Nuevo producto para detectar sustancias prohibidas para engordar animales

Científicos de la Universidad de Granada han obtenido un compuesto que detecta con gran precisión el uso fraudulento de Tapazol®, un medicamento antitiroideo que conlleva la obtención de carne de menor calidad, además de entrañar un riesgo potencial para la salud del consumidor.

El engorde de animales de granja mediante el uso de sustancias prohibidas está perseguido por los organismos sanitarios competentes, pero en muchos casos resulta difícil o casi imposible de detectar. Según los expertos, actualmente la detección de estos compuestos resulta problemática dadas la naturaleza físico-química de los mismos y las limitaciones que presentan las técnicas de análisis más utilizadas.

Sin embargo, el grupo de investigadores del departamento de Química de la Universidad de Granada ha conseguido desarrollar un procedimiento que permite obtener el derivado deuterado del Tapazol®. Los compuestos deuterados son especialmente ventajosos tanto en el campo farmacéutico como en el analítico.

De esta forma, el producto desarrollado (Tapazol® marcado con deuterio) podría aplicarse para el análisis químico de alimentos, sirviendo de patrón para la detección del compuesto tireostático Tapazol®. Adicionalmente, el procedimiento de preparación de este compuesto se puede aplicar en el ámbito de la industria químico-farmacéutica, como metodología adecuada para la preparación de Tapazol marcado con deuterio, informa la Universidad de Granada.
Descargar


Un experto advierte de que en España hay más alimentos transgénicos en circulación de los que se declaran

El profesor titular del departamento de Química Analítica de la Universidad de Granada (UGR) Luis Cuadros Rodríguez afirmó hoy en relación a los alimentos transgénicos que «en España hay más en circulación de lo que se declara» aunque admitió que «hay países europeos con una mayor producción» de éstos.

En el marco del curso \’Autenticidad y trazabilidad de los alimentos\’ en la sede de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en Baeza (Jaén), el experto explicó que «hay mucha polémica», pero que «a nivel técnico no está claramente demostrado» que los productos transgénicos «sean ni mejores ni peores». En este sentido, añadió que «estos alimentos se hacen porque su elaboración es más económica o resistente», y por tanto «en países que tienen carencia en la producción, es una medida importante».

Sin embargo, reconoció que aún «no se sabe cómo afectan al consumidor», ya que los efectos podrían ser a largo plazo, por lo que «se exige que se declaren» los transgénicos que se ponen a la venta, para que el consumidor mismo «quien decida» si lo compra o no.

De hecho, afirmó que hay «unos determinados transgénicos que se pueden utilizar y otros que no», por lo que actualmente «la ley obliga a declarar estos alimentos». A nivel de control, en este sentido, apuntó que «es complicado hacer los análisis genéticos» y que «no se pueden hacer a todos los productos, aunque cuando se sospecha si se hace».

DOS OPERACIONES DE CONTROL DE CALIDAD

En cuanto a los procedimientos que se siguen para el control de calidad de los alimentos, Cuadros Rodríguez explicó que a nivel de la administración el trabajo se basa en un programa llamado \’Control Oficial de Productos Alimenticios\’, dividido en dos tipos de operaciones.

Por una parte, «en la inspección sin previo aviso de cualquier organización relacionada con la elaboración de alimentos, así como de las empresas de envasados»; y en otra vertiente, en «los controles analíticos», en los que «tras las inspecciones se llevan las muestras a laboratorios acreditados y reconocidos para analizar y realizar los controles precisos».

En este sentido explicó también que «a raíz de las crisis alimentarias de los 80 y 90 existe un sistema denominado de \’trazabilidad alimentaria\'», mediante el que se obliga a las empresas a llevar «un seguimiento de las materias y productos que vayan a formar parte de los alimentos, con sus propios controles registrados y anotados en documentos especiales que son objeto de inspección». Además de este proceso, el experto aseguró que «también se realizan controles por sorpresa».

Concretamente, el profesor de la UGR señaló que «la trazabilidad exige que cualquier material que esté en contacto con un alimento esté siempre identificado». El objetivo final de este proceso sería, «aunque en la práctica no es posible», que el consumidor «supiera de dónde procede cada uno de los componentes que forman el alimento», afirmó.

«Para ello –añadió– se identifican documentalmente todos los componentes. El objetivo es que el consumidor sepa esta información». De hecho, admitió que «ahora está más avanzado y el consumidor, al menos, puede saber la procedencia» de los productos que va a adquirir.

En cuanto a las inspecciones llevadas a cabo por la administración, Cuadros Rodríguez apuntó que «funcionan bien porque el sistema está diseñado de forma que cuando se detecta un problema a cualquier nivel, en poco tiempo se puede saber de dónde proviene y dónde se ha distribuido», información que ayuda a la hora de retirar los lotes.

Esto es posible, según explicó, porque cada alimento «lleva un documento en el que informa sobre su procedencia y los canales de distribución», algo que es de obligado cumplimiento.

El consumidor, de hecho, no tiene más información que la que se recoge en la etiqueta, y por ello «el que la etiqueta diga la verdad tiene que ver con la administración y sus controles».

Por otra parte, el experto habló de los principales fraudes que se suelen cometer, que resumió en tres categorías: «adulteraciones, por la modificación en la composición de un alimento»; «información no correcta» sobre el producto que se oferta; y finalmente «alimentos contaminados por falta de preocupaciones», que es el fraude más peligroso y «el que suele generar alarmas alimentarias».

Respecto a la contaminación en los alimentos, el profesor de la UGR añadió que «se habla a dos niveles: uno químico, donde lo más frecuente es la presencia de plaguicidas o residuos de alimentos en animales, como antibióticos; y a nivel microbiológico, por falta de higiene».

DETECCIÓN DEL «MAL DE LAS VACAS LOCAS»

En relación a los casos de carne de animales que han sufrido el denominado «mal de las vacas locas», el experto explicó que «a priori no se sabe si está contaminada la carne», sino cuando se hacen los controles. En estos casos, expuso que «el agente que provoca la enfermedad es un intermedio entre un microorganismo y una sustancia, como un veneno», por lo que ésta «no está producida por ningún organismo tipo germen o bacteria, sino por una sustancia que es una proteína, que se desarrolla como un virus».

«Hay que buscar estas proteínas directamente — destacó–, aunque se trata de un análisis complicado que tarda tiempo». No obstante, señaló que el animal que viene infectado «es porque está contagiado», por lo que a partir del sistema de trazabilidad «se puede detectar el origen de la infección», que en el caso de la encefalopatía espongiforme eran los piensos que se hacían con residuos de la carne de otros animales.
Descargar


Garzón activa la maquinaria judicial para hacer un censo sobre los desaparecidos del Franquismo

Un gran censo con los nombres de los desaparecidos durante el Franquismo, desde el alzamiento nacional del 18 de julio de 1936. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón está dispuesto a iniciar una labor ingente de recogida de datos tras el primer paso dado ayer en el que solicita, mediante una providencia, información a numerosas instituciones que podrían albergar listados de las víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo para determinar si es competente para investigar estos hechos. Entre ellas, se encuentran la Iglesia, el Valle de los Caídos los ayuntamientos de cuatro ciudades, el Ministerio de Defensa, el Centro Nacional de la Memoria Histórica y el rector de la Universidad de Granada.

La investigación podría deparar el paradero de miles de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y de la que en numerosos casos no se tiene el registro de su fallecimiento, ni el lugar de su asesinato y entierro. Garzón ha asumido así la causa en la que llevan investigando durante años historiadores y familiares de las víctimas. Cientos de ellas, englobadas en ocho colectivos de recuperación de la memoria de histórica, solicitaron el 18 de julio del 2007 la persecución penal por delitos de lesa humanidad, ‘sacas’, asesinatos, torturas y exilios forzosos que se cometieron a partir de 1936.

Garzón no ha admitido aún a trámite sus demandas, si bien ha iniciado esta recogida de información para armarse de argumentos jurídicos sobre los que poder desestimar o admitir a trámite la demanda. Si bien, a su juicio, parece quedar claro que en ningún caso se trataría de un caso de genocidio, que no prescribe según el derecho internacional. El término ‘desaparecidos’ se puede atribuir, según el historiador y catedrático de la Universidad de Zaragoza Julián Casanova, a unas 25.000 personas (las asociaciones por la Memoria elevan la cifran a entre 30.000 y 40.000 casos). “De ellas, será difícil localizar a más de 15.000 víctimas. Ha pasado el tiempo y muchos de las fuentes orales que podrían dar testimonio sobre su paradero han desaparecido”, afirma.

Archivos eclesiales

El paso dado ayer por Garzón llega después de que tanto el Ministerio de Defensa, como el de Cultura hayan sido incapaces de identificar qué organismo puede determinar el número de personas que desaparecieron a raíz del alzamiento. En su providencia, Garzón informa a la Conferencia Episcopal de que deberá permitir que la Policía Judicial acceda a todas las parroquias de España (un total de 22.827) para que les faciliten los libros de difuntos de los que disponen con el fin de identificar a las posibles víctimas desaparecidas a partir de aquella época. A la Abadía Benedictina del Valle de los Caídos y a la Delegación del Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial les reclama que le proporcionen los nombres de las personas que están enterradas en este lugar. Esto último es, según Casanova, “el aspecto más sencillo de todo lo solicitado por Garzón, pues la abadía contiene un registro con el nombre de todas las personas enterradas, su fecha de traslado al valle y el lugar desde el que fueron traídos los restos”.

Según Casanova, en las criptas de los Caídos se encuentran sepultadas unas 30.000 víctimas, principalmente del bando nacional. Pero también fueron llevados allí, muchas veces a la fuerza y sin el consentimiento de las familias, cadáveres de republicanos, en su mayoría extraídos de las fosas comunes de numerosos cementerios de España. “El registro pertenece al Ministerio de Cultura y si se hace público se dará a conocer el paradero de muchos desaparecidos cuyas familias no saben que están enterrados en la abadía”, señala el catedrático.

La petición del juez también se extiende a los alcaldes de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid, que deben notificarle el nombre de las personas enterradas en fosas comunes de sus localidades -también fecha y lugar de su nacimiento, residencia y filiación-. En concreto, Garzón se refiere a los cementerios de San José (Granada), Nuestra Señora de la Salud y el de San Rafael (Córdoba) y San Fernando (Sevilla) y reclama que le informen sobre las circunstancias y hechos que ocurrieron para estos «enterramientos masivos», así como cuándo se produjeron.

Se dirige también al Archivo General de la Administración para que le emita un informe o le identifique el organismo que pueda dictaminar sobre la cifra de desaparecidos, y al Centro Documental de la Memoria Histórica le pide que le haga llegar los ficheros del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo de los que disponga. Otro de los organismos a los que se remite es la Dirección General de los Registros y del Notariado.

Garzón requiere, por último, a una de las partes personadas -hay un total de ocho asociaciones de familiares de desaparecidos- que aporte también los datos que tenga sobre las personas que estén realizando exhumaciones de víctimas de desapariciones forzadas con el fin de que estas actuaciones puedan ser controladas por su juzgado «tanto en su ejecución como en su resultado una vez que se resuelva sobre la competencia».
Descargar


Desarrollan un nuevo producto para la detección eficaz de sustancias prohibidas empleadas en el engorde de animales

Científicos del departamento de Química Orgánica de la Universidad de Granada (UGR) han desarrollado un nuevo producto capaz de detectar con gran precisión el uso de sustancias prohibidas para el engorde de animales, como el Tapazol, medicamento antitiroideo que conlleva la obtención de carne de menor calidad, además de entrañar un riesgo potencial para la salud del consumidor.

Por estas razones, desde hace más de dos décadas el uso de estos compuestos está totalmente prohibido en el marco de la Unión Europea, informó la UGR en una nota.

Actualmente, y según los expertos, la detección de estos compuestos en muestras de diversa procedencia –orina, leche, carne, sangre y muestras de tiroides– resulta problemática debido a la propia naturaleza físico-química de los mismos, además de las limitaciones que presentan las técnicas de análisis más utilizadas en la detección de estas sustancias, como son la cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) y la cromatografía de gases-espectrometría de masas.

Una reciente directiva de la Unión Europea indica que el uso de derivados deuterados de los compuestos tireostáticos a investigar constituye un método analítico de alta precisión para la detección de estos compuestos. Sin embargo, no se conocía hasta la fecha el derivado deuterado del Tapazol.

El grupo de investigadores formado por Enrique Oltra Ferrero, José Justicia Ladrón de Guevara y Juan Manuel Cuerva Carvajal, del departamento de Química Orgánica de la Universidad de Granada, han desarrollado un procedimiento que permite obtener el derivado deuterado del Tapazol. Dichos compuestos deuterados son especialmente ventajosos tanto en el campo farmacéutico como en el analítico.

El producto desarrollado, Tapazol marcado con deuterio, es aplicable en el campo del análisis químico de alimentos, como patrón para la detección del compuesto tireostático Tapazol. Adicionalmente, el procedimiento de preparación de este compuesto se puede aplicar en el ámbito de la industria químico-farmacéutica, como metodología adecuada para la preparación de Tapazol marcado con deuterio.

Actualmente, desde la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidad de Granada se promociona esta invención protegida mediante patente.
Descargar


Granada optará a organizar en 2015 la Universiada

Con las imágenes de los pasados Juegos de Pekín aún vivas, Granada ha decidido que también quiere organizar una Olimpiada. Así de fuerte, pero así de real. La ciudad va a optar a acoger la Universidad del año 2015, los Juegos Olímpicos que disputan los mejores deportistas universitarios de todo el mundo.
José Torres Hurtado, alcalde de la capital, y Francisco González Rodeiro, rector de la Universidad de Granada, presentarán y firmarán hoy en una rueda de prensa el acuerdo con el que se pretende que la Universiada de dentro de siete años se celebre a las faldas de La Alhambra.
Pese a que la ciudad ha luchado otras veces por grandes eventos relacionados con los deportes de invierno, la apuesta de Granada será por la Universiada de Verano y no por la de Invierno, que también aterrizará en algún lugar del mundo en 2015.
Los Juegos Universitarios son los eventos deportivos internacionales que reúnen cada dos años a los mejores deportistas de distintas disciplinas que cursan estudios universitarios de todo el planeta.
La Universiada de Verano para la que Granada presentará su candidatura ante la Federación Internacional de Deportes Universitarios incluye competiciones de fútbol, atletismo, baloncesto, gimnasia, esgrima, judo, lucha, tiro, waterpolo, taekwondo, tenis, voleibol, vela y natación.
Está previsto que la localidad gallega de Vigo también presente su candidatura para 2015, después de que se haya quedado cerca de organizar la Universiada de 2013, que fue finalmente asignada a la ciudad rusa de Kazan.
Sólo una vez en España. Desde que en 1959 se celebraran en Turín (Italia) los primeros Juegos Universitarios, sólo una ciudad española los ha organizado: Palma de Mallorca en 1999.
Belgrado (Serbia) en 2009 y Shenzhen (China) en 2011 serán las próximas sedes de este gran evento, que el Ayuntamiento y la Universidad de Granada tratarán de traer de nuevo a España en 2015.
Descargar


La segunda lista de admitidos en la UGR está desde anoche en internet

Los alumnos tienen hasta el 4 de septiembre para formalizar su matrícula o reservar su plaza. Medicina, con un 8,76, la titulación con la nota de corte más elevada.

La Comisión del Distrito Universitario Único de Andalucía hizo pública a las 0.00 horas de hoy lunes el nuevo listado de admitidos en cada una de las titulaciones y centros de la Universidad de Granada y el resto de instituciones de Andalucía. El nuevo listado fue aprobado por esta Comisión en una reunión celebrada el pasado viernes en la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

El resultado de esta segunda adjudicación se comunica a los interesados a través de mensajes SMS a sus teléfonos móviles y simultáneamente a sus cuentas de correo electrónico, y puede consultarse en el punto de acceso electrónico www.juntadeandalucia.es/ innovacioncienciayempresa y en los tablones de anuncio de todas las oficinas de preinscripción o de los centros universitarios andaluces de la titulación de que se trate.

Segunda oportunidad. El plazo de reserva o matrícula de esta segunda adjudicación estará abierto del 1 al 4 de septiembre. En este segundo plazo bajan las notas de corte en aquellas titulaciones que exigían más de un 5 en el mes de julio, por lo que los estudiantes que no lograron acceder a su primera opción y estaban en lista de espera pueden ahora optar a otra carrera o universidad más cercana a sus preferencias o incluso, en numerosos casos, matricularse en su primera opción.

Las titulaciones que en esta segunda adjudicación han alcanzado una mayor nota de corte en las universidades han sido: en el caso de Almería, la diplomatura de Fisioterapia, con un 7,58; en Cádiz, la licenciatura de Medicina con 8,43, al igual que en Córdoba, donde Medicina está en un 8,62 y en Granada, donde llega al 8,76. La diplomatura de Enfermería es la titulación con la mayor nota en Huelva, con un 6,78, mientras que en la Universidad de Jaén, la nota de corte más elevada es la de la diplomatura de Fisioterapia, con un 7,7.

En Málaga la lista de notas la encabeza Medicina, con un 8,56, mientras que en la Universidad de Sevilla la nota más alta la tiene Medicina con un 8,51, mientras que en la Universidad Pablo de Olavide, la titulación que exige mayor puntuación es la licenciatura de Biotecnología, con un 8,75. Los estudiantes universitarios que en esta nueva adjudicación sean admitidos en la carrera que solicitaron en primera opción, o aquellos que, a pesar de no haber logrado su primera opción, estén conformes con la titulación asignada tienen de plazo desde el lunes 1 hasta el jueves 4 de septiembre para formalizar su matrícula.

Después de esta fecha quienes, debiendo hacer matrícula, no la realicen en el centro establecido quedarán excluidos del proceso. Si por el contrario, prefieren esperar a la tercera y última adjudicación, el 10 de septiembre, deberán realizar una reserva de plaza en el centro asignado, sin desistir por ello de su primera opción. Esta reserva se puede hacer por en el punto de acceso electrónico www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa entre el 1 y 4 de septiembre. El sistema de Distrito Único envía, en el mismo momento de formalizar la reserva de plaza, un SMS y un correo confirmando instantáneamente el trámite realizado por el alumno.

Descargar


Garzón pide al alcalde el número de enterrados en fosas comunes

La providencia del juez Baltasar Garzón es el primer paso para la elaboración de un gran censo nacional de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo.

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón pidió ayer al alcalde de Granada, José Torres Hurtado, que le notifique los nombres de las personas que fueron enterradas en fosas comunes durante la Guerra Civil y el franquismo. En concreto, el magistrado reclama en una providencia que se le envíe toda la información relacionada con los desaparecidos de esa época que conste en el archivo del cementerio municipal de San José. La misma información se le ha solicitado a los responsables de diversas entidades y corporaciones, entre ellos al rector de la Universidad de Granada, Francisco González Lodeiro.
La petición del juez se extiende también a los alcaldes de Madrid, Córdoba y Sevilla y reclama, además del nombre de esas personas, su fecha y lugar de nacimiento, residencia y filiación.
Garzón se refiere a los cementerios de San José (Granada), Nuestra Señora de la Salud y el de San Rafael (Córdoba) y San Fernando (Sevilla) y solicita que le informen sobre las circunstancias y hechos que ocurrieron para estos «enterramientos masivos», así como cuándo se produjeron.
En la providencia, Garzón pide al abad del Valle de los Caídos, al Archivo General de la Administración, a la Conferencia Episcopal y al Centro Documental de la Memoria Histórica que le informen sobre el número de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo con el fin de determinar si es competente para investigar estos hechos.
A la Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y a la Delegación del Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial les reclama que le proporcionen los nombres de las personas que están enterradas en este lugar.
Otro de los mandatos fijados por Garzón se dirige directamente a la Conferencia Episcopal, cuyos responsables deberán permitir el acceso de la Policía Judicial a todas las parroquias de España (un total de 22.827) para que les faciliten los libros de difuntos de los que disponen con el fin de identificar a las posible víctimas desaparecidas desde el ´alzamiento nacional´ que se produjo el 18 de julio de 1936, que derivó en la Guerra Civil, y a partir de 1939 en los 40 años de la dictadura de Franco.
El Archivo General de la Administración deberá emitir un informe sobre la cifra de desaparecidos y el Centro Documental de la Memoria Histórica tendrá que hacerle llegar al magistrado todos los ficheros disponibles del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Otro de los organismos a los que se remite es la Dirección General de los Registros y del Notariado.

Pide datos a las partes. Garzón requiere a una de las partes personadas -hay un total de ocho asociaciones de familiares de desaparecidos- que aporte los datos que tenga sobre las personas que estén realizando exhumaciones de víctimas de desapariciones forzadas con el fin de que estas actuaciones puedan ser controladas por su juzgado «tanto en su ejecución como en su resultado una vez que se resuelva sobre la competencia».
A finales del mes de junio, el magistrado ya pidió informes a los Ministerios del Interior y de Defensa sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo con el fin de determinar la competencia de su juzgado para investigar estos hechos.
Entonces también solicitó a los denunciantes de estos casos que aportaran las identificaciones correspondientes a estas personas de cuyo paradero aún no se sabe nada y las circunstancias, si era posible, en que se produjeron. Asociaciones de familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo han presentado hasta ahora ocho denuncias en el juzgado de Garzón por diferentes casos en Navarra, Baleares, Canarias, Cataluña, Galicia, Andalucía y un caso individual de un diputado socialista, y, de forma genérica, han denunciado la desaparición de unas 30.000 personas durante esa época.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó en febrero pasado el archivo de las denuncias, al considerar que han prescrito en aplicación de la Ley de Amnistía de 1977. También destacó que los hechos señalados eran contemplados como delitos comunes con tipificación ordinaria de asesinato, detención ilegal o lesiones en el Código Penal de la época en la que se cometieron, en referencia al ordenamiento de la Segunda República. De igual modo, sostenía que la competencia no corresponde a la Audiencia Nacional debido a que los crímenes contra la humanidad deben ser perseguidos por los juzgados del lugar en el que se hayan cometido los hechos. Los familiares de las víctimas defienden que la invocación de leyes de amnistía o del principio de prescriptibilidad para no investigar crímenes internacionales como la desaparición forzada «no es conforme al Derecho Internacional». A su juicio, el Estado tiene «la obligación de investigar y localizar el paradero de las personas desaparecidas cuando así lo solicitan sus familiares».

Descargar


Garzón pide al Ayuntamiento y a la Universidad un censo de desaparecidos

Solicita información sobre la exhumación de restos para que su juzgado pueda controlar el proceso El juez trata de averiguar la magnitud del fenómeno para determinar si puede enjuiciar la dictadura

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón reclamó ayer a diferentes instituciones, entre ellas el Archivo General de la Administración y el Centro Documental de la Memoria Histórica, así como los ayuntamientos de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid y la Universidad de Granada, cuanta información atesoren que permita cuantificar el número de desaparecidos que hubo en España desde el 18 de julio de 1936 y durante la dictadura del general Francisco Franco, al objeto decidir si es competente para enjuiciar al régimen franquista.

En tanto se resuelve ese extremo, el magistrado ha solicitado con carácter general a todos los particulares y administraciones implicados información sobre las exhumaciones de restos en marcha, ya que su intención es que sean controladas por su juzgado si asume la investigación.

Una decena de asociaciones de familiares de personas desaparecidas durante la Guerra Civil o en los primeros años del franquismo han presentado en los últimos meses diversas denuncias que el juez Garzón investiga en un único sumario.

Su primera iniciativa fue reclamar en junio datos sobre el fenómeno a los Ministerios del Interior y de Defensa, cuyas respuestas no aportaron luz. Por eso resolvió ampliar sus pesquisas a los principales centros documentales de titularidad estatal.

Informes de los archivos

Al Archivo General, tercero del mundo por volumen de fondos históricos, le pide un informe cuasi pericial sobre el número de desapariciones «consecuencia directa del \’alzamiento nacional\’».

Algunos estudios concluyen que entre 1936 y 1945 el número de represaliados del franquismo cuyos restos mortales nunca se encontraron supera los 30.000, pero no existe un dato preciso. Sólo en la provincia de Granada, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica calcula que existen 12.500 desaparecidos.

Al Centro de la Memoria Histórica, el juez le solicita los ficheros del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, si los tiene, así como la base de datos de muertos y desaparecidos que elabora a partir de distintas fuentes documentales.

También reclama al Ministerio de Defensa los archivos de los tribunales militares que participaron en la represión franquista, y a la Dirección General de los Registros y del Notariado, cuanta información haya sobre ese asunto en los registros civiles.

Rastreo en las iglesias

Al no ser la Conferencia Episcopal un organismo de titularidad estatal, el juez no le pide información, sino que le ordena que comunique a todas las parroquias españolas, casi 23.000, «que deberán permitir el acceso de la Policía Judicial» a sus archivos, ya que «una de las fuentes de información que interesa a esta causa es la de los libros de difuntos» de las feligresías.

La resolución dictada ayer por el juez Garzón resuelve numerosas peticiones particulares de las distintas asociaciones personadas en la causa. Así, a instancias de una asociación de presos del franquismo, el magistrado reclama a la congregación benedictina que atiende el Valle de los Caídos y a la Delegación del Patrimonio Nacional de San Lorenzo del Escorial, responsable último del recinto, la identidad de las personas allí enterradas, su procedencia geográfica y el motivo de estar allí sepultados sin que, en muchos casos, sus allegados tengan noticia de ello.

También reclama información sobre el contenido de fosas comunes descubiertas en los cementerios de San José de Granada, Nuestra Señora de la Salud y San Rafael de Córdoba y San Fernando de Sevilla.

Los oficios judiciales van dirigidos a los alcaldes de las respectivas localidades, aunque en el caso granadino, en el que se buscan los restos de Federico García Lorca, también se solicita al rector de la Universidad cuanta información tenga la institución sobre la existencia de fosas comunes en esa provincia andaluza.

Las primeras denuncias contra los crímenes del franquismo llegaron a la Audiencia Nacional el 18 de julio de 2007. Desde entonces, la causa se ha visto lastrada por la oposición de la Fiscalía a que sean admitidas a trámite. Mientras las asociaciones de víctimas y familiares consideran que todos los delitos atribuibles a la dictadura de Franco son de lesa humanidad, y por tanto no prescriben, el Ministerio Público estima que son delitos comunes prescritos en aplicación de la Ley de Amnistía de 1977, por lo que reclama el archivo de las diligencias.

Descargar


Denuncian la existencia en España de más alimentos transgénicos de los declarados

El profesor Luis Cuadros Rodríguez de la Universidad de Granada dirige el curso sobre \’Autenticidad y trazabilidad de los alimentos\’

El profesor titular del departamento de Química Analítica de la Universidad de Granada (UGR) Luis Cuadros Rodríguez, que dirige esta semana el curso \’Autenticidad y trazabilidad de los alimentos\’ en la sede de Baeza de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), afirmó ayer sobre el tema de los alimentos transgénicos que en España «hay más en circulación de lo que se declara», pero admitió que «hay países europeos con una mayor producción de éstos», según Informa Europa Press.

Durante una rueda de prensa, el experto reconoció que «hay mucha polémica» en esta materia, aclarando que a nivel técnico «no está claramente demostrado» que los productos transgénicos «sean ni mejores ni peores». Además añadió que estos alimentos «se hacen porque su elaboración es más económica o resistente» y, por tanto, «en países que tienen carencia en la producción, es una medida importante».

Por otro lado, el profesor aseguró que «todavía no se sabe cómo afectan al consumidor», ya que los efectos podrían ser a largo plazo, por lo que «se exige que se declaren» los transgénicos que se ponen a la venta, para que sea el consumidor mismo «quien decida» si lo compra o no.

En esta línea, explicó la existencia de «unos determinados transgénicos que se pueden utilizar y otros que no», por lo que actualmente «la ley obliga a declarar estos alimentos».

Respecto al control al que se someten los alimentos, dejó claro que «es complicado hacer los análisis genéticos» y que «no se pueden hacer a todos los productos, aunque cuando se sospecha si se hace».

Sobre los procedimientos que se siguen para el control de calidad de los alimentos, Cuadros Rodríguez dijo que a nivel de la administración el trabajo se basa en un programa llamado \’Control Oficial de Productos Alimenticios\’, dividido en dos tipos de operaciones.

Por un lado, «en la inspección sin previo aviso de cualquier organización relacionada con la elaboración de alimentos, así como de las empresas de envasados»; y por el otro, «en los controles analíticos, donde tras las inspecciones se llevan las muestras a laboratorios acreditados y reconocidos para analizar y realizar los controles precisos».

Asimismo, explicó también que «a raíz de las crisis alimentarias de los 80 y 90 existe un sistema denominado de \’trazabilidad alimentaria\’», mediante el que se obliga a las empresas a llevar «un seguimiento de las materias y productos que vayan a formar parte de los alimentos, con sus propios controles registrados y anotados en documentos especiales que son objeto de inspección».

Aparte de este proceso, el experto aseguró que «también se realizan controles por sorpresa» para comprobar los alimentos.

En líneas generales, el profesor de la UGR señaló que «la trazabilidad exige que cualquier material que esté en contacto con un alimento esté siempre identificado».

La finalidad del proceso, aunque en la práctica no es posible, es que el consumidor «supiera de dónde procede cada uno de los componentes que forman el alimento», afirmó.«Para ello se identifican documentalmente todos los componentes. El objetivo es que el consumidor sepa esta información».

Sobre las inspecciones que la s Administraciones realizan, Cuadros Rodríguez apuntó que «funcionan bien porque el sistema está diseñado de forma que cuando se detecta un problema a cualquier nivel, en poco tiempo se puede saber de dónde proviene y dónde se ha distribuido».
Descargar


Garzón pide al alcalde un listado de los fusilados durante el franquismo

El juez da los primeros pasos para elaborar un censo de desaparecidos y ver si es competente para investigar el asunto · El rector también está entre las instituciones a las que se solicita información

El juez Baltasar Garzón dio ayer un paso en firme para arrojar algo de luz sobre la memoria de los fusilados durante la Guerra Civil y el franquismo. El alcalde de Granada, José Torres Hurtado, tendrá que responder a su petición de un listado de los enterrados en el cementerio de San José. Tanto el Ayuntamiento como la Universidad de Granada están entre las instituciones a las que Garzón solicita información en una providencia hecha pública ayer, en la que también son requeridos el Valle de los Caídos, el Ministerio de Defensa y la Conferencia Episcopal.

El objetivo último del magistrado de la Audiencia Nacional sería elaborar un censo nacional de desaparecidos a partir del llamado «alzamiento nacional» del 18 de julio de 1936. Para ello, le ha pedido a más de una decena de instituciones que lo informen sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo, y de este modo determinar si es o no competente para investigar los hechos, a raíz de las denuncias presentadas en julio por varias asociaciones de la memoria histórica. Estos colectivos solicitan la persecución penal, por delitos contra la humanidad, de los autores de las desapariciones, asesinatos, torturas y exilios forzosos que se cometieron.

El de Granada es uno de los cuatro ayuntamientos -junto con los de Córdoba, Madrid y Sevilla- de los que el juez espera recibir un listado con el nombre de las personas enterradas en las fosas comunes, así como su fecha de nacimiento y la filiación. El presidente de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica, Francisco González, aunque ve con buenos ojos la medida, se reserva sus dudas de la utilidad de la petición, al menos, en el caso del Consistorio granadino, cuya actitud suele ser en su opinión «la de mirar para otro lado» en este tema.

«Pensamos que puede servir todo lo que se haga en ese sentido porque se trata de abrir vías y cauces para la investigación y para la posterior intervención», pone por delante. Pero «se le está poniendo fácil la respuesta al alcalde», que él piensa que se limitará a decir que no tiene constancia de esos datos, «porque como todos los que hemos investigado algo en este asunto sabemos, los libros de difuntos desaparecieron con la última corporación franquista del Ayuntamiento».

González, que apuesta por preguntar antes a los investigadores e historiadores para orientar la indagación en el asunto, ve más acertado, sin embargo, la solicitud de información a la Universidad. «Se diezmó el número de catedráticos y el propio rector fue asesinado», relata. «Hay catedráticos y profesores que podrían aportar sus conocimientos. No existe un archivo de los fusilados, pero se podría elaborar», apunta González, que no obstante, hace tiempo perdió la esperanza de que un día se llegue a contar con un censo nacional de desaparecidos más o menos fiel a la realidad. «Hubo mucho terrorismo y asesinatos y no se dejó registro de nada. Se ha roto el hilo conductor de la memoria», lamenta.

Sólo en el cementerio granadino de San José se estima que descansan unos 2.500 fusilados entre la Guerra Civil y el franquismo, señala González, que calcula que la cifra se eleva a 12.500 en toda la provincia, con fosas comunes como la del Barranco de Víznar, donde puede haber otros 2.500 enterrados, y la de Órgiva, con unos 5.000. «Todo lo que contribuya a esclarecer la verdad de tanto dolor y terror, merece la pena. Con que se desentrañara un sólo caso, valdría la pena».
Descargar


La capital se alía con la UGR para pujar por ser sede de la Universiada de 2015

La olimpiada contribuiría a mejorar las instalaciones deportivas de la ciudad

Con la intención de convertir la capital en sede la Universiada de 2015, el Ayuntamiento de Granada firmará hoy un acuerdo con la institución académica para hacer de la ciudad la candidata «perfecta» para organizar las olimpiadas deportivas.

La Universiada o Juegos Universitarios, que en 2013 tendrán lugar en la ciudad rusa de Kazan, son los eventos deportivos internacionales que reúnen a los atletas universitarios de todo el mundo. Para Granada, la olimpiada puede ser una oportunidad para que la ciudad sea conocida aún más, a nivel internacional, por su perfil universitario. Además, conllevaría una mejora sustancial de todas las instalaciones deportivas de la capital que, en la actualidad, tienen ciertas deficiencias, y que deberían ser solucionadas de cara a concretar el proyecto de la candidatura.

La Universiada está organizada por la Federación Internacional de Deportes Universitarios (FISU) y se llevó a acabo por primera vez durante el verano de 1959 en Turín. Posteriormente se han desarrollado cada año, tanto en verano como en invierno.

España ha sido testigo de tres olimpiadas universitarias, la primera durante el invierno de 1981 en Jaca, que constituía la décima edición de estos juegos. La segunda, que suponía la decimo-séptima edición, nuevamente en Jaca, tuvo lugar en 1995. Y en 1999, se celebró la última hasta el momento, esta vez en Palma de Mallorca.

Algunos de los deportes que se practican son atletismo, fútbol, baloncesto, snowboard o biatlón. Ahora Granada competirá con Vigo para intentar situarse como la tercera ciudad española que albergue este tipo de juegos.
Descargar


Más transgénicos de lo que se declara

El profesor titular del departamento de Química Analítica de la Universidad de Granada, Luis Cuadros Rodríguez, afirmó ayer en relación a los alimentos transgénicos que «en España hay más en circulación de lo que se declara», y que no está demostrado que «sean ni mejores ni peores.
Descargar