es mala por razones no sólo morales, sino también económicas». «Unas medidas de austeridad percibidas como injustas –dice– acaban siendo ineficaces y provocando más problemas que los que resuelven».
«Creo que se ha querido dar una imagen fuerte de austeridad, pero eligiendo mal y precipitadamente a los damnificados –opina Costas–, y más cuando las pensiones, en el pacto de Toledo, habían quedado al margen de la lucha política. Nadie puede atribuir a los pensionistas las causas de la crisis». Asegura que las medidas tendrán dos efectos inmediatos: primero, sobre los pensionistas que no tengan otros ingresos complementarios, y segundo, el miedo: «Una congelación de las pensiones transmite un sentimiento de gravedad e incertidumbre que afectará a sus decisiones de consumo, deprimiéndolas».
Vayan a perder o no poder adquisitivo, los pensionistas se sienten en la cuerda floja. Se calcula que la medida afectará a cinco millones que sí verán congelada su paga del total de casi ocho millones de pensionistas con que cuenta el país, de los que, según los sindicatos, el 60% cobra menos del salario mínimo. El impacto final en sus rentas dependerá de cómo el Gobierno modele la congelación, pero no hay que menospreciar un dato: «Dado que los pensionistas son muchos y votan en mayor proporción que otros sectores de la población», apunta Costas, la decisión puede acabar pasando factura política.
