Sulphur Springs, Eustace students graduate with honors

– Sulphur Springs, Eustace students graduate with honors

COMMERCE, Texas – This fall Texas A&M University-Commerce honors graduates Tasia Barrett of Sulphur Springs and Sarah Rodriguez of Eustace will begin graduate work.

Barrett, who graduated with a Bachelor of Science with Highest Honors at Summer Commencement on Aug. 9, will work on a master\’s in the school psychology program at A&M-Commerce. Her career goal is to become a school psychologist.

Rodriguez, of Eustace, who graduated with a Bachelor of Arts with Highest Honors also at Summer Commencement, will enroll at the University of Tennessee at Knoxville. The Gates Millennium Scholarship recipient will study higher education administration with the goal of becoming dean of students at a college.

At a luncheon held to honor the two graduates and attended by the students and their families, A&M-Commerce President Dan Jones said, «You should be very proud of what you have accomplished.»

«This is a great celebration of academic achievement,» Jones said. «Your achievement is a reflection of academic excellence of this university.»

The university president said the Commencement ceremony is the beginning of the next phase of a graduate\’s life. He encouraged the students to consider not only all they have learned in the last four years, but «also how you have transformed yourself as a person.»

To graduate with honors at A&M-Commerce, a student must complete an honors thesis and earn a grade point average of 3.25 or higher.

Barrett\’s honors thesis was on «Metacomprehension of Text: Does Testing Enhance Predictive Accuracy?» Her thesis adviser was Dr. Benton Pierce, a faculty member in the Department of Psychology and Special Education.

Rodriguez researched «The Influence of an Honors College Experience on First-Year Undergraduate Students.» Dr. Mark Reid, a faculty member in the Department of Curriculum and Instruction, served as thesis adviser for Rodriguez.

«Dr. Pierce was a great encourager and motivator,» Barrett said.

«Tasia\’s talent and dedication set her at the top of students I have to work with,» Pierce said.

Rodriguez, an English and Spanish major who spent a semester studying at the University of Granada in Spain as a Bill and Melinda Gates Foundation scholarship winner, said that Reid kept her on schedule in working on her thesis.

«Sarah did not know about qualitative research and her honors thesis was wonderful. You set the bar very high,» Reid said.

Barrett, who graduated Summa Cum Laude with a 4.0 GPA and is a member of Alpha Chi Honor Society, is the daughter of Gene and Carolyn Barrett. Her grandparents are Nell Tanton and the late Ned Tanton of Sulphur Springs.

Rodriguez is a member of Alpha Chi and president of Sigma Tau Delta English Honor Society. Her parents are Donna Woodard of Eustace and Gilbert Rodriguez of Aurora, Colo. She graduated Magna Cum Laude with a grade point average between 3.70 and 3.89.

At Summer Commencement, 373 students received degrees, including 15 who were awarded doctoral degrees.

Speaking was Dr. Michael D. McKinney, chancellor of The Texas A&M University System.

HIGHEST HONORS GRAD — Tasia Barrett of Sulphur Springs graduated with a Bachelor of Science with Highest Honors from Texas A&M University-Commerce at Summer Commencement Aug. 9. Honors graduates were recognized at a luncheon on Aug. 8. At right is A&M-Commerce President Dan Jones. At left is Dr. Benton Pierce, a faculty member in the Department of Psychology and Special Education, who served as Pierce\’s honors thesis adviser. (A&M-Commerce photo/Shelly Cervantes)

SUMMER HONORS GRADUATE — Sarah Rodriguez of Eustace graduated with a Bachelor of Science with Highest Honors from Texas A&M University-Commerce at Summer Commencement Aug. 9. At right is A&M-Commerce President Dan Jones. At left is Dr. Mark Reid, a faculty member in the Department of Curriculum and Instruction, who served as the student\’s honors thesis adviser. (A&M-Commerce photo/Shelly Cervantes)

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El Alcalde y el Rector de la Universidad facilitarán al Juez Garzón toda la documentación

– El Alcalde y el Rector de la Universidad facilitarán al Juez Garzón toda la documentación

Tanto el alcalde de Granada como el Rector de la Universidad han dicho que facilitarán al Juez Garzón la documentación requerida sobre los desaparecidos de la Guerra Civil, aunque todavía no conocen la Providencia dictada por el Magistrado de la Audiencia Nacional.
En el caso de la UGR, hasta 12 profesores fueron víctimas de la contienda, incluido el Rector, Salvador Vila.

El Juez Garzón ha pedido información a cuatro Ayuntamientos de España: Sevilla, Córdoba, Madrid y Granada, para que los consistorios faciliten, en la medida de lo posible y si existe un registro público, los nombres de las personas que fueron enterradas en fosas comunes, y las fechas y circunstancias de las muertes.

El alcalde de Granada responde que se enviarán los datos que el Magistrado solicita; puntualizando, sin embargo, que no es demasiado lo que consta.

La Universidad de Granada es la única del país a la que el Juez Garzón ha pedido información. El rector se ha mostrado sorprendido por esta circunstancia y, al igual que el alcalde, confirma que se enviarán todos los documentos que figuren en los archivos de la UGR.

La Universidad de Granada ya ha publicado sendos trabajos de investigación de Mercedes al Amo y Miguel Gómez Oliver sobre las desapariciones del Rector Salvador Vila y el Vicerrector Polanco, que además fue alcalde de la ciudad.

En total, podrían haber sido 12 los profesores, víctimas de la contienda.

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Los granadinos comienzan a rechazar a los inmigrantes de América del Sur

– Los granadinos comienzan a rechazar a los inmigrantes de América del Sur

Las encuestas dicen que ya no sólo se le tiene miedo al musulmán.
El racismo aparece por primera vez contra latinos y rumanos.
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Cuando hay crisis y el dinero falta, el otro, el diferente, suele tener la culpa. Granada no es una excepción y en los últimos datos del Observatorio del Racismo y la Xenofobia , según el profesor Francisco Jiménez Bautista , «los granadinos comienzan a tener como chivo expiatorio, causante de todos los males, a los inmigrantes latinos y a los de Europa del Este».

El encargado de hacer este cuestionario para la Unión Europea y miembro del Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada asegura que «en 2004 el 77% de los granadinos tenían una percepción negativa hacia los musulmanes; ahora, en 2008, aparecen dos grupos que no estaban, los latinos, con un 20%, y los de Europa del Este, con un 10%. Los musulmanes, por contra, bajan hasta el 49%».

El sentimiento de racismo hacia un determinado grupo se extrae, según el experto, con cinco variables diferentes (nacionalidad, raza, religión, cultura y clase social). Estas categorías se analizan y de ellas se deduce si en la sociedad existe xenofobia. En el caso de Granada, la encuesta se ha realizado en jóvenes de entre 15 y 25 años, que ya comienzan a mostrar su rechazo a lo latino.

Hay que estar operativos para impedir que las bandas se apoderen de la convivencia
La crisis y la falta de oportunidades, así como el aumento de este tipo de inmigrantes, ha provocado que los granadinos empiecen a verlos como incómodos. «Hay que estar operativos», advierte Jiménez, «para impedir que las bandas o tribus urbanas se apoderen de nuestra convivencia pacífica». Los llamados Latin King o los Ñetas aún no están ocupando la ciudad, pero sí que hay grupos que se ubican en los barrios obreros del cinturón como Casería de Montijo, La Chana o el Zaidín.
«A estos menores -continúa el profesor- hay que tenerlos en la escuela y educarlos para impedir que se sientan desplazados y comiencen a crear sus tribus como expresión de malestar, para identificarse con un grupo». Los integrantes de estas pandillas no son sólo latinos, también hay españoles, adolescentes entre los 12 y los 16 años.

La lucha por los espacios

Francisco Jiménez asegura que «la violencia religiosa será el instrumento más preocupante de exclusión social en los próximos años». El profesor dice que algunas religiones «como evangélicos o protestantes se han convertido en ONGs que ayudan a cambio de conversión y están pidiendo espacios para sus cultos. Esto choca con una población mayoritariamente cristiana».

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Garzón pide al Ayuntamiento y a la Universidad un censo de desaparecidos

Garzón pide al Ayuntamiento y a la Universidad un censo de desaparecidos

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón reclamó ayer a diferentes instituciones, entre ellas el Archivo General de la Administración y el Centro Documental de la Memoria Histórica, así como los ayuntamientos de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid y la Universidad de Granada, cuanta información atesoren que permita cuantificar el número de desaparecidos que hubo en España desde el 18 de julio de 1936 y durante la dictadura del general Francisco Franco, al objeto decidir si es competente para enjuiciar al régimen franquista.

En tanto se resuelve ese extremo, el magistrado ha solicitado con carácter general a todos los particulares y administraciones implicados información sobre las exhumaciones de restos en marcha, ya que su intención es que sean controladas por su juzgado si asume la investigación.

Una decena de asociaciones de familiares de personas desaparecidas durante la Guerra Civil o en los primeros años del franquismo han presentado en los últimos meses diversas denuncias que el juez Garzón investiga en un único sumario.

Su primera iniciativa fue reclamar en junio datos sobre el fenómeno a los Ministerios del Interior y de Defensa, cuyas respuestas no aportaron luz. Por eso resolvió ampliar sus pesquisas a los principales centros documentales de titularidad estatal.

Al Archivo General, tercero del mundo por volumen de fondos históricos, le pide un informe cuasi pericial sobre el número de desapariciones \’consecuencia directa del \’alzamiento nacional\’\’.

Algunos estudios concluyen que entre 1936 y 1945 el número de represaliados del franquismo cuyos restos mortales nunca se encontraron supera los 30.000, pero no existe un dato preciso. Sólo en la provincia de Granada, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica calcula que existen 12.500 desaparecidos.

Al Centro de la Memoria Histórica, el juez le solicita los ficheros del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, si los tiene, así como la base de datos de muertos y desaparecidos que elabora a partir de distintas fuentes documentales.

También reclama al Ministerio de Defensa los archivos de los tribunales militares que participaron en la represión franquista, y a la Dirección General de los Registros y del Notariado, cuanta información haya sobre ese asunto en los registros civiles.

Al no ser la Conferencia Episcopal un organismo de titularidad estatal, el juez no le pide información, sino que le ordena que comunique a todas las parroquias españolas, casi 23.000, \’que deberán permitir el acceso de la Policía Judicial\’ a sus archivos, ya que \’una de las fuentes de información que interesa a esta causa es la de los libros de difuntos\’ de las feligresías.

La resolución dictada ayer por el juez Garzón resuelve numerosas peticiones particulares de las distintas asociaciones personadas en la causa. Así, a instancias de una asociación de presos del franquismo, el magistrado reclama a la congregación benedictina que atiende el Valle de los Caídos y a la Delegación del Patrimonio Nacional de San Lorenzo del Escorial, responsable último del recinto, la identidad de las personas allí enterradas, su procedencia geográfica y el motivo de estar allí sepultados sin que, en muchos casos, sus allegados tengan noticia de ello.

También reclama información sobre el contenido de fosas comunes descubiertas en los cementerios de San José de Granada, Nuestra Señora de la Salud y San Rafael de Córdoba y San Fernando de Sevilla.

Los oficios judiciales van dirigidos a los alcaldes de las respectivas localidades, aunque en el caso granadino, en el que se buscan los restos de Federico García Lorca, también se solicita al rector de la Universidad cuanta información tenga la institución sobre la existencia de fosas comunes en esa provincia andaluza.

Las primeras denuncias contra los crímenes del franquismo llegaron a la Audiencia Nacional el 18 de julio de 2007. Desde entonces, la causa se ha visto lastrada por la oposición de la Fiscalía a que sean admitidas a trámite. Mientras las asociaciones de víctimas y familiares consideran que todos los delitos atribuibles a la dictadura de Franco son de lesa humanidad, y por tanto no prescriben, el Ministerio Público estima que son delitos comunes prescritos en aplicación de la Ley de Amnistía de 1977, por lo que reclama el archivo de las diligencias.

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Destacan la fiabilidad y mejora de instrumentos para garantizar la calidad de los alimentos

– Destacan la fiabilidad y mejora de instrumentos para garantizar la calidad de los alimentos

Jaén.- El profesor de Química Analítica de la Universidad de Granada Luis Cuadros ha asegurado que en los últimos diez o quince años ha avanzado mucho la instrumentación técnica para garantizar la calidad de los alimentos, «de forma que hoy día cualquier cosa que se busque y esté presente se encuentra».

Cuadros, que dirige el curso \’Autenticidad y trazabilidad de los alimentos\’ que se celebra durante esta semana en la Sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en Baeza (Jaén) ha explicado en una entrevista a Efe que actualmente «los fraudes conocidos son fácilmente detectados».

En parte gracias a los avances técnicos y a la extensa red de laboratorios que tiene la Administración, como en Andalucía, donde solo las consejerías de Agricultura y Medio Ambiente tienen más de 40 laboratorios dedicados al control alimentario.

Asimismo ha afirmado que como consecuencia de las últimas crisis alimentarias, «los consumidores se preocupan cada vez más por la seguridad de los alimentos, fundamentalmente en lo que se refiere a la presencia de contaminantes y sustancias tóxicas».

Este interés social ha dado lugar al nacimiento de nuevas políticas de los países comunitarios que se traducen en la aparición de normativas y regulaciones que generan nuevos retos analíticos para los laboratorios de control de la calidad de los alimentos.

En el control de los alimentos se vela por su autenticidad, porque lo que el consumidor compre sea lo que el quiere y no haya ningún tipo de engaños, mientras que la seguridad alimentaria es decir comprobar que sean inocuos es solo una pequeña parte del fraude que se pueda producir.

Así el aceite de oliva virgen extra es «blanco de adulteración frecuente» en cuanto a su calidad, o al hecho de que se puedan producir mezclas con otras grasas, ya que este producto va ligado al beneficio económico, por reunir los dos aspectos fundamentales un alto precio y un consumo mayoritario.

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Garzón pide al Valle de los Caídos y a varios ayuntamientos un listado sobre los desaparecidos en la Guerra Civil

La Policía Judicial accederá además a todas la parroquias de España para consultar los libros de difuntos de que disponen

El juez de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha solicitado a instituciones como el Valle de los Caídos, la Conferencia Episcopal Española (CEE), el Centro Documental de Memoria Histórica o alcaldes de localidades como Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid que elaboren diversos listados y aporten datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil.

El magistrado ha tomado esta decisión como paso previo a decidir si es competente para investigar las denuncias que varias asociaciones de memoria histórica presentaron el 18 de julio de 2007 en la Audiencia Nacional. Estos colectivos solicitaban la persecución penal por delitos de lesa humanidad de los autores de las desapariciones, «sacas», asesinatos, torturas y exilios forzosos que se cometieron a partir de 1936.

En una providencia hecha pública hoy, el magistrado solicita a la Abadía de Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y a la Delegación del Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial para que proporcione la información sobre «el nombre de las personas enterradas en este lugar, procedencia geográfica de los restos y causas de enterramiento».

Además, pide a los alcaldes de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid así como al rector de la Universidad de Granada el nombre de las personas enterradas en la fosas comunes a partir del llamado «alzamiento nacional» de 1936 y la situación de Guerra Civil que éste provocó.

El juez especifica que las fosas comunes se encuentran en el cementerio de San José (Granada), Nuestra Señora de la Salud y San Rafael (Córdoba) y San Fernando (Sevilla). Garzón pide además «las circunstancias en los que ocurrieron los enterramientos la fecha y si las muertes están anotadas en algún registro público».

Solicita también al centro Nacional de la Memoria Historia -dependiente del Ministerio de Cultura– que informe si dispone de los ficheros del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Pide además al Ministerio de Defensa que amplíe la solicitud que le trasladó el pasado mes de junio en la que le pedía que identificase qué organismo puede determinar el número de personas que desaparecieron en España a partir del 17 de julio de 1936. Pide además información a la Dirección de Registros y Notariado y al Centro Documental de la Memoria Histórica

TAMBIÉN A LA CONFERENCIA EPISCOPAL
En su providencia, el magistrado requiere a la Conferencia Episcopal que comunique a todas y cada una de las parroquias de España –un total de 22.827– que permitan el acceso a la Policía Judicial para que ésta identifique a posibles víctimas desaparecidas a partir del «alzamiento nacional» a través de los libros de difuntos de los que dispongan.

Además, requiere a una de las partes personadas que aporte «toda la información de la que disponga de todas las personas que estén practicando exhumaciones de víctimas de desapariciones forzadas» para que «estas exhumaciones puedan ser controladas» por su Juzgado, tanto en su ejecución, como en su resultado una vez que resuelva si procede o no admitir a trámite la causa.

LA FISCALÍA PIDIÓ EL ARCHIVO.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó en febrero pasado el archivo de las denuncias, al considerar que han prescrito en aplicación de la Ley de Amnistía de 1977. También destacó que los hechos señalados eran contemplados como delitos comunes con tipificación ordinaria de asesinato, detención ilegal o lesiones en el Código Penal de la época en la que se cometieron, en referencia al ordenamiento de la Segunda República.

«Al quedarnos sólo en presencia de delitos comunes les son aplicables en toda su amplitud los artículos 1 y 2 de la Ley de Amnistía, lo que produjo ya en 1977 la extinción de la responsabilidad criminal», argumentaba en su escrito el Ministerio Fiscal.

De igual modo, el Ministerio Público sostenía que la competencia en el presente caso no corresponde a la Audiencia Nacional debido a que los crímenes contra la humanidad deben ser perseguidos por el órgano de la jurisdicción que corresponda, es decir, los juzgados del lugar en el que se hayan cometido los hechos.

Los familiares de las víctimas, que se manifestaron el pasado 26 de febrero a las puertas de la Audiencia Nacional, defienden que la invocación de leyes de amnistía o del principio de prescriptibilidad para no investigar crímenes internacionales como la desaparición forzada «no es conforme al Derecho Internacional».

A su juicio, el Estado tiene «la obligación de investigar y localizar el paradero de las personas desaparecidas cuando así lo solicitan sus familiares», ya que esta búsqueda constituye «una obligación que no se puede delegar en los particulares, ni mucho menos en los familiares».

Los colectivos que impulsan esta iniciativa son la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra y las Asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica de Andalucía, Valencia, Cataluña, Aragón, Mallorca, Valladolid, Ponteareas (Pontevedra), Sierra de Gredos y Toledo y Arucas (Gran Canaria).

Precisamente, Nieves Galindo, la nieta del maestro enterrado en una fosa común, en la localidad granadina de Víznar, junto al poeta Federico García Lorca, explicó la semana pasada que acudir a la vía judicial es «prácticamente la única salida que le queda» para promover la exhumación de la fosa en la que podrían encontrarse los restos de su abuelo tras «más de 16 de años de lucha» y ante la reiterada negativa de la familia Lorca a desarrollar esta actuación.
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Garzón investigará sobre los desaparecidos del franquismo

El juez de la Audiencia Nacional reclama la colaboración decuatro alcaldes para identificar a los desaparecidos durante la Guerra Civil, a instancias de varias asociaciones de memoria histórica.

El juez de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha solicitado a instituciones como el Valle de los Caídos, la Conferencia Episcopal Española (CEE), el Centro Documental de Memoria Histórica o alcaldes de localidades como Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid que elaboren diversos listados y aporten datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil.

El magistrado ha tomado esta decisión como paso previo a decidir si es competente para investigar las denuncias que varias asociaciones de memoria histórica presentaron el 18 de julio de 2007 en la Audiencia Nacional. Estos colectivos solicitaban la persecución penal por delitos de lesa humanidad de los autores de las desapariciones, \’sacas\’, asesinatos, torturas y exilios forzosos que se cometieron a partir de 1936.

En una providencia hecha pública hoy, el magistrado solicita a la Abadía de Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y a la Delegación del Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial para que proporcione la información sobre «el nombre de las personas enterradas en este lugar, procedencia geográfica de los restos y causas de enterramiento».

Además, pide a los alcaldes de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid así como al rector de la Universidad de Granada el nombre de las personas enterradas en la fosas comunes a partir del llamado «alzamiento nacional» de 1936 y la situación de Guerra Civil que éste provocó.

El juez especifica que las fosas comunes se encuentran en el cementerio de San José (Granada), Nuestra Señora de la Salud y San Rafael (Córdoba) y San Fernando (Sevilla). Garzón pide además «las circunstancias en los que ocurrieron los enterramientos la fecha y si las muertes están anotadas en algún registro público».

Solicita también al Centro Nacional de la Memoria Histórica -dependiente del Ministerio de Cultura- que informe si dispone de los ficheros del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Pide además al Ministerio de Defensa que amplíe la solicitud que le trasladó el pasado mes de junio en la que le pedía que identificase qué organismo puede determinar el número de personas que desaparecieron en España a partir del 17 de julio de 1936. Pide además información a la Dirección de Registros y Notariado y al Centro Documental de la Memoria Histórica

También a la Conferencia Episcopal

En su providencia, el magistrado requiere a la Conferencia Episcopal que comunique a todas y cada una de las parroquias de España -un total de 22.827- que permitan el acceso a la Policía Judicial para que ésta identifique a posibles víctimas desaparecidas a partir del «alzamiento nacional» a través de los libros de difuntos de los que dispongan.
Además, requiere a una de las partes personadas que aporte «toda la información de la que disponga de todas las personas que estén practicando exhumaciones de víctimas de desapariciones forzadas» para que «estas exhumaciones puedan ser controladas» por su Juzgado, tanto en su ejecución, como en su resultado una vez que resuelva si procede o no admitir a trámite la causa.

La fiscalía pidió el archivo

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó en febrero pasado el archivo de las denuncias, al considerar que han prescrito en aplicación de la Ley de Amnistía de 1977. También destacó que los hechos señalados eran contemplados como delitos comunes con tipificación ordinaria de asesinato, detención ilegal o lesiones en el Código Penal de la época en la que se cometieron, en referencia al ordenamiento de la Segunda República.

«Al quedarnos sólo en presencia de delitos comunes les son aplicables en toda su amplitud los artículos 1 y 2 de la Ley de Amnistía, lo que produjo ya en 1977 la extinción de la responsabilidad criminal», argumentaba en su escrito el Ministerio Fiscal.

De igual modo, el Ministerio Público sostenía que la competencia en el presente caso no corresponde a la Audiencia Nacional debido a que los crímenes contra la humanidad deben ser perseguidos por el órgano de la jurisdicción que corresponda, es decir, los juzgados del lugar en el que se hayan cometido los hechos.

Los familiares de las víctimas, que se manifestaron el pasado 26 de febrero a las puertas de la Audiencia Nacional, defienden que la invocación de leyes de amnistía o del principio de prescriptibilidad para no investigar crímenes internacionales como la desaparición forzada «no es conforme al Derecho Internacional».

A su juicio, el Estado tiene «la obligación de investigar y localizar el paradero de las personas desaparecidas cuando así lo solicitan sus familiares», ya que esta búsqueda constituye «una obligación que no se puede delegar en los particulares, ni mucho menos en los familiares».
Los colectivos que impulsan esta iniciativa son la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra y las Asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica de Andalucía, Valencia, Cataluña, Aragón, Mallorca, Valladolid, Ponteareas (Pontevedra), Sierra de Gredos y Toledo y Arucas (Gran Canaria).

Precisamente, Nieves Galindo, la nieta del maestro enterrado en una fosa común, en la localidad granadina de Víznar, junto al poeta Federico García Lorca, explicó la semana pasada que acudir a la vía judicial es «prácticamente la única salida que le queda» para promover la exhumación de la fosa en la que podrían encontrarse los restos de su abuelo tras «más de 16 de años de lucha» y ante la reiterada negativa de la familia Lorca a desarrollar esta actuación.
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Garzón pide al Valle de los Caídos y a varios ayuntamientos un listado sobre los desaparecidos en la Guerra Civil

La Policía Judicial accederá además a todas la parroquias de España para consultar los libros de difuntos de que disponen

El juez de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha solicitado a instituciones como el Valle de los Caídos, la Conferencia Episcopal Española (CEE), el Centro Documental de Memoria Histórica o alcaldes de localidades como Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid que elaboren diversos listados y aporten datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil.

El magistrado ha tomado esta decisión como paso previo a decidir si es competente para investigar las denuncias que varias asociaciones de memoria histórica presentaron el 18 de julio de 2007 en la Audiencia Nacional. Estos colectivos solicitaban la persecución penal por delitos de lesa humanidad de los autores de las desapariciones, \’sacas\’, asesinatos, torturas y exilios forzosos que se cometieron a partir de 1936.

En una providencia hecha pública hoy, el magistrado solicita a la Abadía de Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y a la Delegación del Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial para que proporcione la información sobre «el nombre de las personas enterradas en este lugar, procedencia geográfica de los restos y causas de enterramiento».

Además, pide a los alcaldes de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid así como al rector de la Universidad de Granada el nombre de las personas enterradas en la fosas comunes a partir del llamado «alzamiento nacional» de 1936 y la situación de Guerra Civil que éste provocó.

El juez especifica que las fosas comunes se encuentran en el cementerio de San José (Granada), Nuestra Señora de la Salud y San Rafael (Córdoba) y San Fernando (Sevilla). Garzón pide además «las circunstancias en los que ocurrieron los enterramientos la fecha y si las muertes están anotadas en algún registro público».

Solicita también al centro Nacional de la Memoria Historia -dependiente del Ministerio de Cultura– que informe si dispone de los ficheros del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Pide además al Ministerio de Defensa que amplíe la solicitud que le trasladó el pasado mes de junio en la que le pedía que identificase qué organismo puede determinar el número de personas que desaparecieron en España a partir del 17 de julio de 1936. Pide además información a la Dirección de Registros y Notariado y al Centro Documental de la Memoria Histórica

TAMBIÉN A LA CONFERENCIA EPISCOPAL

En su providencia, el magistrado requiere a la Conferencia Episcopal que comunique a todas y cada una de las parroquias de España –un total de 22.827– que permitan el acceso a la Policía Judicial para que ésta identifique a posibles víctimas desaparecidas a partir del «alzamiento nacional» a través de los libros de difuntos de los que dispongan.

Además, requiere a una de las partes personadas que aporte «toda la información de la que disponga de todas las personas que estén practicando exhumaciones de víctimas de desapariciones forzadas» para que «estas exhumaciones puedan ser controladas» por su Juzgado, tanto en su ejecución, como en su resultado una vez que resuelva si procede o no admitir a trámite la causa.

LA FISCALÍA PIDIÓ EL ARCHIVO.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó en febrero pasado el archivo de las denuncias, al considerar que han prescrito en aplicación de la Ley de Amnistía de 1977. También destacó que los hechos señalados eran contemplados como delitos comunes con tipificación ordinaria de asesinato, detención ilegal o lesiones en el Código Penal de la época en la que se cometieron, en referencia al ordenamiento de la Segunda República.

«Al quedarnos sólo en presencia de delitos comunes les son aplicables en toda su amplitud los artículos 1 y 2 de la Ley de Amnistía, lo que produjo ya en 1977 la extinción de la responsabilidad criminal», argumentaba en su escrito el Ministerio Fiscal.

De igual modo, el Ministerio Público sostenía que la competencia en el presente caso no corresponde a la Audiencia Nacional debido a que los crímenes contra la humanidad deben ser perseguidos por el órgano de la jurisdicción que corresponda, es decir, los juzgados del lugar en el que se hayan cometido los hechos.

Los familiares de las víctimas, que se manifestaron el pasado 26 de febrero a las puertas de la Audiencia Nacional, defienden que la invocación de leyes de amnistía o del principio de prescriptibilidad para no investigar crímenes internacionales como la desaparición forzada «no es conforme al Derecho Internacional».

A su juicio, el Estado tiene «la obligación de investigar y localizar el paradero de las personas desaparecidas cuando así lo solicitan sus familiares», ya que esta búsqueda constituye «una obligación que no se puede delegar en los particulares, ni mucho menos en los familiares».

Los colectivos que impulsan esta iniciativa son la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra y las Asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica de Andalucía, Valencia, Cataluña, Aragón, Mallorca, Valladolid, Ponteareas (Pontevedra), Sierra de Gredos y Toledo y Arucas (Gran Canaria).

Precisamente, Nieves Galindo, la nieta del maestro enterrado en una fosa común, en la localidad granadina de Víznar, junto al poeta Federico García Lorca, explicó la semana pasada que acudir a la vía judicial es «prácticamente la única salida que le queda» para promover la exhumación de la fosa en la que podrían encontrarse los restos de su abuelo tras «más de 16 de años de lucha» y ante la reiterada negativa de la familia Lorca a desarrollar esta actuación.
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El juez Garzón solicita un censo de los desaparecidos durante la Guerra Civil

El juez de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha solicitado a instituciones como el Valle de los Caídos, la Conferencia Episcopal Española (CEE), el Centro Documental de Memoria Histórica o alcaldes de localidades como Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid que elaboren diversos listados y aporten datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil.

El magistrado ha tomado esta decisión como paso previo a decidir si es competente para investigar las denuncias que varias asociaciones de memoria histórica presentaron el 18 de julio de 2007 en la Audiencia Nacional.

Estos colectivos solicitaban la persecución penal por delitos de lesa humanidad de los autores de las desapariciones, \’sacas\’, asesinatos, torturas y exilios forzosos que se cometieron a partir de 1936.

Se centra en las fosas comunes

En una providencia hecha pública este lunes, el magistrado solicita a la Abadía de Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y a la Delegación del Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial para que proporcione la información sobre «el nombre de las personas enterradas en este lugar, procedencia geográfica de los restos y causas de enterramiento».

Además, pide a los alcaldes de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid así como al rector de la Universidad de Granada el nombre de las personas enterradas en la fosas comunes a partir del llamado «alzamiento nacional» de 1936 y la situación de Guerra Civil que éste provocó.

Solicita también al centro Nacional de la Memoria Historia, dependiente del Ministerio de Cultura, que informe si dispone de los ficheros del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Pide además al Ministerio de Defensa que amplíe la solicitud que le trasladó el pasado mes de junio en la que le pedía que identificase qué organismo puede determinar el número de personas que desaparecieron en España a partir del 17 de julio de 1936.
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Un experto advierte de que en España hay más alimentos transgénicos en circulación de los que se declaran

El profesor titular del departamento de Química Analítica de la Universidad de Granada (UGR) Luis Cuadros Rodríguez afirmó hoy en relación a los alimentos transgénicos que «en España hay más en circulación de lo que se declara» aunque admitió que «hay países europeos con una mayor producción» de éstos.

En el marco del curso \’Autenticidad y trazabilidad de los alimentos\’ en la sede de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en Baeza (Jaén), el experto explicó que «hay mucha polémica», pero que «a nivel técnico no está claramente demostrado» que los productos transgénicos «sean ni mejores ni peores». En este sentido, añadió que «estos alimentos se hacen porque su elaboración es más económica o resistente», y por tanto «en países que tienen carencia en la producción, es una medida importante».

Sin embargo, reconoció que aún «no se sabe cómo afectan al consumidor», ya que los efectos podrían ser a largo plazo, por lo que «se exige que se declaren» los transgénicos que se ponen a la venta, para que el consumidor mismo «quien decida» si lo compra o no.

De hecho, afirmó que hay «unos determinados transgénicos que se pueden utilizar y otros que no», por lo que actualmente «la ley obliga a declarar estos alimentos». A nivel de control, en este sentido, apuntó que «es complicado hacer los análisis genéticos» y que «no se pueden hacer a todos los productos, aunque cuando se sospecha si se hace».

DOS OPERACIONES DE CONTROL DE CALIDAD

En cuanto a los procedimientos que se siguen para el control de calidad de los alimentos, Cuadros Rodríguez explicó que a nivel de la administración el trabajo se basa en un programa llamado \’Control Oficial de Productos Alimenticios\’, dividido en dos tipos de operaciones.

Por una parte, «en la inspección sin previo aviso de cualquier organización relacionada con la elaboración de alimentos, así como de las empresas de envasados»; y en otra vertiente, en «los controles analíticos», en los que «tras las inspecciones se llevan las muestras a laboratorios acreditados y reconocidos para analizar y realizar los controles precisos».

En este sentido explicó también que «a raíz de las crisis alimentarias de los 80 y 90 existe un sistema denominado de \’trazabilidad alimentaria\'», mediante el que se obliga a las empresas a llevar «un seguimiento de las materias y productos que vayan a formar parte de los alimentos, con sus propios controles registrados y anotados en documentos especiales que son objeto de inspección». Además de este proceso, el experto aseguró que «también se realizan controles por sorpresa».

Concretamente, el profesor de la UGR señaló que «la trazabilidad exige que cualquier material que esté en contacto con un alimento esté siempre identificado». El objetivo final de este proceso sería, «aunque en la práctica no es posible», que el consumidor «supiera de dónde procede cada uno de los componentes que forman el alimento», afirmó.

«Para ello –añadió– se identifican documentalmente todos los componentes. El objetivo es que el consumidor sepa esta información». De hecho, admitió que «ahora está más avanzado y el consumidor, al menos, puede saber la procedencia» de los productos que va a adquirir.

En cuanto a las inspecciones llevadas a cabo por la administración, Cuadros Rodríguez apuntó que «funcionan bien porque el sistema está diseñado de forma que cuando se detecta un problema a cualquier nivel, en poco tiempo se puede saber de dónde proviene y dónde se ha distribuido», información que ayuda a la hora de retirar los lotes.

Esto es posible, según explicó, porque cada alimento «lleva un documento en el que informa sobre su procedencia y los canales de distribución», algo que es de obligado cumplimiento.

El consumidor, de hecho, no tiene más información que la que se recoge en la etiqueta, y por ello «el que la etiqueta diga la verdad tiene que ver con la administración y sus controles».

Por otra parte, el experto habló de los principales fraudes que se suelen cometer, que resumió en tres categorías: «adulteraciones, por la modificación en la composición de un alimento»; «información no correcta» sobre el producto que se oferta; y finalmente «alimentos contaminados por falta de preocupaciones», que es el fraude más peligroso y «el que suele generar alarmas alimentarias».

Respecto a la contaminación en los alimentos, el profesor de la UGR añadió que «se habla a dos niveles: uno químico, donde lo más frecuente es la presencia de plaguicidas o residuos de alimentos en animales, como antibióticos; y a nivel microbiológico, por falta de higiene».

DETECCIÓN DEL «MAL DE LAS VACAS LOCAS»

En relación a los casos de carne de animales que han sufrido el denominado «mal de las vacas locas», el experto explicó que «a priori no se sabe si está contaminada la carne», sino cuando se hacen los controles. En estos casos, expuso que «el agente que provoca la enfermedad es un intermedio entre un microorganismo y una sustancia, como un veneno», por lo que ésta «no está producida por ningún organismo tipo germen o bacteria, sino por una sustancia que es una proteína, que se desarrolla como un virus».

«Hay que buscar estas proteínas directamente — destacó–, aunque se trata de un análisis complicado que tarda tiempo». No obstante, señaló que el animal que viene infectado «es porque está contagiado», por lo que a partir del sistema de trazabilidad «se puede detectar el origen de la infección», que en el caso de la encefalopatía espongiforme eran los piensos que se hacían con residuos de la carne de otros animales.
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Experto advierte de que en España hay más alimentos transgénicos en circulación de los que se declaran

El profesor titular del departamento de Química Analítica de la Universidad de Granada (UGR) Luis Cuadros Rodríguez, que dirige esta semana el curso \’Autenticidad y trazabilidad de los alimentos\’ en la sede de Baeza (Jaén) de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), afirmó hoy en relación a los alimentos transgénicos que en España \’hay más en circulación de lo que se declara\’, aunque admitió que \’hay países europeos con una mayor producción\’ de éstos.

En rueda de prensa, el experto reconoció que \’hay mucha polémica\’ en esta materia, si bien sostuvo que a nivel técnico \’no está claramente demostrado\’ que los productos transgénicos \’sean ni mejores ni peores\’. Al hilo de ello, añadió que estos alimentos \’se hacen porque su elaboración es más económica o resistente\’ y, por tanto, \’en países que tienen carencia en la producción, es una medida importante\’.

Sin embargo, admitió que aún \’no se sabe cómo afectan al consumidor\’, ya que los efectos podrían ser a largo plazo, por lo que \’se exige que se declaren\’ los transgénicos que se ponen a la venta, para que sea el consumidor mismo \’quien decida\’ si lo compra o no.

De hecho, afirmó que hay \’unos determinados transgénicos que se pueden utilizar y otros que no\’, por lo que actualmente \’la ley obliga a declarar estos alimentos\’. A nivel de control, en este sentido, apuntó que \’es complicado hacer los análisis genéticos\’ y que \’no se pueden hacer a todos los productos, aunque cuando se sospecha si se hace\’.

En cuanto a los procedimientos que se siguen para el control de calidad de los alimentos, Cuadros Rodríguez explicó que a nivel de la administración el trabajo se basa en un programa llamado \’Control Oficial de Productos Alimenticios\’, dividido en dos tipos de operaciones.

Por una parte, \’en la inspección sin previo aviso de cualquier organización relacionada con la elaboración de alimentos, así como de las empresas de envasados\’; y en otra vertiente, en \’los controles analíticos\’, en los que \’tras las inspecciones se llevan las muestras a laboratorios acreditados y reconocidos para analizar y realizar los controles precisos\’.

En este sentido explicó también que \’a raíz de las crisis alimentarias de los 80 y 90 existe un sistema denominado de \’trazabilidad alimentaria\’\’, mediante el que se obliga a las empresas a llevar \’un seguimiento de las materias y productos que vayan a formar parte de los alimentos, con sus propios controles registrados y anotados en documentos especiales que son objeto de inspección\’. Además de este proceso, el experto aseguró que \’también se realizan controles por sorpresa\’.

Concretamente, el profesor de la UGR señaló que \’la trazabilidad exige que cualquier material que esté en contacto con un alimento esté siempre identificado\’. El objetivo final de este proceso sería, \’aunque en la práctica no es posible\’, que el consumidor \’supiera de dónde procede cada uno de los componentes que forman el alimento\’, afirmó.

\’Para ello –añadió– se identifican documentalmente todos los componentes. El objetivo es que el consumidor sepa esta información\’. De hecho, admitió que \’ahora está más avanzado y el consumidor, al menos, puede saber la procedencia\’ de los productos que va a adquirir.

En cuanto a las inspecciones llevadas a cabo por la administración, Cuadros Rodríguez apuntó que \’funcionan bien porque el sistema está diseñado de forma que cuando se detecta un problema a cualquier nivel, en poco tiempo se puede saber de dónde proviene y dónde se ha distribuido\’, información que ayuda a la hora de retirar los lotes.

Esto es posible, según explicó, porque cada alimento \’lleva un documento en el que informa sobre su procedencia y los canales de distribución\’, algo que es de obligado cumplimiento.

El consumidor, de hecho, no tiene más información que la que se recoge en la etiqueta, y por ello \’el que la etiqueta diga la verdad tiene que ver con la administración y sus controles\’.

Por otra parte, el experto habló de los principales fraudes que se suelen cometer, que resumió en tres categorías: \’adulteraciones, por la modificación en la composición de un alimento\’; \’información no correcta\’ sobre el producto que se oferta; y finalmente \’alimentos contaminados por falta de preocupaciones\’, que es el fraude más peligroso y \’el que suele generar alarmas alimentarias\’.

Respecto a la contaminación en los alimentos, el profesor de la UGR añadió que \’se habla a dos niveles: uno químico, donde lo más frecuente es la presencia de plaguicidas o residuos de alimentos en animales, como antibióticos; y a nivel microbiológico, por falta de higiene\’.

DETECCIÓN DEL \’MAL DE LAS VACAS LOCAS\’ En relación a los casos de carne de animales que han sufrido el denominado \’mal de las vacas locas\’, explicó que \’a priori no se sabe si está contaminada la carne\’, sino cuando se hacen los controles. En estos casos, expuso que \’el agente que provoca la enfermedad es un intermedio entre un microorganismo y una sustancia, como un veneno\’, por lo que ésta \’no está producida por ningún organismo tipo germen o bacteria, sino por una sustancia que es una proteína, que se desarrolla como un virus\’.

\’Hay que buscar estas proteínas directamente — destacó–, aunque se trata de un análisis complicado que tarda tiempo\’. No obstante, señaló que el animal que viene infectado \’es porque está contagiado\’, por lo que a partir del sistema de trazabilidad \’se puede detectar el origen de la infección\’, que en el caso de la encefalopatía espongiforme eran los piensos que se hacían con residuos de la carne de otros animales.

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Un experto advierte de que en España hay más alimentos transgénicos en circulación de los que se declaran

El profesor titular del departamento de Química Analítica de la Universidad de Granada (UGR) Luis Cuadros Rodríguez afirmó hoy en relación a los alimentos transgénicos que «en España hay más en circulación de lo que se declara» aunque admitió que «hay países europeos con una mayor producción» de éstos.

En el marco del curso \’Autenticidad y trazabilidad de los alimentos\’ en la sede de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en Baeza (Jaén), el experto explicó que «hay mucha polémica», pero que «a nivel técnico no está claramente demostrado» que los productos transgénicos «sean ni mejores ni peores». En este sentido, añadió que «estos alimentos se hacen porque su elaboración es más económica o resistente», y por tanto «en países que tienen carencia en la producción, es una medida importante».

Sin embargo, reconoció que aún «no se sabe cómo afectan al consumidor», ya que los efectos podrían ser a largo plazo, por lo que «se exige que se declaren» los transgénicos que se ponen a la venta, para que el consumidor mismo «quien decida» si lo compra o no.

De hecho, afirmó que hay «unos determinados transgénicos que se pueden utilizar y otros que no», por lo que actualmente «la ley obliga a declarar estos alimentos». A nivel de control, en este sentido, apuntó que «es complicado hacer los análisis genéticos» y que «no se pueden hacer a todos los productos, aunque cuando se sospecha si se hace».

DOS OPERACIONES DE CONTROL DE CALIDAD

En cuanto a los procedimientos que se siguen para el control de calidad de los alimentos, Cuadros Rodríguez explicó que a nivel de la administración el trabajo se basa en un programa llamado \’Control Oficial de Productos Alimenticios\’, dividido en dos tipos de operaciones.

Por una parte, «en la inspección sin previo aviso de cualquier organización relacionada con la elaboración de alimentos, así como de las empresas de envasados»; y en otra vertiente, en «los controles analíticos», en los que «tras las inspecciones se llevan las muestras a laboratorios acreditados y reconocidos para analizar y realizar los controles precisos».

En este sentido explicó también que «a raíz de las crisis alimentarias de los 80 y 90 existe un sistema denominado de \’trazabilidad alimentaria\'», mediante el que se obliga a las empresas a llevar «un seguimiento de las materias y productos que vayan a formar parte de los alimentos, con sus propios controles registrados y anotados en documentos especiales que son objeto de inspección». Además de este proceso, el experto aseguró que «también se realizan controles por sorpresa».

Concretamente, el profesor de la UGR señaló que «la trazabilidad exige que cualquier material que esté en contacto con un alimento esté siempre identificado». El objetivo final de este proceso sería, «aunque en la práctica no es posible», que el consumidor «supiera de dónde procede cada uno de los componentes que forman el alimento», afirmó.

«Para ello –añadió– se identifican documentalmente todos los componentes. El objetivo es que el consumidor sepa esta información». De hecho, admitió que «ahora está más avanzado y el consumidor, al menos, puede saber la procedencia» de los productos que va a adquirir.

En cuanto a las inspecciones llevadas a cabo por la administración, Cuadros Rodríguez apuntó que «funcionan bien porque el sistema está diseñado de forma que cuando se detecta un problema a cualquier nivel, en poco tiempo se puede saber de dónde proviene y dónde se ha distribuido», información que ayuda a la hora de retirar los lotes.

Esto es posible, según explicó, porque cada alimento «lleva un documento en el que informa sobre su procedencia y los canales de distribución», algo que es de obligado cumplimiento.

El consumidor, de hecho, no tiene más información que la que se recoge en la etiqueta, y por ello «el que la etiqueta diga la verdad tiene que ver con la administración y sus controles».

Por otra parte, el experto habló de los principales fraudes que se suelen cometer, que resumió en tres categorías: «adulteraciones, por la modificación en la composición de un alimento»; «información no correcta» sobre el producto que se oferta; y finalmente «alimentos contaminados por falta de preocupaciones», que es el fraude más peligroso y «el que suele generar alarmas alimentarias».

Respecto a la contaminación en los alimentos, el profesor de la UGR añadió que «se habla a dos niveles: uno químico, donde lo más frecuente es la presencia de plaguicidas o residuos de alimentos en animales, como antibióticos; y a nivel microbiológico, por falta de higiene».

DETECCIÓN DEL «MAL DE LAS VACAS LOCAS»

En relación a los casos de carne de animales que han sufrido el denominado «mal de las vacas locas», el experto explicó que «a priori no se sabe si está contaminada la carne», sino cuando se hacen los controles. En estos casos, expuso que «el agente que provoca la enfermedad es un intermedio entre un microorganismo y una sustancia, como un veneno», por lo que ésta «no está producida por ningún organismo tipo germen o bacteria, sino por una sustancia que es una proteína, que se desarrolla como un virus».

«Hay que buscar estas proteínas directamente — destacó–, aunque se trata de un análisis complicado que tarda tiempo». No obstante, señaló que el animal que viene infectado «es porque está contagiado», por lo que a partir del sistema de trazabilidad «se puede detectar el origen de la infección», que en el caso de la encefalopatía espongiforme eran los piensos que se hacían con residuos de la carne de otros animales.
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