Un experto advierte de que en España hay más alimentos transgénicos en circulación de los que se declaran

El profesor titular del departamento de Química Analítica de la Universidad de Granada (UGR) Luis Cuadros Rodríguez afirmó hoy en relación a los alimentos transgénicos que «en España hay más en circulación de lo que se declara» aunque admitió que «hay países europeos con una mayor producción» de éstos.

En el marco del curso \’Autenticidad y trazabilidad de los alimentos\’ en la sede de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en Baeza (Jaén), el experto explicó que «hay mucha polémica», pero que «a nivel técnico no está claramente demostrado» que los productos transgénicos «sean ni mejores ni peores». En este sentido, añadió que «estos alimentos se hacen porque su elaboración es más económica o resistente», y por tanto «en países que tienen carencia en la producción, es una medida importante».

Sin embargo, reconoció que aún «no se sabe cómo afectan al consumidor», ya que los efectos podrían ser a largo plazo, por lo que «se exige que se declaren» los transgénicos que se ponen a la venta, para que el consumidor mismo «quien decida» si lo compra o no.

De hecho, afirmó que hay «unos determinados transgénicos que se pueden utilizar y otros que no», por lo que actualmente «la ley obliga a declarar estos alimentos». A nivel de control, en este sentido, apuntó que «es complicado hacer los análisis genéticos» y que «no se pueden hacer a todos los productos, aunque cuando se sospecha si se hace».

DOS OPERACIONES DE CONTROL DE CALIDAD

En cuanto a los procedimientos que se siguen para el control de calidad de los alimentos, Cuadros Rodríguez explicó que a nivel de la administración el trabajo se basa en un programa llamado \’Control Oficial de Productos Alimenticios\’, dividido en dos tipos de operaciones.

Por una parte, «en la inspección sin previo aviso de cualquier organización relacionada con la elaboración de alimentos, así como de las empresas de envasados»; y en otra vertiente, en «los controles analíticos», en los que «tras las inspecciones se llevan las muestras a laboratorios acreditados y reconocidos para analizar y realizar los controles precisos».

En este sentido explicó también que «a raíz de las crisis alimentarias de los 80 y 90 existe un sistema denominado de \’trazabilidad alimentaria\'», mediante el que se obliga a las empresas a llevar «un seguimiento de las materias y productos que vayan a formar parte de los alimentos, con sus propios controles registrados y anotados en documentos especiales que son objeto de inspección». Además de este proceso, el experto aseguró que «también se realizan controles por sorpresa».

Concretamente, el profesor de la UGR señaló que «la trazabilidad exige que cualquier material que esté en contacto con un alimento esté siempre identificado». El objetivo final de este proceso sería, «aunque en la práctica no es posible», que el consumidor «supiera de dónde procede cada uno de los componentes que forman el alimento», afirmó.

«Para ello –añadió– se identifican documentalmente todos los componentes. El objetivo es que el consumidor sepa esta información». De hecho, admitió que «ahora está más avanzado y el consumidor, al menos, puede saber la procedencia» de los productos que va a adquirir.

En cuanto a las inspecciones llevadas a cabo por la administración, Cuadros Rodríguez apuntó que «funcionan bien porque el sistema está diseñado de forma que cuando se detecta un problema a cualquier nivel, en poco tiempo se puede saber de dónde proviene y dónde se ha distribuido», información que ayuda a la hora de retirar los lotes.

Esto es posible, según explicó, porque cada alimento «lleva un documento en el que informa sobre su procedencia y los canales de distribución», algo que es de obligado cumplimiento.

El consumidor, de hecho, no tiene más información que la que se recoge en la etiqueta, y por ello «el que la etiqueta diga la verdad tiene que ver con la administración y sus controles».

Por otra parte, el experto habló de los principales fraudes que se suelen cometer, que resumió en tres categorías: «adulteraciones, por la modificación en la composición de un alimento»; «información no correcta» sobre el producto que se oferta; y finalmente «alimentos contaminados por falta de preocupaciones», que es el fraude más peligroso y «el que suele generar alarmas alimentarias».

Respecto a la contaminación en los alimentos, el profesor de la UGR añadió que «se habla a dos niveles: uno químico, donde lo más frecuente es la presencia de plaguicidas o residuos de alimentos en animales, como antibióticos; y a nivel microbiológico, por falta de higiene».

DETECCIÓN DEL «MAL DE LAS VACAS LOCAS»

En relación a los casos de carne de animales que han sufrido el denominado «mal de las vacas locas», el experto explicó que «a priori no se sabe si está contaminada la carne», sino cuando se hacen los controles. En estos casos, expuso que «el agente que provoca la enfermedad es un intermedio entre un microorganismo y una sustancia, como un veneno», por lo que ésta «no está producida por ningún organismo tipo germen o bacteria, sino por una sustancia que es una proteína, que se desarrolla como un virus».

«Hay que buscar estas proteínas directamente — destacó–, aunque se trata de un análisis complicado que tarda tiempo». No obstante, señaló que el animal que viene infectado «es porque está contagiado», por lo que a partir del sistema de trazabilidad «se puede detectar el origen de la infección», que en el caso de la encefalopatía espongiforme eran los piensos que se hacían con residuos de la carne de otros animales.
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Un experto advierte de que en España hay más alimentos transgénicos en circulación de los que se declaran

El profesor titular del departamento de Química Analítica de la Universidad de Granada (UGR) Luis Cuadros Rodríguez afirmó hoy en relación a los alimentos transgénicos que «en España hay más en circulación de lo que se declara» aunque admitió que «hay países europeos con una mayor producción» de éstos.

En el marco del curso \’Autenticidad y trazabilidad de los alimentos\’ en la sede de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en Baeza (Jaén), el experto explicó que «hay mucha polémica», pero que «a nivel técnico no está claramente demostrado» que los productos transgénicos «sean ni mejores ni peores». En este sentido, añadió que «estos alimentos se hacen porque su elaboración es más económica o resistente», y por tanto «en países que tienen carencia en la producción, es una medida importante».

Sin embargo, reconoció que aún «no se sabe cómo afectan al consumidor», ya que los efectos podrían ser a largo plazo, por lo que «se exige que se declaren» los transgénicos que se ponen a la venta, para que el consumidor mismo «quien decida» si lo compra o no.

De hecho, afirmó que hay «unos determinados transgénicos que se pueden utilizar y otros que no», por lo que actualmente «la ley obliga a declarar estos alimentos». A nivel de control, en este sentido, apuntó que «es complicado hacer los análisis genéticos» y que «no se pueden hacer a todos los productos, aunque cuando se sospecha si se hace».

DOS OPERACIONES DE CONTROL DE CALIDAD

En cuanto a los procedimientos que se siguen para el control de calidad de los alimentos, Cuadros Rodríguez explicó que a nivel de la administración el trabajo se basa en un programa llamado \’Control Oficial de Productos Alimenticios\’, dividido en dos tipos de operaciones.

Por una parte, «en la inspección sin previo aviso de cualquier organización relacionada con la elaboración de alimentos, así como de las empresas de envasados»; y en otra vertiente, en «los controles analíticos», en los que «tras las inspecciones se llevan las muestras a laboratorios acreditados y reconocidos para analizar y realizar los controles precisos».

En este sentido explicó también que «a raíz de las crisis alimentarias de los 80 y 90 existe un sistema denominado de \’trazabilidad alimentaria\'», mediante el que se obliga a las empresas a llevar «un seguimiento de las materias y productos que vayan a formar parte de los alimentos, con sus propios controles registrados y anotados en documentos especiales que son objeto de inspección». Además de este proceso, el experto aseguró que «también se realizan controles por sorpresa».

Concretamente, el profesor de la UGR señaló que «la trazabilidad exige que cualquier material que esté en contacto con un alimento esté siempre identificado». El objetivo final de este proceso sería, «aunque en la práctica no es posible», que el consumidor «supiera de dónde procede cada uno de los componentes que forman el alimento», afirmó.

«Para ello –añadió– se identifican documentalmente todos los componentes. El objetivo es que el consumidor sepa esta información». De hecho, admitió que «ahora está más avanzado y el consumidor, al menos, puede saber la procedencia» de los productos que va a adquirir.

En cuanto a las inspecciones llevadas a cabo por la administración, Cuadros Rodríguez apuntó que «funcionan bien porque el sistema está diseñado de forma que cuando se detecta un problema a cualquier nivel, en poco tiempo se puede saber de dónde proviene y dónde se ha distribuido», información que ayuda a la hora de retirar los lotes.

Esto es posible, según explicó, porque cada alimento «lleva un documento en el que informa sobre su procedencia y los canales de distribución», algo que es de obligado cumplimiento.

El consumidor, de hecho, no tiene más información que la que se recoge en la etiqueta, y por ello «el que la etiqueta diga la verdad tiene que ver con la administración y sus controles».

Por otra parte, el experto habló de los principales fraudes que se suelen cometer, que resumió en tres categorías: «adulteraciones, por la modificación en la composición de un alimento»; «información no correcta» sobre el producto que se oferta; y finalmente «alimentos contaminados por falta de preocupaciones», que es el fraude más peligroso y «el que suele generar alarmas alimentarias».

Respecto a la contaminación en los alimentos, el profesor de la UGR añadió que «se habla a dos niveles: uno químico, donde lo más frecuente es la presencia de plaguicidas o residuos de alimentos en animales, como antibióticos; y a nivel microbiológico, por falta de higiene».

DETECCIÓN DEL «MAL DE LAS VACAS LOCAS»

En relación a los casos de carne de animales que han sufrido el denominado «mal de las vacas locas», el experto explicó que «a priori no se sabe si está contaminada la carne», sino cuando se hacen los controles. En estos casos, expuso que «el agente que provoca la enfermedad es un intermedio entre un microorganismo y una sustancia, como un veneno», por lo que ésta «no está producida por ningún organismo tipo germen o bacteria, sino por una sustancia que es una proteína, que se desarrolla como un virus».

«Hay que buscar estas proteínas directamente — destacó–, aunque se trata de un análisis complicado que tarda tiempo». No obstante, señaló que el animal que viene infectado «es porque está contagiado», por lo que a partir del sistema de trazabilidad «se puede detectar el origen de la infección», que en el caso de la encefalopatía espongiforme eran los piensos que se hacían con residuos de la carne de otros animales.
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Experto advierte de que en España hay más alimentos transgénicos en circulación de los que se declaran

El profesor titular del departamento de Química Analítica de la Universidad de Granada (UGR) Luis Cuadros Rodríguez, que dirige esta semana el curso \’Autenticidad y trazabilidad de los alimentos\’ en la sede de Baeza (Jaén) de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), afirmó hoy en relación a los alimentos transgénicos que en España \’hay más en circulación de lo que se declara\’, aunque admitió que \’hay países europeos con una mayor producción\’ de éstos.

En rueda de prensa, el experto reconoció que \’hay mucha polémica\’ en esta materia, si bien sostuvo que a nivel técnico \’no está claramente demostrado\’ que los productos transgénicos \’sean ni mejores ni peores\’. Al hilo de ello, añadió que estos alimentos \’se hacen porque su elaboración es más económica o resistente\’ y, por tanto, \’en países que tienen carencia en la producción, es una medida importante\’.

Sin embargo, admitió que aún \’no se sabe cómo afectan al consumidor\’, ya que los efectos podrían ser a largo plazo, por lo que \’se exige que se declaren\’ los transgénicos que se ponen a la venta, para que sea el consumidor mismo \’quien decida\’ si lo compra o no.

De hecho, afirmó que hay \’unos determinados transgénicos que se pueden utilizar y otros que no\’, por lo que actualmente \’la ley obliga a declarar estos alimentos\’. A nivel de control, en este sentido, apuntó que \’es complicado hacer los análisis genéticos\’ y que \’no se pueden hacer a todos los productos, aunque cuando se sospecha si se hace\’.

En cuanto a los procedimientos que se siguen para el control de calidad de los alimentos, Cuadros Rodríguez explicó que a nivel de la administración el trabajo se basa en un programa llamado \’Control Oficial de Productos Alimenticios\’, dividido en dos tipos de operaciones.

Por una parte, \’en la inspección sin previo aviso de cualquier organización relacionada con la elaboración de alimentos, así como de las empresas de envasados\’; y en otra vertiente, en \’los controles analíticos\’, en los que \’tras las inspecciones se llevan las muestras a laboratorios acreditados y reconocidos para analizar y realizar los controles precisos\’.

En este sentido explicó también que \’a raíz de las crisis alimentarias de los 80 y 90 existe un sistema denominado de \’trazabilidad alimentaria\’\’, mediante el que se obliga a las empresas a llevar \’un seguimiento de las materias y productos que vayan a formar parte de los alimentos, con sus propios controles registrados y anotados en documentos especiales que son objeto de inspección\’. Además de este proceso, el experto aseguró que \’también se realizan controles por sorpresa\’.

Concretamente, el profesor de la UGR señaló que \’la trazabilidad exige que cualquier material que esté en contacto con un alimento esté siempre identificado\’. El objetivo final de este proceso sería, \’aunque en la práctica no es posible\’, que el consumidor \’supiera de dónde procede cada uno de los componentes que forman el alimento\’, afirmó.

\’Para ello –añadió– se identifican documentalmente todos los componentes. El objetivo es que el consumidor sepa esta información\’. De hecho, admitió que \’ahora está más avanzado y el consumidor, al menos, puede saber la procedencia\’ de los productos que va a adquirir.

En cuanto a las inspecciones llevadas a cabo por la administración, Cuadros Rodríguez apuntó que \’funcionan bien porque el sistema está diseñado de forma que cuando se detecta un problema a cualquier nivel, en poco tiempo se puede saber de dónde proviene y dónde se ha distribuido\’, información que ayuda a la hora de retirar los lotes.

Esto es posible, según explicó, porque cada alimento \’lleva un documento en el que informa sobre su procedencia y los canales de distribución\’, algo que es de obligado cumplimiento.

El consumidor, de hecho, no tiene más información que la que se recoge en la etiqueta, y por ello \’el que la etiqueta diga la verdad tiene que ver con la administración y sus controles\’.

Por otra parte, el experto habló de los principales fraudes que se suelen cometer, que resumió en tres categorías: \’adulteraciones, por la modificación en la composición de un alimento\’; \’información no correcta\’ sobre el producto que se oferta; y finalmente \’alimentos contaminados por falta de preocupaciones\’, que es el fraude más peligroso y \’el que suele generar alarmas alimentarias\’.

Respecto a la contaminación en los alimentos, el profesor de la UGR añadió que \’se habla a dos niveles: uno químico, donde lo más frecuente es la presencia de plaguicidas o residuos de alimentos en animales, como antibióticos; y a nivel microbiológico, por falta de higiene\’.

DETECCIÓN DEL \’MAL DE LAS VACAS LOCAS\’ En relación a los casos de carne de animales que han sufrido el denominado \’mal de las vacas locas\’, explicó que \’a priori no se sabe si está contaminada la carne\’, sino cuando se hacen los controles. En estos casos, expuso que \’el agente que provoca la enfermedad es un intermedio entre un microorganismo y una sustancia, como un veneno\’, por lo que ésta \’no está producida por ningún organismo tipo germen o bacteria, sino por una sustancia que es una proteína, que se desarrolla como un virus\’.

\’Hay que buscar estas proteínas directamente — destacó–, aunque se trata de un análisis complicado que tarda tiempo\’. No obstante, señaló que el animal que viene infectado \’es porque está contagiado\’, por lo que a partir del sistema de trazabilidad \’se puede detectar el origen de la infección\’, que en el caso de la encefalopatía espongiforme eran los piensos que se hacían con residuos de la carne de otros animales.

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Un experto advierte de que en España hay más alimentos transgénicos en circulación de los que se declaran

El profesor titular del departamento de Química Analítica de la Universidad de Granada (UGR) Luis Cuadros Rodríguez afirmó hoy en relación a los alimentos transgénicos que «en España hay más en circulación de lo que se declara» aunque admitió que «hay países europeos con una mayor producción» de éstos.

En el marco del curso \’Autenticidad y trazabilidad de los alimentos\’ en la sede de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en Baeza (Jaén), el experto explicó que «hay mucha polémica», pero que «a nivel técnico no está claramente demostrado» que los productos transgénicos «sean ni mejores ni peores». En este sentido, añadió que «estos alimentos se hacen porque su elaboración es más económica o resistente», y por tanto «en países que tienen carencia en la producción, es una medida importante».

Sin embargo, reconoció que aún «no se sabe cómo afectan al consumidor», ya que los efectos podrían ser a largo plazo, por lo que «se exige que se declaren» los transgénicos que se ponen a la venta, para que el consumidor mismo «quien decida» si lo compra o no.

De hecho, afirmó que hay «unos determinados transgénicos que se pueden utilizar y otros que no», por lo que actualmente «la ley obliga a declarar estos alimentos». A nivel de control, en este sentido, apuntó que «es complicado hacer los análisis genéticos» y que «no se pueden hacer a todos los productos, aunque cuando se sospecha si se hace».

DOS OPERACIONES DE CONTROL DE CALIDAD

En cuanto a los procedimientos que se siguen para el control de calidad de los alimentos, Cuadros Rodríguez explicó que a nivel de la administración el trabajo se basa en un programa llamado \’Control Oficial de Productos Alimenticios\’, dividido en dos tipos de operaciones.

Por una parte, «en la inspección sin previo aviso de cualquier organización relacionada con la elaboración de alimentos, así como de las empresas de envasados»; y en otra vertiente, en «los controles analíticos», en los que «tras las inspecciones se llevan las muestras a laboratorios acreditados y reconocidos para analizar y realizar los controles precisos».

En este sentido explicó también que «a raíz de las crisis alimentarias de los 80 y 90 existe un sistema denominado de \’trazabilidad alimentaria\'», mediante el que se obliga a las empresas a llevar «un seguimiento de las materias y productos que vayan a formar parte de los alimentos, con sus propios controles registrados y anotados en documentos especiales que son objeto de inspección». Además de este proceso, el experto aseguró que «también se realizan controles por sorpresa».

Concretamente, el profesor de la UGR señaló que «la trazabilidad exige que cualquier material que esté en contacto con un alimento esté siempre identificado». El objetivo final de este proceso sería, «aunque en la práctica no es posible», que el consumidor «supiera de dónde procede cada uno de los componentes que forman el alimento», afirmó.

«Para ello –añadió– se identifican documentalmente todos los componentes. El objetivo es que el consumidor sepa esta información». De hecho, admitió que «ahora está más avanzado y el consumidor, al menos, puede saber la procedencia» de los productos que va a adquirir.

En cuanto a las inspecciones llevadas a cabo por la administración, Cuadros Rodríguez apuntó que «funcionan bien porque el sistema está diseñado de forma que cuando se detecta un problema a cualquier nivel, en poco tiempo se puede saber de dónde proviene y dónde se ha distribuido», información que ayuda a la hora de retirar los lotes.

Esto es posible, según explicó, porque cada alimento «lleva un documento en el que informa sobre su procedencia y los canales de distribución», algo que es de obligado cumplimiento.

El consumidor, de hecho, no tiene más información que la que se recoge en la etiqueta, y por ello «el que la etiqueta diga la verdad tiene que ver con la administración y sus controles».

Por otra parte, el experto habló de los principales fraudes que se suelen cometer, que resumió en tres categorías: «adulteraciones, por la modificación en la composición de un alimento»; «información no correcta» sobre el producto que se oferta; y finalmente «alimentos contaminados por falta de preocupaciones», que es el fraude más peligroso y «el que suele generar alarmas alimentarias».

Respecto a la contaminación en los alimentos, el profesor de la UGR añadió que «se habla a dos niveles: uno químico, donde lo más frecuente es la presencia de plaguicidas o residuos de alimentos en animales, como antibióticos; y a nivel microbiológico, por falta de higiene».

DETECCIÓN DEL «MAL DE LAS VACAS LOCAS»

En relación a los casos de carne de animales que han sufrido el denominado «mal de las vacas locas», el experto explicó que «a priori no se sabe si está contaminada la carne», sino cuando se hacen los controles. En estos casos, expuso que «el agente que provoca la enfermedad es un intermedio entre un microorganismo y una sustancia, como un veneno», por lo que ésta «no está producida por ningún organismo tipo germen o bacteria, sino por una sustancia que es una proteína, que se desarrolla como un virus».

«Hay que buscar estas proteínas directamente — destacó–, aunque se trata de un análisis complicado que tarda tiempo». No obstante, señaló que el animal que viene infectado «es porque está contagiado», por lo que a partir del sistema de trazabilidad «se puede detectar el origen de la infección», que en el caso de la encefalopatía espongiforme eran los piensos que se hacían con residuos de la carne de otros animales.
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El juez Garzón solicita un censo de los desaparecidos durante la Guerra Civil

El juez de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha solicitado a instituciones como el Valle de los Caídos, la Conferencia Episcopal Española (CEE), el Centro Documental de Memoria Histórica o alcaldes de localidades como Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid que elaboren diversos listados y aporten datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil.

El magistrado ha tomado esta decisión como paso previo a decidir si es competente para investigar las denuncias que varias asociaciones de memoria histórica presentaron el 18 de julio de 2007 en la Audiencia Nacional.

Estos colectivos solicitaban la persecución penal por delitos de lesa humanidad de los autores de las desapariciones, \’sacas\’, asesinatos, torturas y exilios forzosos que se cometieron a partir de 1936.

Se centra en las fosas comunes

En una providencia hecha pública este lunes, el magistrado solicita a la Abadía de Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y a la Delegación del Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial para que proporcione la información sobre «el nombre de las personas enterradas en este lugar, procedencia geográfica de los restos y causas de enterramiento».

Además, pide a los alcaldes de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid así como al rector de la Universidad de Granada el nombre de las personas enterradas en la fosas comunes a partir del llamado «alzamiento nacional» de 1936 y la situación de Guerra Civil que éste provocó.

Solicita también al centro Nacional de la Memoria Historia, dependiente del Ministerio de Cultura, que informe si dispone de los ficheros del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Pide además al Ministerio de Defensa que amplíe la solicitud que le trasladó el pasado mes de junio en la que le pedía que identificase qué organismo puede determinar el número de personas que desaparecieron en España a partir del 17 de julio de 1936.
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Garzón pide al Valle de los Caídos y a varios ayuntamientos un listado sobre los desaparecidos en la Guerra Civil

La Policía Judicial accederá además a todas la parroquias de España para consultar los libros de difuntos de que disponen

El juez de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha solicitado a instituciones como el Valle de los Caídos, la Conferencia Episcopal Española (CEE), el Centro Documental de Memoria Histórica o alcaldes de localidades como Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid que elaboren diversos listados y aporten datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil.

El magistrado ha tomado esta decisión como paso previo a decidir si es competente para investigar las denuncias que varias asociaciones de memoria histórica presentaron el 18 de julio de 2007 en la Audiencia Nacional. Estos colectivos solicitaban la persecución penal por delitos de lesa humanidad de los autores de las desapariciones, \’sacas\’, asesinatos, torturas y exilios forzosos que se cometieron a partir de 1936.

En una providencia hecha pública hoy, el magistrado solicita a la Abadía de Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y a la Delegación del Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial para que proporcione la información sobre «el nombre de las personas enterradas en este lugar, procedencia geográfica de los restos y causas de enterramiento».

Además, pide a los alcaldes de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid así como al rector de la Universidad de Granada el nombre de las personas enterradas en la fosas comunes a partir del llamado «alzamiento nacional» de 1936 y la situación de Guerra Civil que éste provocó.

El juez especifica que las fosas comunes se encuentran en el cementerio de San José (Granada), Nuestra Señora de la Salud y San Rafael (Córdoba) y San Fernando (Sevilla). Garzón pide además «las circunstancias en los que ocurrieron los enterramientos la fecha y si las muertes están anotadas en algún registro público».

Solicita también al centro Nacional de la Memoria Historia -dependiente del Ministerio de Cultura– que informe si dispone de los ficheros del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Pide además al Ministerio de Defensa que amplíe la solicitud que le trasladó el pasado mes de junio en la que le pedía que identificase qué organismo puede determinar el número de personas que desaparecieron en España a partir del 17 de julio de 1936. Pide además información a la Dirección de Registros y Notariado y al Centro Documental de la Memoria Histórica

TAMBIÉN A LA CONFERENCIA EPISCOPAL

En su providencia, el magistrado requiere a la Conferencia Episcopal que comunique a todas y cada una de las parroquias de España –un total de 22.827– que permitan el acceso a la Policía Judicial para que ésta identifique a posibles víctimas desaparecidas a partir del «alzamiento nacional» a través de los libros de difuntos de los que dispongan.

Además, requiere a una de las partes personadas que aporte «toda la información de la que disponga de todas las personas que estén practicando exhumaciones de víctimas de desapariciones forzadas» para que «estas exhumaciones puedan ser controladas» por su Juzgado, tanto en su ejecución, como en su resultado una vez que resuelva si procede o no admitir a trámite la causa.

LA FISCALÍA PIDIÓ EL ARCHIVO.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó en febrero pasado el archivo de las denuncias, al considerar que han prescrito en aplicación de la Ley de Amnistía de 1977. También destacó que los hechos señalados eran contemplados como delitos comunes con tipificación ordinaria de asesinato, detención ilegal o lesiones en el Código Penal de la época en la que se cometieron, en referencia al ordenamiento de la Segunda República.

«Al quedarnos sólo en presencia de delitos comunes les son aplicables en toda su amplitud los artículos 1 y 2 de la Ley de Amnistía, lo que produjo ya en 1977 la extinción de la responsabilidad criminal», argumentaba en su escrito el Ministerio Fiscal.

De igual modo, el Ministerio Público sostenía que la competencia en el presente caso no corresponde a la Audiencia Nacional debido a que los crímenes contra la humanidad deben ser perseguidos por el órgano de la jurisdicción que corresponda, es decir, los juzgados del lugar en el que se hayan cometido los hechos.

Los familiares de las víctimas, que se manifestaron el pasado 26 de febrero a las puertas de la Audiencia Nacional, defienden que la invocación de leyes de amnistía o del principio de prescriptibilidad para no investigar crímenes internacionales como la desaparición forzada «no es conforme al Derecho Internacional».

A su juicio, el Estado tiene «la obligación de investigar y localizar el paradero de las personas desaparecidas cuando así lo solicitan sus familiares», ya que esta búsqueda constituye «una obligación que no se puede delegar en los particulares, ni mucho menos en los familiares».

Los colectivos que impulsan esta iniciativa son la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra y las Asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica de Andalucía, Valencia, Cataluña, Aragón, Mallorca, Valladolid, Ponteareas (Pontevedra), Sierra de Gredos y Toledo y Arucas (Gran Canaria).

Precisamente, Nieves Galindo, la nieta del maestro enterrado en una fosa común, en la localidad granadina de Víznar, junto al poeta Federico García Lorca, explicó la semana pasada que acudir a la vía judicial es «prácticamente la única salida que le queda» para promover la exhumación de la fosa en la que podrían encontrarse los restos de su abuelo tras «más de 16 de años de lucha» y ante la reiterada negativa de la familia Lorca a desarrollar esta actuación.
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Garzón investigará sobre los desaparecidos del franquismo

El juez de la Audiencia Nacional reclama la colaboración decuatro alcaldes para identificar a los desaparecidos durante la Guerra Civil, a instancias de varias asociaciones de memoria histórica.

El juez de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha solicitado a instituciones como el Valle de los Caídos, la Conferencia Episcopal Española (CEE), el Centro Documental de Memoria Histórica o alcaldes de localidades como Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid que elaboren diversos listados y aporten datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil.

El magistrado ha tomado esta decisión como paso previo a decidir si es competente para investigar las denuncias que varias asociaciones de memoria histórica presentaron el 18 de julio de 2007 en la Audiencia Nacional. Estos colectivos solicitaban la persecución penal por delitos de lesa humanidad de los autores de las desapariciones, \’sacas\’, asesinatos, torturas y exilios forzosos que se cometieron a partir de 1936.

En una providencia hecha pública hoy, el magistrado solicita a la Abadía de Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y a la Delegación del Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial para que proporcione la información sobre «el nombre de las personas enterradas en este lugar, procedencia geográfica de los restos y causas de enterramiento».

Además, pide a los alcaldes de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid así como al rector de la Universidad de Granada el nombre de las personas enterradas en la fosas comunes a partir del llamado «alzamiento nacional» de 1936 y la situación de Guerra Civil que éste provocó.

El juez especifica que las fosas comunes se encuentran en el cementerio de San José (Granada), Nuestra Señora de la Salud y San Rafael (Córdoba) y San Fernando (Sevilla). Garzón pide además «las circunstancias en los que ocurrieron los enterramientos la fecha y si las muertes están anotadas en algún registro público».

Solicita también al Centro Nacional de la Memoria Histórica -dependiente del Ministerio de Cultura- que informe si dispone de los ficheros del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Pide además al Ministerio de Defensa que amplíe la solicitud que le trasladó el pasado mes de junio en la que le pedía que identificase qué organismo puede determinar el número de personas que desaparecieron en España a partir del 17 de julio de 1936. Pide además información a la Dirección de Registros y Notariado y al Centro Documental de la Memoria Histórica

También a la Conferencia Episcopal

En su providencia, el magistrado requiere a la Conferencia Episcopal que comunique a todas y cada una de las parroquias de España -un total de 22.827- que permitan el acceso a la Policía Judicial para que ésta identifique a posibles víctimas desaparecidas a partir del «alzamiento nacional» a través de los libros de difuntos de los que dispongan.
Además, requiere a una de las partes personadas que aporte «toda la información de la que disponga de todas las personas que estén practicando exhumaciones de víctimas de desapariciones forzadas» para que «estas exhumaciones puedan ser controladas» por su Juzgado, tanto en su ejecución, como en su resultado una vez que resuelva si procede o no admitir a trámite la causa.

La fiscalía pidió el archivo

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó en febrero pasado el archivo de las denuncias, al considerar que han prescrito en aplicación de la Ley de Amnistía de 1977. También destacó que los hechos señalados eran contemplados como delitos comunes con tipificación ordinaria de asesinato, detención ilegal o lesiones en el Código Penal de la época en la que se cometieron, en referencia al ordenamiento de la Segunda República.

«Al quedarnos sólo en presencia de delitos comunes les son aplicables en toda su amplitud los artículos 1 y 2 de la Ley de Amnistía, lo que produjo ya en 1977 la extinción de la responsabilidad criminal», argumentaba en su escrito el Ministerio Fiscal.

De igual modo, el Ministerio Público sostenía que la competencia en el presente caso no corresponde a la Audiencia Nacional debido a que los crímenes contra la humanidad deben ser perseguidos por el órgano de la jurisdicción que corresponda, es decir, los juzgados del lugar en el que se hayan cometido los hechos.

Los familiares de las víctimas, que se manifestaron el pasado 26 de febrero a las puertas de la Audiencia Nacional, defienden que la invocación de leyes de amnistía o del principio de prescriptibilidad para no investigar crímenes internacionales como la desaparición forzada «no es conforme al Derecho Internacional».

A su juicio, el Estado tiene «la obligación de investigar y localizar el paradero de las personas desaparecidas cuando así lo solicitan sus familiares», ya que esta búsqueda constituye «una obligación que no se puede delegar en los particulares, ni mucho menos en los familiares».
Los colectivos que impulsan esta iniciativa son la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra y las Asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica de Andalucía, Valencia, Cataluña, Aragón, Mallorca, Valladolid, Ponteareas (Pontevedra), Sierra de Gredos y Toledo y Arucas (Gran Canaria).

Precisamente, Nieves Galindo, la nieta del maestro enterrado en una fosa común, en la localidad granadina de Víznar, junto al poeta Federico García Lorca, explicó la semana pasada que acudir a la vía judicial es «prácticamente la única salida que le queda» para promover la exhumación de la fosa en la que podrían encontrarse los restos de su abuelo tras «más de 16 de años de lucha» y ante la reiterada negativa de la familia Lorca a desarrollar esta actuación.
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Garzón pide al Valle de los Caídos y a varios ayuntamientos un listado sobre los desaparecidos en la Guerra Civil

La Policía Judicial accederá además a todas la parroquias de España para consultar los libros de difuntos de que disponen

El juez de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha solicitado a instituciones como el Valle de los Caídos, la Conferencia Episcopal Española (CEE), el Centro Documental de Memoria Histórica o alcaldes de localidades como Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid que elaboren diversos listados y aporten datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil.

El magistrado ha tomado esta decisión como paso previo a decidir si es competente para investigar las denuncias que varias asociaciones de memoria histórica presentaron el 18 de julio de 2007 en la Audiencia Nacional. Estos colectivos solicitaban la persecución penal por delitos de lesa humanidad de los autores de las desapariciones, «sacas», asesinatos, torturas y exilios forzosos que se cometieron a partir de 1936.

En una providencia hecha pública hoy, el magistrado solicita a la Abadía de Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y a la Delegación del Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial para que proporcione la información sobre «el nombre de las personas enterradas en este lugar, procedencia geográfica de los restos y causas de enterramiento».

Además, pide a los alcaldes de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid así como al rector de la Universidad de Granada el nombre de las personas enterradas en la fosas comunes a partir del llamado «alzamiento nacional» de 1936 y la situación de Guerra Civil que éste provocó.

El juez especifica que las fosas comunes se encuentran en el cementerio de San José (Granada), Nuestra Señora de la Salud y San Rafael (Córdoba) y San Fernando (Sevilla). Garzón pide además «las circunstancias en los que ocurrieron los enterramientos la fecha y si las muertes están anotadas en algún registro público».

Solicita también al centro Nacional de la Memoria Historia -dependiente del Ministerio de Cultura– que informe si dispone de los ficheros del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Pide además al Ministerio de Defensa que amplíe la solicitud que le trasladó el pasado mes de junio en la que le pedía que identificase qué organismo puede determinar el número de personas que desaparecieron en España a partir del 17 de julio de 1936. Pide además información a la Dirección de Registros y Notariado y al Centro Documental de la Memoria Histórica

TAMBIÉN A LA CONFERENCIA EPISCOPAL
En su providencia, el magistrado requiere a la Conferencia Episcopal que comunique a todas y cada una de las parroquias de España –un total de 22.827– que permitan el acceso a la Policía Judicial para que ésta identifique a posibles víctimas desaparecidas a partir del «alzamiento nacional» a través de los libros de difuntos de los que dispongan.

Además, requiere a una de las partes personadas que aporte «toda la información de la que disponga de todas las personas que estén practicando exhumaciones de víctimas de desapariciones forzadas» para que «estas exhumaciones puedan ser controladas» por su Juzgado, tanto en su ejecución, como en su resultado una vez que resuelva si procede o no admitir a trámite la causa.

LA FISCALÍA PIDIÓ EL ARCHIVO.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó en febrero pasado el archivo de las denuncias, al considerar que han prescrito en aplicación de la Ley de Amnistía de 1977. También destacó que los hechos señalados eran contemplados como delitos comunes con tipificación ordinaria de asesinato, detención ilegal o lesiones en el Código Penal de la época en la que se cometieron, en referencia al ordenamiento de la Segunda República.

«Al quedarnos sólo en presencia de delitos comunes les son aplicables en toda su amplitud los artículos 1 y 2 de la Ley de Amnistía, lo que produjo ya en 1977 la extinción de la responsabilidad criminal», argumentaba en su escrito el Ministerio Fiscal.

De igual modo, el Ministerio Público sostenía que la competencia en el presente caso no corresponde a la Audiencia Nacional debido a que los crímenes contra la humanidad deben ser perseguidos por el órgano de la jurisdicción que corresponda, es decir, los juzgados del lugar en el que se hayan cometido los hechos.

Los familiares de las víctimas, que se manifestaron el pasado 26 de febrero a las puertas de la Audiencia Nacional, defienden que la invocación de leyes de amnistía o del principio de prescriptibilidad para no investigar crímenes internacionales como la desaparición forzada «no es conforme al Derecho Internacional».

A su juicio, el Estado tiene «la obligación de investigar y localizar el paradero de las personas desaparecidas cuando así lo solicitan sus familiares», ya que esta búsqueda constituye «una obligación que no se puede delegar en los particulares, ni mucho menos en los familiares».

Los colectivos que impulsan esta iniciativa son la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra y las Asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica de Andalucía, Valencia, Cataluña, Aragón, Mallorca, Valladolid, Ponteareas (Pontevedra), Sierra de Gredos y Toledo y Arucas (Gran Canaria).

Precisamente, Nieves Galindo, la nieta del maestro enterrado en una fosa común, en la localidad granadina de Víznar, junto al poeta Federico García Lorca, explicó la semana pasada que acudir a la vía judicial es «prácticamente la única salida que le queda» para promover la exhumación de la fosa en la que podrían encontrarse los restos de su abuelo tras «más de 16 de años de lucha» y ante la reiterada negativa de la familia Lorca a desarrollar esta actuación.
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Destacan la fiabilidad y mejora de instrumentos para garantizar la calidad de los alimentos

– Destacan la fiabilidad y mejora de instrumentos para garantizar la calidad de los alimentos

Jaén.- El profesor de Química Analítica de la Universidad de Granada Luis Cuadros ha asegurado que en los últimos diez o quince años ha avanzado mucho la instrumentación técnica para garantizar la calidad de los alimentos, «de forma que hoy día cualquier cosa que se busque y esté presente se encuentra».

Cuadros, que dirige el curso \’Autenticidad y trazabilidad de los alimentos\’ que se celebra durante esta semana en la Sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en Baeza (Jaén) ha explicado en una entrevista a Efe que actualmente «los fraudes conocidos son fácilmente detectados».

En parte gracias a los avances técnicos y a la extensa red de laboratorios que tiene la Administración, como en Andalucía, donde solo las consejerías de Agricultura y Medio Ambiente tienen más de 40 laboratorios dedicados al control alimentario.

Asimismo ha afirmado que como consecuencia de las últimas crisis alimentarias, «los consumidores se preocupan cada vez más por la seguridad de los alimentos, fundamentalmente en lo que se refiere a la presencia de contaminantes y sustancias tóxicas».

Este interés social ha dado lugar al nacimiento de nuevas políticas de los países comunitarios que se traducen en la aparición de normativas y regulaciones que generan nuevos retos analíticos para los laboratorios de control de la calidad de los alimentos.

En el control de los alimentos se vela por su autenticidad, porque lo que el consumidor compre sea lo que el quiere y no haya ningún tipo de engaños, mientras que la seguridad alimentaria es decir comprobar que sean inocuos es solo una pequeña parte del fraude que se pueda producir.

Así el aceite de oliva virgen extra es «blanco de adulteración frecuente» en cuanto a su calidad, o al hecho de que se puedan producir mezclas con otras grasas, ya que este producto va ligado al beneficio económico, por reunir los dos aspectos fundamentales un alto precio y un consumo mayoritario.

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Transgénicos en la cesta de la compra

– Transgénicos en la cesta de la compra

Causan tanta curiosidad como temor porque sus efectos son aún desconocidos. Los alimentos transgénicos son sometidos a controles especiales y debe especificarse su origen, pero según reconoció en Baeza el químico Luis Cuadros Rodríguez en España circulan más de los que se declaran.

Cuadros Rodríguez, profesor titular del departamento de Química Analítica de la Universidad de Granada, dirige esta semana el curso Autenticidad y trazabilidad de los alimentos en la sede jiennense de la Universidad Internacional de Andalucía. Aunque admitió que “hay países europeos con una mayor producción” de alimentos transgénicos, reconoció que “en España hay más en circulación de lo que se declara”.

En rueda de prensa, explicó que “hay mucha polémica” sobre los transgénicos pero “a nivel técnico no está claramente demostrado” que “sean ni mejores ni peores”. Añadió que “estos alimentos se hacen porque su elaboración es más económica o resistente”, y por tanto “en países que tienen carencia en la producción, es una medida importante”.

El profesor de Química reconoció que aún “no se sabe cómo afectan al consumidor”, ya que sus efectos podrían ser a largo plazo, por lo que “se exige que se declaren” los transgénicos que se ponen a la venta, para que el consumidor pueda decidir y porque unos se pueden utilizar y otros no.

controles. En cuanto al control, apuntó que “es complicado hacer los análisis genéticos” y que “no se pueden hacer a todos los productos, aunque cuando se sospecha si se hace”.

El procedimiento se basa en inspecciones sorpresa a las organizaciones relacionadas con la elaboración de alimentos y a las envasadoras, así como en análisis de muestras.

El director del curso señaló que “a raíz de las crisis alimentarias de los 80 y 90 existe un sistema denominado de trazabilidad alimentaria” que obliga a las empresas a llevar un seguimiento de las materias y productos que formen parte de los alimentos, con sus propios controles registrados y documentado.

Este procedimiento exige que cualquier material que esté en contacto con un alimento esté identificado. El objetivo final sería, “aunque en la práctica no es posible”, que el consumidor “supiera de dónde procede cada uno de los componentes que forman el alimento”, afirmó. Para ello se identifican documentalmente todos los componentes, así como su procedencia y canales de distribución, información que ayuda si hay que retirar lotes.

Fraudes. Por otra parte, Cuadros Rodríguez se refirió a los principales fraudes que se suelen cometer: adulteraciones en la composición de un alimento, información incorrecta sobre el producto que se oferta y alimentos contaminados por falta de preocupaciones, que es “el que suele generar alarmas alimentarias”.

Respecto a la contaminación en los alimentos, el profesor de habló de dos niveles: uno químico, donde lo más frecuente es la presencia de plaguicidas o residuos de antibióticos en animales, y a nivel microbiológico, por falta de higiene. Sobre el mal de las vacas locas, explicó que “a priori no se sabe si está contaminada la carne”, sino cuando se hacen los controles. Señaló que el agente que provoca la enfermedad es “un intermedio entre un microorganismo y una sustancia, como un veneno”.

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Los universitarios llevarán a debate el feminismo, los videojuegos y la televisión en la Universidad Internacional de Andalucía

– Los universitarios llevarán a debate el feminismo, los videojuegos y la televisión en la Universidad Internacional de Andalucía

Arranca la tercera semana de cursos de la UNIA

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) abordará la tercera semana de cursos, del 1 al 5 de septiembre con cinco seminarios que abordarán temáticas sobre la enseñanza desde el feminismo, la rehabilitación de centros históricos, la televisión, la alimentación y la informática gráfica aplicada al mundo de los videojuegos. Todo ello tendrá lugar en la sede Antonio Machado de Baeza (Jaén).

El curso \’Informática gráfica: algo más que videojuegos\’ abrirá las jornadas, dirigido por Rafael Jesús Segura Sánchez. En dicho curso se explicará la diversidad de campos donde se maneja esta disciplina, con hincapié en el sector del ocio.

Luis Cuadros Rodríguez, profesor de Química Analítica de la Universidad de Granada, llevará el curso \’Autenticidad y trazabilidad de los alimentos\’, donde analizará las consecuencias de las últimas crisis alimentarias y nuevas políticas de los países de la Unión Europea con respecto al control en calidad de alimentos.

Por su parte, Francisco Javier Terrados Cepeda, profesor de Proyectos Arquitectónicos de la Universidad de Sevilla y Premio Nacional de Calidad de la Vivienda 2005 en promoción pública, dirigirá el curso \’Secuencias de ciudad: rehabilitación integral de los centros históricos en Andalucía\’; también contará con la participación de la directora del Área de Rehabilitación Concertada de Sevilla de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía Elena Morón Serna. Con este curso se pretende difundir las áreas de rehabilitación a modo de instrumento de política de rehabilitación urbana integral.

Cerrarán la semana los cursos \’Cultura, ciudadanía e imperio: enseñanza desde el feminismo\’, impartidos la profesora de la Universidad de Granada Margarita Birriel Salcedo, y con la colaboración del Instituto de Estudios de la Mujer y la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía; y \’Una relación de amor y odio: cultura y televisión\’, coordinado por Alejandro Alvarado Jódar, responsable de Canal 2 Andalucía.

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Garzón obliga a la Iglesia y a varios ayuntamientos a reabrir la memoria histórica

– Garzón obliga a la Iglesia y a varios ayuntamientos a reabrir la memoria histórica

Cuando parecía aplacada la polvareda de la ley de memoria histórica (que finalmente no recibió tal nombre y que se ha caracterizado por irritar a todos y no contentar a nadie) las entidades y asociaciones de familiares de represaliados del bando republicano han hallado un ariete a la medida de sus reivindicaciones en el juez Baltasar Garzón. Éste, según trascendió ayer, ha abierto diligencias para requerir a diversas instituciones listados de desaparecidos y fusilados durante la Guerra Civil y el Franquismo, con el fin de elaborar un censo y determinar si su juzgado, el número 5 de la Audiencia Nacional, es competente o no para investigar estos crímenes que los familiares de las víctimas consideran de «lesa humanidad» y, por tanto, imprescriptibles.
El pasado mes de junio, el juez ya se había dirigido a los ministerios de Defensa e Interior para pedirles un informe sobre el número de desaparecidos durante ese periodo, como paso previo a su decisión, ahora, de llevar a cabo estas nuevas actuaciones.
A espaldas de la Fiscalía
Garzón ha optado por seguir adelante en la «brecha» de la memoria histórica a espaldas del criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que el pasado mes de febrero solicitó el archivo de las denuncias presentadas al considerar que se trataba de hechos que en su momento, según la legislación de la II República, estaban tipificados como delitos comunes y, en consecuencia, sus autores se habrían beneficiado de la «extinción de la responsabilidad» derivada de la amnistía general de 1977.
Además, en el caso de que se pudieran considerar delitos de lesa humanidad, la Fiscalía estimó que la Audiencia Nacional no era competente para juzgarlos, porque el criterio general es que este tipo de crímenes se han de tramitar en los juzgados de la jurisdicción donde hayan ocurrido los hechos.
El auto de Garzón pretende ser, a priori, de largo alcance, pues implica a la Conferencia Episcopal, a los Ayuntamientos de Madrid, Córdoba, Granada y Sevilla, a la Abadía del Valle de los Caídos, al Ministerio de Defensa, a la Dirección General de los Registros y del Notariado, del Centro de Documentación de la Memoria Histórica, e incluso al rector de la Universidad de Granada.
Todas las parroquias
En concreto, Baltasar Garzón insta a la Conferencia Episcopal a que comunique a todas y cada una de las parroquias de España (que son casi veintitrés mil) «que deberán permitir el acceso de la policía judicial» para la identificación de los fusilados y desaparecidos a partir del 17 de julio de 1936. O sea, a partir del «alzamiento».
A los Ayuntamientos les pide toda la documentación que permita certificar la identidad de las personas enterradas en fosas comunes de los cementerios de San José (Granada), Nuestra Señora de la Salud y San Rafael (Córdoba) y en el camposanto sevillano de San Fernando. A ese requerimiento de los datos posibles de fechas de nacimiento, residencia y filiación, añade Garzón el de que los mencionados Consistorios aporten información sobre las «circunstancias y hechos que concurrieron para estos enterramientos masivos», en busca de responsables.
Especialmente significativa es la petición a la abadía benedictina del Valle de los Caídos de un listado de las personas enterradas en este recinto, así como datos sobre la procedencia geográfica de los restos y «las causas del enterramiento allí hecho».
Otras diligencias las dirige el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional al Archivo General de la Administración (para que identifique a la entidad u organismo que pueda concretar el número de desaparecidos e informe de si han existido denuncias por esas desapariciones), al Centro Documental de la Memoria Histórica (al que pide los ficheros del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo), al Ministerio de Defensa en demanda de documentación archivada en los tribunales militares y a la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la constancia que pueda tener de casos de desaparición.
Ocho denuncias
Han sido en total ocho las denuncias referidas a este tipo de hechos, promovidas por asociaciones (salvo una de ellas, de un diputado socialista) que vienen cifrando en unas treinta mil las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo. Estas entidades, que han acogido con la lógica satisfacción la iniciativa del juez Garzón, estiman además que, queden en lo que queden las diligencias abiertas, servirán para impulsar la elaboración de un censo de desaparecidos en esa etapa histórica.
Precisamente, hace pocos días volvió a cobrar relieve el caso de la fosa común de la localidad granadina de Víznar en la que están los restos del poeta Federico García Lorca. Nieves Galindo, la nieta del maestro enterrado en ese mismo lugar, explicó la semana pasada a Ep que acudir a la vía judicial es «la única salida que le queda» para promover la exhumación de su abuelo y ante la negativa de la familia Lorca a llevar a cabo esa actuación.
Estos «flecos» de insatisfacción y malestar persisten en numerosos descendientes de fusilados y desaparecidos después de que el pasado otoño quedara definitivamente aprobada en el Congreso la polémica «Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra civil y la Dictadura», barroquísimo nombre con el que quedó finalmente bautizada la ley de memoria histórica, un empeño personal de José Luis Rodríguez Zapatero en el que sus convicciones más íntimas tropezaron con el sentido común,
Españoles «buenos» y «malos»
Así, en la normativa (que, según el PP, cae en los mismos pecados del franquismo, al dividir a los españoles en «buenos» y «malos») no se recogieron algunas de las exigencias de los colectivos de reivindicación republicana, como la de la anulación de todos los juicios políticos. Pero ante el riesgo de que en la nueva legislatura se pasara página, Garzón ha tomado el testigo de Zapatero.
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