VIVIR
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Violencia de todos los colores
IDEAL ofrece mañana dos nuevos DVDs en su colección sobre la Guerra Civil y sus consecuencias
RAFAEL GIL BRACERO/Profesor Titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada
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LAS tensiones sociales acumuladas durante el periodo republicano y la radicalización política acaecida durante la primera mitad de 1936 tras las elecciones de febrero que ganara el Frente Popular, sitúan a España en el disparadero de la confrontación fratricida, precisamente cuando en Europa las democracias se debilitan y se posicionan frente al fascismo y el comunismo.
El clímax de preguerra se puede entender en las claves de su tiempo, aunque es bien cierto que, en todo caso, no parece que se legitime el golpe de estado que terminará con un gobierno plenamente democrático -aunque débil- como era el republicano en julio de 1936. La guerra debe ser interpretada como la respuesta de una parte de españoles a la conspiración e insurrección de elementos militares, respuesta a la deslealtad de parte de las fuerzas de orden público, respuesta al golpe contra el Gobierno de sectores influyentes de la sociedad, quienes con la violencia desean «superar y liquidar la experiencia republicana».
Esa respuesta popular y republicana contra los alzados -que obviamente fracasaron en su intento insurreccional que se preveía exitoso, inmediato y para todo el territorio de la nación- desencadena dramáticamente la fractura del Estado republicano y la irrupción de un contrapoder antifascista que, al menos hasta mediados de 1937, presenta las características externas de una verdadera revolución que tanto asusta a las clases conservadoras y medias de España y de Europa.
El poder en los comités antifascistas (la llamada comitecracia) se reviste de nueva legalidad y ajena a los principios del Estado de Derecho -legalidad ciertamente excepcional porque es excepcional la insurrección armada contra el gobierno de la República- para enfrentarse con armas (las milicias de partidos y sindicatos del Frente Popular), para organizar la retaguardia y para imponer un nuevo orden (saqueos, ocupaciones de tierras, incautaciones, colectivizaciones, control de empresas) que persigue y condena -sin garantías jurídicas- a todos los que se pronuncian o apoyan la insurrección que encabeza Franco y otros generales en el territorio nacional (los asesinatos en zonas dominadas por los gubernamentales).
Limpiar España
El verano de 1936 fue una larga noche en donde la violencia y el terror se convirtieron en instrumento de defensa antifascista para oponerse a los sublevados, y que tuvo naturaleza espontánea, no organizada. Frente a ella, en la España pronunciada, la violencia y el terror se convierten en un instrumento idóneo -planificado desde el poder y la autoridad, sea militar o civil- para preparar o asentar las conquistas territoriales, caso de las capitales y pueblos de Sevilla, Granada o Badajoz, como se refiere en el capítulo segundo. En uno y otro bando la violencia presenta connotaciones sociales: limpiar España de elementos fascistas indeseables o curas «trabucaires»; o, por el contrario, erradicar de España a los «responsables de la crisis española: demócratas o republicanos liberales-laicos, socialistas, anarquistas o comunistas revolucionarios» que atentarían contra los valores «universales y tradicionales de la España una y católica».
La mecánica de la muerte y las balas enmudecieron entonces las urnas y la democracia en 1936. Es la página más negra de nuestra «incivil contienda», que cegó la vida de aproximadamente cuarenta mil españoles (son cifras oficiales) que se definieron con el Alzamiento. Una página negra que cegó también la vida de no menos de cien mil españoles pro-gubernamentales (datos provisionales recogidos en revisiones historiográficas, dado que no se estimaron en su momento como víctimas aquellos óbitos). Se calculan que no menos de otras treinta mil personas permanecen desaparecidas o se desconocen sus lugares de enterramientos. Varios cientos de miles fueron privadas de libertad en innumerables cárceles de postguerra o hubieron de exiliarse como recordaremos más adelante.
Setenta años después de aquella atrocidad, la energía y normalidad democrática nos legitima para repasar el pasado reciente, para aprender de los errores y los excesos de las opiniones y las acciones enfrentadas pero también para recuperar y dignificar la memoria de quienes han permanecido tantas décadas en un injusto olvido.
