Hace días, una de las galerías de la romana Domus Aurea, la villa del emperador Nerón, se derrumbaba. Algunos lo atribuyeron a las abundantes lluvias, aunque la dificultad de Roma para mantener su más que extenso patrimonio, sobre todo en tiempos de crisis, parece estar detrás de este accidente.
Pero no es necesario irse a Italia: también en España son numerosos los casos en los que el arte está amenazado por falta de inversión en su conservación. Las murallas de Toledo y de Cáceres –Patrimonio de la Humanidad– se derrumbaron hace unos días. El peligro acecha también a santuarios, como el gallego de As Ermidas; castillos, como el de Obano, en Aragón, o torres, como la de la desaparecida iglesia vallisoletana de San Juan de Tamariz de Campos.
Y es que los 1.864 millones de euros que nuestro país invierte anualmente en la preservación de sus bienes históricos “son insuficientes, porque con un patrimonio tan extenso, todos los recursos económicos siempre serán escasos. Se hace necesario buscar nuevas fórmulas de gestión para que este tesoro genere una rentabilidad que permita conservarlo”, destacó ayer Gabriel Morate, director del Departamento de Patrimonio de la Fundación Caja Madrid, en la presentación del estudio Conservación del patrimonio histórico en España. Análisis económico, elaborado por la entidad.
Protección
Sólo 105.000 bienes son los que formalmente están protegidos y reciben atención por parte de las administraciones públicas, según un estudio llevado a cabo por la Universidad de Granada, “el resto, una cifra de la que no existen estimaciones, pero que es muy superior, no recibe ningún tipo de ayudas”, añadió Morate.
El turismo cultural es la principal –aunque no la única– fuente de rentabilización económica de estos bienes, una fórmula que genera, al menos, 2.500 millones de euros, un dato que, según el director de la Fundación Caja Madrid, Rafael Spottorno, muestra que “todavía no hay una correspondencia satisfactoria entre lo que aporta el turismo cultural a los recursos nacionales y lo que se invierte en conservar esos recursos”.
El estudio muestra que la aportación de esta actividad a la economía de al menos cuatro comunidades autónomas –Cantabria, Extremadura, Asturias y Castilla-La Mancha–, está muy por encima del esfuerzo que sus respectivas administraciones realizan en la conservación y puesta en valor de su patrimonio histórico.
El sector público es el máximo responsable de la preservación de nuestro patrimonio, ya que aporta el 91% del gasto total, mientras que el esfuerzo realizado por el sector privado –Iglesia, fundaciones, particulares y empresas– se limita al 9% restante. La Administración Central es la que destina más recursos –el 40%–, y le siguen Comunidades Autónomas, con el 31%, y las corporaciones locales, con el 29%.
El informe destaca que Castilla-León, Navarra y Aragón son las tres regiones que realizan un mayor esfuerzo en la preservación de sus bienes históricos, mientras que Madrid, Cataluña, País Vasco y Comunidad Valenciana –junto a Baleares y Canarias– muestran los valores más bajos.
Además, el estudio mira fuera al exterior y compara el esfuerzo de las administraciones españolas con el que realizan países como Portugal, Francia e Italia. Estos dos últimos son las que dedican un mayor volumen de recursos, “si bien en relación a su respectivo gasto público total, es España la que ocupa la primera posición, seguida por Portugal, Francia e Italia”, destacaron los autores, Juan Alonso y Juan Martín.
