Abogados y procuradores piden tener voz en la crisis judicial

Entre sus propuestas destacan un nuevo pacto por la Justicia, órganos judiciales que no estén en manos de jueces, o protagonismo del fiscal en la instrucción penal.

Abogados y procuradores coincidieron en reclamar un papel activo en el debate abierto en la Administración de Justicia para mejorar su funcionamiento. Ambos colectivos, con un papel esencial en la maquinaria judicial, se sienten desplazados del diálogo que asociaciones de magistrados y Gobierno han mantenido para buscar soluciones al colapso judicial. La primera de las sesiones del ciclo de debates ‘La Administración de Justicia, ¿reformas o cambio de modelo?’, que inició el pasado jueves el Club La Opinión bajo la coordinación del catedrático emérito de la Universidad de Granada, Nicolás López Calera, sirvió para que representantes de los abogados y procuradores hicieran su particular diagnóstico de la situación de la justicia aportando propuestas que, sin desmerecer a las reivindicaciones de jueces y sindicatos, pretenden que se tengan en cuenta.

La subdirectora de La Opinión, Amina Nasser, se encargó de dar la bienvenida a los invitados y al público asistente –en su mayor parte del ámbito de la abogacía y de la Universidad–, mientras que Nicolás López Calera expuso brevemente los objetivos de unos debates que buscan “favorecer la creación de opinión pública” sobre la “grave crisis” del sistema judicial. El diagnóstico y las posibles soluciones corrieron a cargo de cuatro expertos en la abogacía.

José Mª Rosales
Eldecano del Colegio de Abogados de Granada y presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, José María Rosales de Angulo, responsabilizó a los distintos gobiernos democráticos del estado actual de la Justicia, a la que definió como “el pariente pobre o la cenicienta”, puesto que, a su juicio, “no da votos” y, por tanto, “no es rentable políticamente”.

Los distintos gobiernos han venido aplicando, según Rosales de Angulo, una “política de parcheo legislativo” a remolque de los acontecimientos sociales que se han ido produciendo. Más allá de la responsabilidad política, el máximo representante de los letrados mostró su convencimiento de que el problema de la justicia es “de todos” y, por consiguiente, “no puede quedarse nadie fuera”. Entre sus sugerencias para mejorar la situación de la justicia destacó la posibilidad de establecer un Pacto de Estado por la Justicia o un Libro Blanco en el que quede al margen la “discusión partidista” de los políticos y en el que se reflejen las sugerencias de todos los actores que participan en el funcionamiento del sistema judicial.

Encarnación García
Otro de los aspectos que se abordaron durante el debate fue el problema que a diario tienen que afrontar los abogados para prestar la asistencia jurídica gratuita, en concreto lo que son los turnos de oficio y la asistencia al detenido. La letrada y representante de la junta de gobierno del Colegio de Abogados de Granada, Encarnación García Camacho, dio la voz de alarma por el enorme volumen de trabajo que a lo largo de 2008 ha prestado dicho servicio, que se ha visto agravado por la crisis económica; y, sobre todo, por el deficiente reglamento aprobado por la Junta de Andalucía que entró en vigor el pasado año y que no ha servido para descongestionar la carga de trabajo. García Camacho se mostró muy crítica con la Administración por no haber desarrollado el reglamento de una norma que, como recordó, ha sido recurrido, por contener algunas deficiencias que entorpecen la prestación de un servicio de asistencia jurídica gratuita. La letrada hizo suyas las recetas expuestas por Rosales de Angulo para mejorar la justicia y coincidió también en la necesidad de contribuir, como un colectivo más de la justicia, en la resolución de los problemas. “Los jueces no deben ser solo los que abanderen las reivindicaciones en solitario sino que deben contar con los abogados”, sugirió. También hizo una reclamación salarial para mejorar las retribuciones de los abogados que prestan el servicio de asistencia jurídica gratuita, cuya subida lleva congelada desde 2005, según aseveró.

Juan Carlos Guilarte
El abogado Juan Carlos Guilarte López-Mañas, conocedor del complicada situación que atraviesan los juzgados de lo contencioso administrativo, repartió culpas entre los tres poderes del Estado pero se mostró partidario de un gran pacto para salir de la delicada situación. Al legislativo le reprochó que, en ocasiones, dicte normas que se guían por el “oportunismo político” para “sumar votos”, o promulgue leyes por razones de convulsión social pero sin dotación económica ni medios. A su juicio, la redacción de las leyes es “mediocre y farragosa” por obedecer a criterios políticos y por estar elaboradas por legisladores que no saben de la materia, por lo que propuso que las normas las hagan profesionales. En cuanto al poder ejecutivo, Guilarte es partidario de que las administraciones doten de presupuesto suficiente para cubrir todas las necesidades, “sin marear la perdiz”. Hizo un llamamiento a los ciudadanos para que no acudan a la justicia para resolver temas banales, al tiempo que censuró a la Administración por no reconocer derechos a los ciudadanos hasta que lo hace en sentencia firme un juez.

Sobre la situación del poder judicial, el abogado se mostró partidario, al igual que sus compañeros, de “unificar esfuerzos” entre todos los “operadores” de la justicia. Como propuesta significativa lanzó la posibilidad de que se reforme el funcionamiento del ministerio fiscal para que sea éste el que instruya los procedimientos penales, con apoyo de las fuerzas de seguridad, en lugar del juez, como viene siendo hasta la fecha. Coincidió con Rosales de Angulo en muchas de las propuestas pero apostó por agilizar la oficina judicial, abrir las oficinas judiciales por la tarde, y crear nuevos órganos judiciales integrados por abogados, profesores o titulados –no necesariamente jueces– para dirimir faltas o pequeñas reclamaciones de cuantía. Aprovechó también para ser reivindicativo recordando que los abogados no tienen cobertura sanitaria y las letradas no tienen derecho a la baja maternal.

José G. García Lirola
El decano del Colegio de Procuradores, José Gabriel García Lirola, comparó los efectos de la actual crisis de la justicia con los de un “tsunami”. En su exposición, fue muy crítico con la “burocracia” administrativa y con los “caprichos e interpretaciones” a los que deben de enfrentarse en algunos juzgados. Pero lo que realmente censuró, fue el hecho de que muchos funcionarios no cumplan con su calendario y horario de trabajo. En este sentido, propuso introducir cambios en los turnos de vacaciones, además de reclamar a la Administración mayor control y seguimiento en los horarios de trabajo de los funcionarios, una competencia que hoy asume al secretario judicial. También hizo suya la reivindicación para disponer de seguridad social y asistencia médica y farmacéutica. La delegada de Justicia en Granada, Begoña Álvarez, que estuvo presente entre el público y que encajó con entereza las críticas que se formularon contra la administración, intervino para sugerir a la organización de las jornadas que cuente también con la voz de la administración en los debates, al tiempo que recordó que su Delegación ha escuchado a todos los colectivos en su compromiso por mejorar el servicio público.
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