25 Aniversario del INEF de Granada: Una efemérides silenciada

In memoria Toño (profesor del INEF de Granada) et veteris memoriae recordatio

VEINTICINCO años no son nada en una institución pero, al menos, aprovechemos esta circunstancia temporal para reflexionar acerca del trayecto recorrido. La primera actuación sería mirar hacia atrás para agradecer a las personas e instituciones que nos ayudaron a que el centro (hoy facultad de ciencias de la actividad física y el deporte) se quedara en Granada y luego se integrara en la Universidad.

Antes incluso de la creación del centro hubo también personas e instituciones que apoyaron la creación del INEF de Granada. A pesar de poder ser injusto con otras personas yo resaltaría a Jesús Garrido y Joaquín Gutiérrez y detrás de ellos otras muchas personas vinculadas al deporte como Rafael Díaz y Gerardo Guerrero que luego sería el primer funcionario asignado al INEF. Esto lo pude comprobar nada más llegar a Granada para poner en marcha el centro.

Pero tengo que destacar, sobre todos, en el inicio del nuestro centro, a Antonio Gallego Morell, rector de la universidad de Granada, que junto con el director del INEF de Madrid, Fernando Vizcaíno fueron los que me plantearon la posibilidad de venir y poder retornar a mi tierra. El rector de Granada tenía una ilusión por traer el centro a la Universidad de Granada y continuamente me animaba ante cualquier dificultad. Merece la pena que nuestro centro le dedique un aula con su nombre o incluso mejor la biblioteca. Recuerdo que una de sus obsesiones era que se dotara al centro de una buena biblioteca e incluso nos cedió algunas de sus obras. Habría que recordarles al actual equipo de gobierno y a la Junta de facultad que la memoria histórica de nuestro centro no puede olvidar a nuestro primer rector y valedor. También tenemos que agradecer el interés de otro profesor universitario, Antonio Jara, entonces Alcalde de Granada, que siempre tuvo una especial consideración con nuestro centro y nos ayudó en muchas gestiones ante el Consejo Superior de Deportes (CSD) y además tuvo una visión de futuro permitiendo que las instalaciones del polideportivo de la Cartuja fueran sede del INEF de Granada. También solicito públicamente a los miembros de la junta de facultad para que se le reconozca institucionalmente.

Me he atrevido a escribir estas líneas por dos razones: porque hay algo que no entenderé nunca y es que las personas que rigen coyunturalmente las instituciones olviden las raíces de lo que son hoy. La otra razón es que se haya silenciado la efemérides y no se haya organizado ninguna actividad en recuerdo de los veinticinco años de nuestro centro. Hay muchas más personas, ajenas al centro, a las que hay que recordar y agradecer, y la lista sería muy grande. A todos, gracias, aunque no sé si lo estaremos haciendo algo tarde.

Después de la creación del INEF, la institución ha avanzado en todos sentidos, los resultados están ahí a la consideración de todos. El centro fue el primero en integrarse en la Universidad a nivel nacional, ha sido pionero en España con el primer programa de doctorado, con los primeros profesores de universidad, con el primer departamento, con el primer catedrático, en la investigación, en la implantación del practicum profesional de enseñanza, cuando no se hacía en casi ningún centro universitario, y como colofón en el inicio de este curso académico, por primera vez en la universidad española, la lección inaugural del curso académico 2008/9 la va a impartir un profesor del INEF, Marcos Gutiérrez Dávila, que fue de los primeros profesores de nuestro centro.

Por último, después del óbito de nuestro querido compañero y amigo José Antonio Santos del Campo, también solicito públicamente a los miembros de la Facultad el reconocimiento de su labor docente con la dedicación del aula que más quería, el pabellón de deportes de la Facultad que él mismo ayudó para planificar en su actual diseño. (Esta parte no me habría gustado incluir sobre el documento original, escrito antes del verano)

Creo que en el futuro se seguirá progresando si nos vacunamos de algunas enfermedades que hemos cogido en la universidad, algunas por nuestra culpa y otras por intereses espurios de algunas personas que no han tenido vocación de servicio, y otras cogidas en la universidad (masificación, meritocracia, endogamia, olvido del alumnado )

Confiamos que el futuro nos haga enderezar el rumbo y recuperar la ilusión colectiva y entender que la calidad no es una aspiración de de un día, sino de continuar cada día con el estímulo de la excelencia.

Que este aniversario y mirada atrás, sirva para coger impulso para seguir dando un servicio de calidad a nuestros alumnos, mejorar la investigación y mejorar las instalaciones y los medios para este fin. Feliz aniversario \’ex post facto\’.
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La UGR inaugura unas jornadas sobre lenguaje y emociones

El congreso comienza hoy en la Facultad de Psicología con Olbeth Hansberg

La Facultad de Psicología de la Universidad de Granada será la sede desde hoy y hasta el martes de un congreso internacional en el que los invitados debatirán sobre la relación entre el lenguaje y las emociones desde un punto de vista filosófico, psicológico y lingüístico.

La UGR ha indicado en una nota que las jornadas contarán con la presencia de la mexicana Olbeth Hansberg, el húngaro Zoltán Kövecses, el estadounidense Jesse Prinz y el granadino Juan José Acero, que son «los mayores expertos» en esta materia. En este congreso se discutirá, entre otras cuestiones, si la expresión lingüística sólo sirve para explicar la emoción o si es capaz de provocarla.

Otros temas que se tratarán son el papel del lenguaje en el concepto de \’emoción\’, las metáforas que se utilizan para definirlo o la importancia del análisis lingüístico-filosófico para comprender las emociones.

La Universidad de Granada ha apuntado que este congreso permitirá a los investigadores españoles crear contactos con grupos de trabajo extranjeros, a los que se ha invitado a escribir ponencias de disciplinas distintas a la filosofía.

Olbeth Hansberg es doctora en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y ha desarrollado ininterrumpidamente sus labores docentes y de investigación en esta casa de estudios como investigadora en el Instituto de Investigaciones Filosóficas y profesora en la Facultad de Filosofía y Letras. Las principales líneas de investigación de Hansberg se ubican en los campos de la filosofía del lenguaje y de la mente. Se ha ocupado de temas tales como la relación mente-cuerpo, las características de las explicaciones psicológicas, la explicación de la acción y el examen de los diversos estados mentales. Además, introdujo y difundió la obra de Donald Davidson, autor fundamental de la filosofía analítica contemporánea. En los últimos años se ha concentrado en una investigación amplia sobre las emociones -tema muy poco trabajado en México, pero de gran actualidad internacional-, uno de cuyos resultados fue el libro La diversidad de las emociones, publicado por el Fondo de Cultura Económica (1996 y 2001). Este libro se centra en las relaciones entre emociones y creencias, deseos y otras actitudes evaluativas.
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Memoria Histórica entrega hoy a Garzón la lista con 6.376 fusilados

ncluye un estudio comparativo entre las víctimas del franquismo y las del bando republicano

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) de Granada remite hoy al juez Baltasar Garzón una lista con los nombres de 6.376 fusilados, así como un estudio que compara al número de represaliados del bando republicano con los del bando nacional en la provincia.

En la documentación se incluye el nombre y profesión de las víctimas del franquismo entre 1936 y 1955, aunque 655 aún no han sido identificadas, y -además-, apunta a la posible existencia de unos 6.000 fusilados más, si bien el vicepresidente de la asociación y miembro del grupo de investigadores responsable de la redacción del informe, Rafael Gil Bracero, reconoce que no se dispone de datos que refrenden esta cifra, por lo que han quedado excluidos del listado oficial.

Además, la mitad de las condenas a muerte decretadas justo después de la guerra se conmutaron por penas de prisión perpetua a partir de 1945, según explica.

El registro abarca también la lista de fusilados del cementerio, cuyo paradero es un enigma, y que transcribió el periodista Eduardo Molina Fajardo en su libro Los últimos días de García Lorca.

El autor, que publicó el libro a título póstumo, contabilizó un total de 2.069 fusilados en Víznar y el cementerio de San José en los primeros años de la guerra civil, datos que han sido cotejados por la asociación.

Por otra parte, el informe que acompaña al listado, explica los antecedentes de las elecciones de febrero de 1936, los elementos militares que se sublevaron y la situación que se generó con la sublevación.

«Creo que Garzón quiere empaparse de lo que pasó. Fernando Moral, el abogado de la asociación, insiste en que el juez quiere saber el entramado cívico militar previo a la guerra para determinar cómo se hizo desaparecer a tanta gente, así como la mecánica de la guerra en sí», asegura Gil Bracero.

En su opinión, el magistrado estudia «los motivos por los que se sublevaron los militares», así como el «ambiente particular que había en Granada».

El informe documental ha sido elaborado por un grupo de seis investigadores a requerimiento del rector de la Universidad de Granada (UGR), Francisco González Lodeiro, que ha reconocido públicamente que la información de la que dispone la institución es «poca».

Por su parte, el Ayuntamiento de la ciudad prosigue la búsqueda en sus archivos para responder a la providencia de Garzón, que ha requerido tanto a la Universidad como al Consistorio un listado, así como datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo.

De momento, el Consistorio «no ha fijado un plazo de entrega», según aseguró ayer el portavoz del equipo de gobierno local, Juan Antonio Mérida, si bien continúa la búsqueda intensa en las oficinas del cementerio de San José y el Archivo Histórico Municipal.

En total, los colectivos de toda España aglutinados en la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica entregarán hoy una lista de 130.000 víctimas de la represión franquista en el país, elaborada por cerca de 200 asociaciones, según explica la plataforma en su página web. La información recabada por estas agrupaciones responde a la petición realizada por el juez, que concedió el pasado 2 de septiembre un plazo de 15 días a las partes para aportar «una relación sistemática de personas desaparecidas y su ubicación».
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Envían al juez Garzón la lista de desaparecidos en Granada entre 1936 y 1955

La Universidad de Granada remitirá hoy al juez Baltasar Garzón un informe socio-político que realiza una disección de la agitación que vivía Granada en el momento en el que se produjo la sublevación nacional y una lista con 6.376 desaparecidos entre 1936 y 1955.

Según informó ayer el presidente de la Asociación Recuperación de la Memoria Histórica, Francisco González Arroyo, en el informe aparecen los antecedentes de las elecciones de febrero de 1936, los elementos militares que se sublevaron y la situación que se generó con la sublevación.

En este sentido, señaló que se trata de un informe «cien por cien de síntesis política» que tiene como objetivo conocer el pulso político de la capital durante esa época elaborado por algunos historiadores de la Asociación que pertenecen a la Universidad de Granada como Rafael Gil o María Isabel Brenes, autora del mapa global de las fosas comunes que existían en la provincia de Granada.

Causas

Este documento «ayudará a entender» las circunstancias en las que se fusiló a las víctimas documentadas, que fueron asesinadas en Granada capital, aunque procedían de diferentes puntos de la provincia. Así, de los 6.376 desaparecidos de la provincia entre 1936 y 1959 que se cuantifican en la lista hay 655 personas cuya identidad se desconoce.

Se trata de un informe documental recopilado por un grupo de seis investigadores a requerimiento del rector de la UGR, Francisco González Lodeiro, que reconoció en declaraciones a los periodistas, que la información de la que dispone la institución es «poca», y referida a fusilados durante la Guerra Civil pero más extensa en cuanto a los «depurados» al finalizar la contienda.

Del mismo modo, González Arroyo aseguró que la información ha sido recopilada con datos del Registro Civil, actas judiciales, publicaciones e investigaciones de campo, con lo que se ha elaborado un documento inicial «suficientemente contrastado».
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La travesía legal hacia la exhumación de García Lorca

La Universidad de Granada ya ha planificado la recuperación del cuerpo del poeta

Todo está preparado. La exhumación de los restos de Federico García Lorca está a la espera de una orden judicial. La identificación de los restos del poeta fusilado pondrá fin a los misterios, bulos y rumores que se ciernen sobre sus últimas horas. Y también a la larga lucha de dos familias -los Galindo y Galadí- por dar una sepultura digna a sus abuelos, asesinados con Federico y el banderillero Joaquín Arcollas Cabezas hace ya 72 años.

La decisión de los herederos de Lorca de no oponerse a la excavación constituye un impulso para que el controvertido proceso llegue a buen puerto. A la espera de que esto ocurra, la Universidad de Granada y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) -impulsora de la iniciativa junto a las familias Galindo y Galadí, así como el investigador Ian Gibson y el periodista Francisco Vigueras- ya tiene perfilado un minucioso plan.

Un equipo compuesto por arqueólogos, antropólogos, geofísicos y genetistas acometerían el proceso que, en palabras del científico Miguel Botella, sería «largo». La delimitación de la fosa con un georradar -destinado a detectar los movimientos de tierra- sería abordado por el Instituto de Geofísica. Después llegaría la propia excavación y la limpieza de los huesos. Pero antes de llevarlos al laboratorio, los científicos estudiarán los restos para recoger datos. Aunque normalmente con el estudio antropológico se puede identificar un cuerpo con certeza, a veces se recurre al análisis de ADN para la confirmación. La operación correría a cargo de Botella, que coordina el Instituto de Antropología Física. Este proceso, que duraría un par de meses, llegaría a su fin en el momento en que los restos sean entregados a los herederos.

Nieves Galindo, la nieta del maestro de Puliana, pretende dar sepultura a su abuelo en esta localidad. Los Lorca ya han dejado claro su intención de no mover los restos de Federico del barranco de Alfacar, donde hoy existe un parque con el nombre del poeta.

Aunque la identificación de cada desaparecido costaría de media unos 6.000 euros, la recuperación de los cuerpos de Galindo y Galadí sería mucho más costosa. El presupuesto supera los 30.000 euros, ya que habría que poner en marcha «una gran estructura de privacidad» para mantener el derecho a la intimidad, según explica el presidente de la ARMH, Francisco González.

Estas «estructuras de seguridad y privacidad complejas y costosas» hacen que la asociación no puedan afrontar el proceso, más aún teniendo en cuenta que se excavaría en dos localizaciones: el parque Federico García Lorca de Alfacar y en el paraje de olivos que hay 430 metros al sureste de este punto, antes del Caracolar.

La pregunta que se plantea entonces es quién hará frente al coste, una cuestión que la Ley de Memoria Histórica no aclara. La norma, que tiene un año de vida, no contempla la dotación de medios para el desarrollo de las actuaciones. En palabras del letrado Rafael López Guarnido, «no marca un camino de actuación claro».

En Andalucía, según precisa Botella, aún no está estipulado quién va a subvencionarlo. Podría ser la Junta o los ayuntamientos, así como entidades privadas. Y es que -y en esto coinciden los expertos en la materia- la ley «tiene voluntad pero se queda a medio camino», dejando el campo abierto para que sean otras instituciones quienes lo hagan.
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La travesía legal hacia la exhumación de García Lorca

La Universidad de Granada ya ha planificado la recuperación del cuerpo del poeta

Todo está preparado. La exhumación de los restos de Federico García Lorca está a la espera de una orden judicial. La identificación de los restos del poeta fusilado pondrá fin a los misterios, bulos y rumores que se ciernen sobre sus últimas horas. Y también a la larga lucha de dos familias -los Galindo y Galadí- por dar una sepultura digna a sus abuelos, asesinados con Federico y el banderillero Joaquín Arcollas Cabezas hace ya 72 años.

La decisión de los herederos de Lorca de no oponerse a la excavación constituye un impulso para que el controvertido proceso llegue a buen puerto. A la espera de que esto ocurra, la Universidad de Granada y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) -impulsora de la iniciativa junto a las familias Galindo y Galadí, así como el investigador Ian Gibson y el periodista Francisco Vigueras- ya tiene perfilado un minucioso plan.

Un equipo compuesto por arqueólogos, antropólogos, geofísicos y genetistas acometerían el proceso que, en palabras del científico Miguel Botella, sería «largo». La delimitación de la fosa con un georradar -destinado a detectar los movimientos de tierra- sería abordado por el Instituto de Geofísica. Después llegaría la propia excavación y la limpieza de los huesos. Pero antes de llevarlos al laboratorio, los científicos estudiarán los restos para recoger datos. Aunque normalmente con el estudio antropológico se puede identificar un cuerpo con certeza, a veces se recurre al análisis de ADN para la confirmación. La operación correría a cargo de Botella, que coordina el Instituto de Antropología Física. Este proceso, que duraría un par de meses, llegaría a su fin en el momento en que los restos sean entregados a los herederos.

Nieves Galindo, la nieta del maestro de Puliana, pretende dar sepultura a su abuelo en esta localidad. Los Lorca ya han dejado claro su intención de no mover los restos de Federico del barranco de Alfacar, donde hoy existe un parque con el nombre del poeta.

Aunque la identificación de cada desaparecido costaría de media unos 6.000 euros, la recuperación de los cuerpos de Galindo y Galadí sería mucho más costosa. El presupuesto supera los 30.000 euros, ya que habría que poner en marcha «una gran estructura de privacidad» para mantener el derecho a la intimidad, según explica el presidente de la ARMH, Francisco González.

Estas «estructuras de seguridad y privacidad complejas y costosas» hacen que la asociación no puedan afrontar el proceso, más aún teniendo en cuenta que se excavaría en dos localizaciones: el parque Federico García Lorca de Alfacar y en el paraje de olivos que hay 430 metros al sureste de este punto, antes del Caracolar.

La pregunta que se plantea entonces es quién hará frente al coste, una cuestión que la Ley de Memoria Histórica no aclara. La norma, que tiene un año de vida, no contempla la dotación de medios para el desarrollo de las actuaciones. En palabras del letrado Rafael López Guarnido, «no marca un camino de actuación claro».

En Andalucía, según precisa Botella, aún no está estipulado quién va a subvencionarlo. Podría ser la Junta o los ayuntamientos, así como entidades privadas. Y es que -y en esto coinciden los expertos en la materia- la ley «tiene voluntad pero se queda a medio camino», dejando el campo abierto para que sean otras instituciones quienes lo hagan.
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Las asociaciones denunciantes presentarán este lunes a Garzón un listado con más de 100.000 desaparecidos en la Guerra Civil

Las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica que solicitaron al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón el inicio de una investigación sobre los desaparecidos en la Guerra Civil presentarán hoy, a requerimiento del magistrado, un listado con los nombre de más de 100.000 personas, según los denunciantes.

La información recabada en los últimos días por estas agrupaciones responde a una petición realizada por el juez, que concedió el pasado 2 de septiembre un plazo de 15 días a las partes para aportar «una relación sistemática de personas desaparecidas y su ubicación».

Los denunciantes presentarán además otros informes en los que se señala la ubicación de fosas comunes que aún no han sido abiertas. Aportarán también datos ofrecidos por asociaciones que no han presentado denuncias en el Juzgado Central de Instrucción número 5 pero que se han mostrado dispuestas a colaborar en la elaboración de las listas de desaparecidos.

El juez pidió en una providencia dictada el pasado día 2, celeridad en la aportación de pruebas «con el fin de resolver sobre la competencia con la mayor rapidez» y «obtener los datos necesarios para dictar el correspondiente auto».

Garzón había solicitado sólo un día antes, el 1 de septiembre, a instituciones como el Valle de los Caídos, la Conferencia Episcopal Española (CEE), el Centro Documental de Memoria Histórica y a los alcaldes de localidades como Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid la elaboración de diversos listados y la aportación de datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil.

El magistrado tomó esta decisión como paso previo a decidir si es competente para investigar las denuncias que ocho asociaciones de memoria histórica presentaron el 18 de julio de 2007 en la Audiencia Nacional. Estos colectivos solicitaban una investigación sobre las desapariciones, \’sacas\’, asesinatos, torturas y exilios forzosos que se cometieron a partir de 1936 y consideraban que cabe exigir responsabilidades al Estado español dentro del marco actual de las obligaciones de reparación por la violación del Derecho internacional.

El juez solicitaba a la Abadía de Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y a la Delegación del Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial que proporcionara información sobre «el nombre de las personas enterradas en este lugar, procedencia geográfica de los restos y causas de enterramiento». Además, pedía a los alcaldes de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid así como al rector de la Universidad de Granada el nombre de las personas enterradas en la fosas comunes a partir del llamado «alzamiento nacional» de 1936 y la situación de Guerra Civil que éste provocó.

Pedía también al centro Nacional de la Memoria Histórica –dependiente del Ministerio de Cultura– que informe si dispone de los ficheros del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo y al Ministerio de Defensa que amplíe la solicitud que le trasladó el pasado mes de junio en la que le pedía que identificase qué organismo puede determinar el número de personas que desaparecieron en España a partir del 17 de julio de 1936. Solicitaba además información a la Dirección de Registros y Notariado y al Centro Documental de la Memoria Histórica

En su providencia, el magistrado requería a la Conferencia Episcopal que comunicara «a todas y cada una» de las parroquias de España –un total de 22.827– que permitan el acceso a la Policía Judicial para que ésta identifique a posibles víctimas desaparecidas a partir del «alzamiento nacional» a través de los libros de difuntos de los que dispongan.

LA FISCALIA PIDIO EL ARCHIVO

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó en febrero pasado el archivo de las denuncias, al considerar que han prescrito en aplicación de la Ley de Amnistía de 1977. También destacó que los hechos señalados eran contemplados como delitos comunes con tipificación ordinaria de asesinato, detención ilegal o lesiones en el Código Penal de la época en la que se cometieron, en referencia al ordenamiento de la Segunda República.

«Al quedarnos sólo en presencia de delitos comunes les son aplicables en toda su amplitud los artículos 1 y 2 de la Ley de Amnistía, lo que produjo ya en 1977 la extinción de la responsabilidad criminal», argumentaba en su escrito el Ministerio Fiscal.

De igual modo, el Ministerio Público sostenía que la competencia en el presente caso no corresponde a la Audiencia Nacional debido a que los crímenes contra la humanidad deben ser perseguidos por el órgano de la jurisdicción que corresponda, es decir, los juzgados del lugar en el que se hayan cometido los hechos.
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Garzón recibe hoy una lista de desaparecidos entre 1936 y 1955

También le va a ser entregado un informe socio-político que realiza una disección de la agitación que vivía Granada en el momento en el que se produjo la sublevación nacional

La Universidad de Granada remitirá hoy al juez Baltasar Garzón un informe socio-político que realiza una disección de la agitación que vivía Granada en el momento en el que se produjo la sublevación nacional y una lista con 6.376 desaparecidos entre 1936 y 1955.

Se trata de un informe «cien por cien de síntesis política» que tiene como objetivo conocer el pulso político de la capital durante esa época elaborado por algunos historiadores de la Asociación que pertenecen a la Universidad de Granada como Rafael Gil o María Isabel Brenes, autora del mapa global de las fosas comunes que existían en la provincia de Granada.

Este documento «ayudará a entender» las circunstancias en las que se fusiló a las víctimas documentadas, que fueron asesinadas en Granada capital, aunque procedían de diferentes puntos de la provincia. Así, de los 6.376 desaparecidos de la provincia entre 1936 y 1959 que se cuantifican en la lista hay 655 personas cuya identidad se desconoce.

Se trata de un informe documental recopilado por un grupo de seis investigadores a requerimiento del rector de la UGR, Francisco González Lodeiro, que reconoció en declaraciones a los periodistas, que la información de la que dispone la institución es «poca», y referida a fusilados durante la Guerra Civil pero más extensa en cuanto a los «depurados» al finalizar la contienda.

Del mismo modo, González Arroyo aseguró que la información ha sido recopilada con datos del Registro Civil, actas judiciales, publicaciones e investigaciones de campo, con lo que se ha elaborado un documento inicial «suficientemente contrastado».

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Garzón recibe hoy una lista de desaparecidos entre 1936 y 1955

La Universidad de Granada remitirá hoy al juez Baltasar Garzón un informe socio-político que realiza una disección de la agitación que vivía Granada en el momento en el que se produjo la sublevación nacional y una lista con 6.376 desaparecidos entre 1936 y 1955. Se trata de un informe «cien por cien de síntesis política» que tiene como objetivo conocer el pulso político de la capital durante esa época elaborado por algunos historiadores de la Asociación que pertenecen a la Universidad de Granada como Rafael Gil o María Isabel Brenes, autora del mapa global de las fosas comunes que existían en la provincia de Granada.

Este documento «ayudará a entender» las circunstancias en las que se fusiló a las víctimas documentadas, que fueron asesinadas en Granada capital, aunque procedían de diferentes puntos de la provincia. Así, de los 6.376 desaparecidos de la provincia entre 1936 y 1959 que se cuantifican en la lista hay 655 personas cuya identidad se desconoce.

Se trata de un informe documental recopilado por un grupo de seis investigadores a requerimiento del rector de la UGR, Francisco González Lodeiro, que reconoció en declaraciones a los periodistas, que la información de la que dispone la institución es «poca», y referida a fusilados durante la Guerra Civil pero más extensa en cuanto a los «depurados» al finalizar la contienda.

Del mismo modo, González Arroyo aseguró que la información ha sido recopilada con datos del Registro Civil, actas judiciales, publicaciones e investigaciones de campo, con lo que se ha elaborado un documento inicial «suficientemente contrastado».
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Los denuciantes presentan hoy a Garzón un listado con más de 100.000 desaparecidos

* Son ocho entidades y se dedican a trabajar por la Memoria Histórica.
* Piden a la Audiencia investigar torturas, desapariciones y exilios.
* El juez dio 15 días para entregar la lista provisional que espera hoy.

Las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica que solicitaron al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón el inicio de una investigación sobre los desaparecidos en la Guerra Civil presentarán hoy, a requerimiento del magistrado, un listado con los nombres de más de 100.000 personas, informaron a Europa Press los denunciantes.

La información recabada en los últimos días por estas agrupaciones responde a una petición realizada por el juez , que concedió el pasado 2 de septiembre un plazo de 15 días a las partes para aportar «una relación sistemática de personas desaparecidas y su ubicación».

Los denunciantes presentarán además otros informes en los que se señala la ubicación de fosas comunes que aún no han sido abiertas. Aportarán también datos ofrecidos por asociaciones que no han presentado denuncias en el Juzgado Central de Instrucción número 5 pero que se han mostrado dispuestas a colaborar en la elaboración de las listas de desaparecidos.

Denuncia de ocho asociaciones

El juez pidió en una providencia dictada el pasado día 2, celeridad en la aportación de pruebas «con el fin de resolver sobre la competencia con la mayor rapidez» y «obtener los datos necesarios para dictar el correspondiente auto».

Garzón había solicitado sólo un día antes, el 1 de septiembre, a instituciones como el Valle de los Caídos, la Conferencia Episcopal Española (CEE), el Centro Documental de Memoria Histórica y a los alcaldes de localidades como Granada , Córdoba, Sevilla y Madrid la elaboración de diversos listados y la aportación de datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil.

El magistrado tomó esta decisión como paso previo a decidir si es competente para investigar las denuncias que ocho asociaciones de memoria histórica presentaron el 18 de julio de 2007 en la Audiencia Nacional. Estos colectivos solicitaban una investigación sobre las desapariciones, \’sacas\’, asesinatos, torturas y exilios forzosos que se cometieron a partir de 1936 y consideraban que cabe exigir responsabilidades al Estado español.

A todas las parroquias de España

El juez solicitaba a la Abadía de Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y a la Delegación del Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial que proporcionara información sobre «el nombre de las personas enterradas en este lugar, procedencia geográfica de los restos y causas de enterramiento».

Además, pedía a los alcaldes de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid así como al rector de la Universidad de Granada el nombre de las personas enterradas en la fosas comunes a partir del llamado «alzamiento nacional» de 1936 y la situación de Guerra Civil que éste provocó.

En su providencia, el magistrado requería a la Conferencia Episcopal que comunicara «a todas y cada una» de las parroquias de España –un total de 22.827– que permitan el acceso a la Policía Judicial para que ésta identifique a posibles víctimas desaparecidas a partir del «alzamiento nacional» a través de los libros de difuntos de los que dispongan.
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ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada, reunido hoy lunes 22 de septiembre en sesión ordinaria, ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:

Informe del Rector
El Rector, Francisco González Lodeiro, al comienzo de su intervención manifestó la condena y la repulsa de la Universidad al atentado terrorista de ETA y anunció la celebración a las 12 h. de un minuto de silencio en la entrada de los centros universitarios, en señal de solidaridad con los familiares de las víctimas y como muestra del rechazo de la comunidad universitaria al terrorismo etarra.

En su informe, el Rector destacó, entre otros, los siguientes temas:

Candidatura de Granada para organizar la Universiada de 2015
El Rector valoró esta iniciativa que se plasmó en la firma de un documento con el Ayuntamiento de Granada, el pasado 2 de septiembre, con el fin de impulsar la candidatura de Granada como organizadora de este evento deportivo, el más importante, por número de deportistas participantes, después de las Olimpiadas. Se ha creado una comisión mixta Ayuntamiento-Universidad con la finalidad de establecer un plan conjunto que lleve a Granada a superar primero el concurso español, y después el internacional, que designará la ciudad elegida para la celebración de este importante evento deportivo en 2015.

Requerimiento del juez Garzón de la lista de personas asesinadas durante y después de la guerra civil
A pesar de existir muy escasa documentación sobre estos hechos en la Universidad de Granada, se ha creado una comisión de la que forma parte el Vicerrector de Extensión Universitaria y Cooperación al Desarrollo, Miguel Gómez Oliver, junto a un grupo de profesores entre los que se encuentran Mercedes del Amo o Rafael Gil Bracero, y se está investigando para poder aportar los documentos que solicita el juez Garzón. La Universidad cuenta, además, con el activo de profesionales como los profesores José Antonio Lorente y Miguel Botella, que desde sus laboratorios pueden aportar una importante ayuda en la identificación de los restos una vez descubiertos.

Inversión en Infraestructuras
Tomó la palabra la Vicerrectora de Infraestructuras y Campus para referirse a las obras acometidas este verano en los distintos centros, tras reunirse con los decanos y directores y conocer sus necesidades. Por el importe de la inversión, ha destacado el campus de Aynadamar con los centros de Informática y Bellas Artes. Otras actuaciones han tenido lugar en Arquitectura Superior, Empresariales, Facultad de Ciencias de la Educación, Facultad de Filosofía y Letras, Farmacia, Psicología, Odontología, Traducción e Interpretación, Derecho, Medicina, Ciencias, edificio Politécnico, Arquitectura Técnica, centros de Ceuta y Melilla, etc. En total, se han invertido 1 millón de euros en los centros del Campus de Aynadamar, 800.000 euros en los del Campus de Cartuja, 400.000 en los del Campus del Centro y 200.000 en el Campus de Fuentenueva. Así mismo, informó de la próxima salida de los concursos para las obras de los edificios de la Universidad que se construirán en el Campus de Ciencias de la Salud. En este Campus está prevista también la construcción de un Animalario, con cargo a los fondos FEDER por un total de 6 millones de euros (tres de ellos para equipamiento). Se está trabajando para la incorporación de laboratorios al citado Campus de Ciencias de la Salud, con la finalidad de potenciar la investigación biomédica.

Metro de Granada
En relación con el tema del Metro, el Rector informó de las reuniones mantenidas con la Junta de Andalucía para buscar el mejor acuerdo posible. Todas las alternativas técnicas que maneja la Junta sobre el trazado del Metro incluyen a los llamados “paseíllos universitarios”, aunque se procurará que tenga el menor impacto posible. Como bien señaló el Rector, el proyecto tal como se contempla, estuvo expuesto a la opinión pública durante un periodo de alegaciones y no se produjo ninguna alegación. El convenio con la Junta, que aún está abierto, contempla una serie de compensaciones para el entorno universitario, por un valor aproximado de 6 millones de euros, como son: la reordenación del Campus de Fuentenueva, la reparación de las instalaciones deportivas y la construcción de un aparcamiento subterráneo bajo el campo de fútbol para compensar las plazas que se pierden en superficie por el trazado del Metro.

Fundación “Granada-Educa”
El Rector comunicó que la Universidad ha pasado a formar parte del Patronato de esta Fundación auspiciada por el Ayuntamiento de Granada con el fin de mejorar el sistema educativo en el tramo de la educación infantil, de forma que la propia ciudad sea en sí misma un elemento educativo. La Universidad, como institución comprometida en el desarrollo de una educación integral y de calidad, no podía permanecer ajena a esta Fundación, por lo que se aceptó la invitación del Ayuntamiento para formar parte de su Patronato. Se trata de una sociedad sin ánimo de lucro que persigue la adopción de los más sobresalientes programas educativos, que permitan la integración de la población infantil inmigrante y que apueste por una educación al servicio de los ciudadanos y sepa aprovechar todos los recursos existentes para ello.

Programa “Universidad 2015”
Explicó el Rector el Programa “Universidad 2015”, un Campus de Excelencia Internacional, en el que estarán las universidades más punteras del país y del extranjero, y que conlleva una importante inversión en docencia, deportes, rehabilitación de edificios históricos, construcción de viviendas para universitarios, etc. Una comisión internacional se encargará de seleccionar las universidades candidatas a integrar ese Campus, entre las que la Universidad de Granada, por su historia y su presente, se encuentra muy bien situada.

Intervención del Gerente
El Gerente de la Universidad tomó la palabra para explicar la resolución del concurso público para otorgar la telefonía fija y móvil de la Universidad. El concurso se ha hecho atendiendo a la política de mejora y ahorro que lleva a cabo la Universidad y buscando condiciones más adecuadas que las hasta ahora existentes. El pliego de condiciones, elaborado con la asesoría de expertos, ha sido público, y en él primaban tanto aspectos técnicos que mejoraran la calidad del servicio como una cuantía más económica. El concurso, siguiendo la normativa de mayo de 2007, ha sido, pues, riguroso y transparente, y a él se han presentado las principales compañías de telefonía, otorgándose el servicio de telefonía fija a Telefónica España y el de telefonía móvil a France Telecom (Orange). Con este acuerdo se consigue un servicio de mayor calidad para todo el personal de la UGR y un importante ahorro para la Universidad.

Otros temas
Se refirió asimismo el Rector al actual proceso de integración en la UGR de la Escuela Universitaria de Enfermería de Ceuta, hasta ahora considerada como Centro adscrito. Se ha firmado un convenio con el Ministerio, y está pendiente de firma otro con la Cruz Roja Española, propietaria actual de las instalaciones, para seguir utilizándolas hasta que se dote de una nueva sede a la Escuela. Este proceso de integración requiere el informe favorable del Consejo Social de la Universidad y la posterior aprobación por el Consejo de Gobierno.
Comunicó también el Rector que la profesora Pilar Aranda es la nueva Secretaria de la Fundación Euroárabe, de la que la Universidad es patrono. Existen importantes proyectos de colaboración entre estas dos instituciones.
Por su parte, la Vicerrectora de Postgrado informó de que la UGR tiene actualmente 60 másteres con mención de calidad, la mayoría procedentes de programas de doctorado, y en concreto en el Campus de la Salud, la UGR es la primera universidad en menciones de calidad.
Para finalizar su informe, el Rector confirmó que la apertura oficial del curso 2008-2009 tendrá lugar el próximo día 6 de octubre, acto al que asistirá como invitado el Rector de la Universidad de Tetuán. Ese día se celebrará un concierto a cargo de la Orquesta de Cámara de la Universidad de Granada.

Criterios de homologación de becas predoctorales de la Universidad de Granada.
Se han aprobado los nuevos criterios de homologación de ayudas predoctorales de personal investigador en formación, dada la incompatibilidad entre los criterios actuales de homologación y el Estatuto del personal investigador en formación, para la adaptación de estos criterios a la nueva normativa y que considere las figuras tanto de becario como de contratado en prácticas.

Másteres oficiales para el curso académico 2009/2010.
De los másteres oficiales presentados para el curso 2009/2010, el Consejo de Gobierno ha informado favorablemente los siguientes:
1. Ciencia y tecnología de coloides e interfases.
2. La monarquía católica: el Siglo de Oro español y la Europa barroca.
3. Educación musical: una perspectiva multidisciplinar.
4. Cultura de paz, conflictos, educación y derechos humanos.
5. Urbanismo.

Ratificación de los acuerdos adoptados por la Comisión Académica, en sesión de 11 de septiembre de 2008.
El Consejo de Gobierno ha aprobado la Resolución del XVI Programa de Apoyo a la Docencia Práctica para el curso académico 2008/2009, presentado por el vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado. Con este programa, la UGR continúa su esfuerzo por dotar de nuevos recursos y mejorar los existentes en esta Universidad para impartir la docencia, especialmente la relacionada con las prácticas, para la adecuación necesaria a los criterios de excelencia recogidos en los Planes de Estudios y las exigencias del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior.
Para el desarrollo de este programa, que representa una apuesta por la potenciación de la docencia práctica y el compromiso de avanzar en la mejora de la calidad de la misma dentro del Plan Propio de Docencia de la UGR, la cantidad total que se aprobó es de 1.866.448,12 euros.

Ratificación del acuerdo adoptado por la Comisión Académica, en sesión de 17 de septiembre de 2008, relativo a la Propuesta de normativa para la contratación de profesores sustitutos interinos en la Universidad de Granada.
El objeto de esta normativa es fijar los mecanismos y condiciones para la contratación de profesorado de la Universidad de Granada en los casos de necesidades docentes ineludibles y urgentes producidas por la baja de un profesor con derecho a reserva de puesto de trabajo, que no puedan ser asumidas por los Departamentos.


Comunicado de la Universidad de Granada – Convocatoria de paro silencioso en rechazo al atentado de ETA

La Universidad de Granada, ante el brutal atentado de la banda terrorista ETA, que la pasada noche asesinó al brigada del ejército D. Luis Conde de La Cruz, dejando también varios heridos, quiere expresar su repulsa y más firme rechazo a la citada banda terrorista.

La Universidad, espacio de tolerancia y diálogo, quiere manifestar su más enérgica condena al cobarde instrumento del uso de la violencia terrorista, y pide la pronta actuación de la justicia sobre los causantes del atentado.

En tan difícil momento, la comunidad universitaria quiere mostrar a los familiares del fallecido y heridos, como al ejército y a las fuerzas de seguridad del Estado, su solidaridad y afecto, pues son la garantía de la convivencia en libertad deseada por todos, al tiempo que se reafirma en el valor de la democracia para preservar esa convivencia.

El rector de la Universidad de Granada convoca a la comunidad universitaria granadina, en sus centros de Granada, Ceuta y Melilla, a guardar un minuto de silencio hoy lunes, 22 de septiembre, a las 12 horas, en las puertas de los centros universitarios.