TRIBUNA: LOS PROBLEMAS DE LA ECONOMÍA DELICTIVA JUAN MIGUEL DEL CID GÓMEZ
Blanqueo sin fronteras
JUAN MIGUEL DEL CID GÓMEZ
EL PAÍS – 02-06-2006
La corrupción es un fenómeno antiguo. Basta con que un funcionario público contravenga las normas del sistema para favorecer intereses particulares a cambio de una recompensa económica. Sin embargo, la corrupción no es más que una de las actividades delictivas que generan inmensas ganancias que necesitan ser blanqueadas. Se trata de ocultar o disfrazar la identidad del dinero para dotarlo de una apariencia legal y evitar la confiscación por las autoridades judiciales. La economía delictiva se ha convertido en un sector en plena expansión de la mano de la globalización, de tal forma que hoy resulta imposible aislar la economía legal de la ilegal. Los mercados financieros se alimentan de dinero, del que proviene de personas honradas que depositan sus ahorros en fondos de inversión y planes de jubilación, pero también del dinero que genera la evasión fiscal a gran escala, la corrupción, las mafias y el comercio de drogas.
En los últimos treinta años la economía ilegal se ha desarrollado vertiginosamente. En la actualidad, las estimaciones sobre la economía delictiva (tráfico de drogas, armas, petróleo, diamantes y seres humanos) se sitúan en torno a los 500.000 millones de dólares al año. Por su parte a la fuga de capitales ilegales (evasión de impuestos, comisiones ilegales, sobornos, falsa facturación) le corresponden otros 500.000 millones de dólares al año. En consecuencia, el producto delictivo bruto, obtenido como suma de los dos componentes anteriores, nos da la nada despreciable cifra de un billón de dólares anuales, equivalentes a un 4 por ciento del producto mundial bruto.
Son pocos los resultados que produce la lucha contra el crimen organizado y el dinero sucio en todo el mundo. Las grandes transacciones ilegales se conciben a escala mundial y no tienen demasiada dificultad en traspasar todo tipo de fronteras. Incluso cuando la vigilancia y el control en las fronteras se intensifican, esto no hace más que incrementar el precio de las prestaciones delictivas y aumentar con ello las ganancias de las organizaciones criminales.
Pero las fronteras presentan una ventaja, eso sí para las organizaciones criminales: protegen su riqueza de ser confiscada e impiden la cooperación judicial y policial. A este objetivo contribuyen especialmente los centros financieros extraterritoriales (offshore) y los países con una estricta legislación protectora del secreto bancario que aparecen como destino final del dinero en cualquier operación de blanqueo que se precie. Aunque se han realizado considerables esfuerzos internacionales por minimizar la entrada de dinero de origen turbio en estos territorios mediante una reglamentación financiera más estricta, su aplicación dista mucho de ser eficaz. Más aún: cuando se presiona a uno de ellos para que aplique una normativa contra el blanqueo más estricta, los demás refugios financieros suelen ser los principales beneficiarios de esos capitales que huyen buscando la más absoluta confidencialidad.
No es necesario ser un mafioso internacional para beneficiarse de estas complicidades pasivas. Muchas empresas ofrecen en Internet auténticos packs offshore en los paraísos financieros más discretos. Por ejemplo, la persona que busque proteger sus activos de posibles confiscaciones y molestos impuestos puede optar por la siguiente combinación: a) una IBC (compañía internacional de negocios, según las siglas en inglés), domiciliada en Panamá, Islas Vírgenes británicas, Seychelles o Gibraltar; b) las acciones de esta última serán propiedad de una fundación de interés privado panameña; c) un trust offshore domiciliado en Belice será el beneficiario exclusivo de dicha fundación. El objetivo declarado de todo este entramado es ofrecer al cliente una completa confidencialidad que en la práctica impedirá saber quien es el verdadero propietario de los bienes. Para ello, las legislaciones de estos territorios ofrecen la creación de entidades con acciones al portador, accionistas y administradores nominales (testaferros), exención de todo tipo de impuestos, sin obligación de publicar cuentas algunas, junto con un estricto secreto bancario. Todo ello con la condición de que realicen las operaciones fuera de su territorio. Después, hay que instruir al cliente para que aproveche tales instrumentos reduciendo los impuestos sobre los beneficios de su empresa localizada en el país en el que reside o los impuestos que recaen sobre la venta de un inmueble de su propiedad. El cliente también tendrá que saber la forma de repatriar los fondos depositados en estos territorios sin despertar sospechas de las autoridades, ya sea a través de un préstamo o de una tarjeta de crédito a nombre de una de estas sociedades.
Por qué conformarse con los métodos más sencillos de blanqueo, como la inversión inmobiliaria o la compra de obras de arte, si los circuitos que utiliza la alta criminalidad están al alcance de quien los necesite y los medios de comunicación por los que se anuncian a la vista de todos. Saber traficar, blanquear y volver a invertir ya no es un sello distintivo de las grandes organizaciones criminales sino el medio para poder serlo.
Juan Miguel del Cid Gómez es catedrático de E. U. de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada.