Los rectores ven luces y sombras en la nueva reforma universitaria
Aplauden el apoyo a la autonomía universitaria pero advierten del peligro que puede suponer una fragmentación excesiva de los títulos
david aguilar.
A. ALMÁRCEGUI
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sevilla. La propuesta realizada por el Gobierno a los rectores el pasado miércoles supone un importante cambio de rumbo en el proceso de integración de las universidades españolas en el Espacio Europeo de Educación Superior. No tanto por la determinación de que todos los títulos de Grado –llamados a sustituir a las actuales licenciaturas y diplomaturas– pasen a tener una duración de cuatro años –y no de tres más uno opcional como se había fijado hasta entonces–, como por la eliminación del catálogo estatal de titulaciones oficiales. Esta última medida, anunciada por el nuevo secretario de Estado de Universidades, Miguel Ángel Quintanilla, supone de facto que la decisión de impartir un título de Grado u otro ya no estará prefijada por el Ministerio, sino que serán las universidades, con el visto bueno de sus respectivas comunidades autónomas, las que resolverán ofertarlo.
Se disipa así el peligro a la desaparición de titulaciones autónomas como Sociología, Antropología, Bioquímica, Diseño Industrial, Comunicación Audiovisual y Publicidad, entre otras, y se deja en manos de las universidades la última palabra sobre la viabilidad de los títulos de escasa demanda. Esta decisión es valorada como positiva y ventajosa por David Aguilar Peña, rector de la Universidad de Granada y presidente de la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas (AUPA), entidad que agrupa a las diez universidades públicas con las que cuenta la comunidad autónoma.
Aguilar Peña asegura que esta modificación del proceso de Bolonia, con el que la UE busca la equiparación de los títulos universitarios europeos, tiene ventajas e inconvenientes. Entre las primeras, cita el espaldarazo que se da a la autonomía universitaria con la decisión de que sean las universidades las que decidan sobre los títulos a impartir. Por contra, advierte del peligro que puede suponer que cada región vise sus títulos libremente, de modo que pueda producirse una excesiva fragmentación de las titulaciones y por tanto una dispersión del sistema de Grados.
El vicerrector de Ordenación Académica y Espacio Europeo de Educación Superior de la Universidad Pablo de Olavide, Juan Fernández Valverde, suscribe las apreciaciones de Aguilar Peña. En su opinión será finalmente el Gobierno de las Comunidades Autónomas el encargado de poner el filtro a las titulaciones, de un modo similar al que ya funciona para autorizar la matrícula en los posgrados europeos. La idea de que sean las universidades las que propongan los títulos no es mala, así funciona en Francia. Se ofertan titulaciones y después compiten entre sí, señala. También advierte del problema que supone una excesiva atomización de los títulos, que puede impedir a los alumnos la movilidad entre provincias y países, lo que va en contra del espíritu de Bolonia. Lo peor de todo este proceso es la indefinición con la que nos encontramos. Los rectores le exigen al MEC una hoja de ruta por escrito donde queden claras estas nuevas directrices, enfatiza.
En opinión de Aguilar y Fernández Valverde, los primeros Grados no podrán aplicarse en el próximo curso 2007-08 como ya avanzara el MEC, pues no habrá tiempo suficiente para cerrar los planes de estudio.