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La Fiscalía investiga si la UGR censuró la exposición de Bayona

La Fiscalía Provincial de Granada investigará si la Universidad de Granada fue coaccionada para que se clausurara antes de lo previsto la exposición Circus Christi, del artista Francisco Bayona, que generó bastante polémica por la visión que ofrecía de Jesucristo, al que dotaba -a través de modelos- de una estética gay, y si la clausura, presuntamente fruto de un acuerdo con el autor, constituyó una «actividad censora».

La muestra, que se difundió en la sala de exposiciones de la Corrala de Santiago, en el Realejo, iba a mantenerse entre el 11 de febrero y el 5 de marzo, pero sólo duró cuatro días. El 15 de febrero, la Universidad emitió un comunicado en el que afirmaba que «ante la polémica suscitada y dado que no es posible garantizar la seguridad del a misma, el autor de la muestra y el vicerrector de Extensión Universitaria, Miguel Gómez Oliver, han acordado clausurar la exposición».

Blanca Parrilla y Mario Ortega, de Los Verdes de Andalucía, protestaron por esa decisión por vía judicial y en su denuncia recalcaron que, según publicaron varios medios de comunicación, el artista habría sido amenazado «y que la Universidad se sintió coaccionada por este motivo». Bayona, de hecho, denunció ante la policía que le habían llegado varios correos electrónicos de contenido ofensivo y amenazante.

Entre las diligencias de investigación penal que solicita la Fiscalía, figura la de abrir una investigación «que determine las posibles amenazas y coacciones al autor de la obra referida y sus responsabilidades», pero no queda ahí y manda también abrir una investigación «que determine las posibles coacciones a la Universidad de Granada y sus posibles responsables».

En este último caso, agrega, la Universidad habría podido ejercer una «actividad censora». En concreto, subraya que «teniendo en cuenta que el artista y autor de la obra ha podido acordar con la Universidad de Granada el cierre de la exposición bajo amenazas posiblemente ciertas», se hace necesaria «la apertura de una investigación que determine la posible actividad censora y sus posibles responsabilidades».

Como cuarta solicitud figura la de «determinar la posibilidad de inculcar el deber de impedir delito o de promover su persecución por parte de la Universidad y sus posibles responsabilidades».

Los hechos, resume la Fiscalía en sus fundamentos de derecho, podrían constituir un delito de coacciones, entendido éste como impedir a otro, sin estar legítimamente autorizado, hacer lo que la ley no prohibe. Eso se castiga con una pena de prisión de seis meses a tres años y una multa de 12 a 24 meses, según la gravedad.

En su resolución final, la Fiscalía acuerda pedirle a la UGR un informe sobre esas supuestas coacciones que recibió y, en caso de haber existido, «si conoce al presunto autor de las mismas».

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