Las aguas bajan más calmadas en la Universidad de Granada (UGR), pero aún no ha llegado la calma total. Los sindicatos y la gerencia bajaron ayer el tono entorno a la polémica por la interpretación del Real Decreto Ley 30/2011. Los primeros advirtieron de que aún no está todo solucionado, que las movilizaciones no se han anulado del todo, pero «damos cierto margen». Tras un día de reuniones y de los correos electrónicos internos ‘gruesos’ del martes y miércoles se fijó un «calendario» de reuniones y de actuaciones para la «negociación».
Hay que recordar que CCOO ha trasladado al fiscal superior de Andalucía la «paralización» de la oferta pública en la UGR.
Antonio Oña, secretario general de la sección sindical de UGT en la UGR, aseguró que el problema en lo que respecta al Personal Docente e Investigador (PDI) está «en vía de negociación y solución». Eso sí, antes de desgranar lo hablado en torno a este sector resaltó que en lo referente al Personal de Administración y Aervicios (PAS) la «situación es peor».
En palabras de Antonio Oña, el gerente de la institución universitaria, Andrés Navarro, que ha sido objeto de todas las críticas tras lo que los sindicatos llaman «una mala interpretación del decreto de medidas urgentes del Gobierno», se mostró favorable «y así se ha hecho a establecer un calendario de reuniones y negociaciones con el comité de empresa y la junta de personal». Oña informó de que el gerente se comprometió ayer a desbloquear y a «renovar cuando terminen los contratos de los programas de investigación ‘Ramón y Cajal’ y ‘Juan de la Cierva’para poder pasar al plan de estabilización de personal» y las reincorporaciones.
En la reunión, en la que según Oña el profesor Navarro pidió «perdón por no reunirse antes con el PDI -sí lo había hecho con el PAS-, también se habló de los ayudantes a doctor y los asociados «que se ha comprometido a que no irán a la calle». Según los datos facilitados por UGT, en la Universidad granadina hay 670 profesores asociados, 280 ayudantes doctores, sustitutos interinos 89 y 170 colaboradores.
«Estamos en compás de espera y no de euforia ni mucho menos», subrayó Antonio Oña que reconoció que al menos se está hablando y reuniéndose como «habíamos solicitado». Eso sí no escondió su preocupación por el personal de administración y servicios y de algunos servicios como comedores y limpieza. En ese «calendario de reuniones se tendrán que abordar estos y muchos temas más». Asimismo, dijo que se reunirá con los otros sindicatos para decidir qué medidas toman de forma conjunta.
En esta misma línea se expresó Diego Molina, responsable de Enseñanza de CC OO de Granada. Él se reunió a primera hora con Luis Jiménez del Barco, en el cargo de rector de la UGR, mientras González Lodeiro se recupera de una operación; y con el gerente. Su valoración ayer al mediodía era por una parte «insuficiente» y por otra positiva. «Se nos ha garantizado que no se paralizará ningún servicio y para ello están dispuestos a hacer las contrataciones que sean necesarias. Eso para nosotros es un paso importante», sostuvo Molina.
A juicio del representante sindical lo que es «insuficiente es que la interpretación del real decreto del Gobierno central limita las contrataciones y serán ellos -gerencia- los que decidan». Agregó que el gerente les había comunicado que solo se sacarán los programas que se hubieran aprobado antes del 31 de diciembre de 2011 -lo marca el real decreto- y «la interpretación siguen haciéndola igual algo con lo que como hemos dicho no estamos de acuerdo».
Las ofertas de las que habla CC OO estos días se refieren a las vacantes/baja y temporales. Ante este «cambio de actitud» Molina aseguró, no obstante, que «vamos a seguir movilizándonos. Hasta que la Universidad, la gerencia no vuelva a la situación anterior a la interpretación del real decreto seguiremos». El representante sindical explicó también que se reunieron con el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Jesús García Calderón, al que le comunicaron «el cambio de la situación». Eso sí, según palabras de Molina, les dijo que «estemos vigilantes por si se paralizan servicios esenciales y se lo comuniquemos». Según Molina «hay posibilidades de estudio del tema».
El sindicato ha considerado estos días que podría haber indicios de delito en la interpretación de la norma que hace la UGR, concretamente asegura que la Universidad podría haber vulnerado los derechos colectivos de los trabajadores. Molina considera la reunión con el fiscal jefe como «una medicina» para el «cambio» de ayer.
Informes
Tras estos días de tensión, el equipo de gobierno mandó el miércoles un correo interno a toda la comunidad universitaria en el que se decía: «Es falso que en la UGR se hayan producido despidos como consecuencia de la aplicación del mencionado Real Decreto-ley pues en absoluto concuerda con la realidad». También se defendió al gerente: «Toda actuación del gerente es acción de gobierno de nuestro equipo de gobierno que está obligado a desmentir aquellas informaciones tergiversadas, falsas o imprecisas que se han difundido desde algunas organizaciones sindicales».
Concluye: «Desde la entrada en vigor del decreto, el equipo de gobierno emprendió todas las acciones a su alcance para materializar íntegramente las contrataciones presupuestadas en el ejercicio económico 2012. Esta Universidad está solicitando informes que permitan clarificar su aplicación».
