Aunque durante la etapa republicana la cuestión autonómica municipal vuelve a surgir al amparo del regionalismo, ya que la Constitución reconoce “la autonomía de los municipios”, un trabajo de investigación realizado por la profesora de la Universidad de Granada Nieves Saniger Martínez –ahora recogido en el libro “La gestión municipal durante la II República. El caso de Granada”, que publica la Editorial Universidad de Granada– desvela que durante estos años la realidad municipal española del momento difícilmente podía acceder a esa autonomía ya que “aún no se les reconocía por completo a los municipios la soberanía, en cuanto afectaba a su ámbito de actuación”.
La gestión y administración de los servicios del Ayuntamiento de Granada se encontró, pues, perjudicada, entre otras causas, “por la inestabilidad política local, por las injerencias del estado, por la desconexión existente entre la estructura orgánica y el personal, por la incapacidad y la falta de profesionalización de muchos de sus funcionarios y por el endeudamiento progresivo de su hacienda.”
Según la profesora Nieves Saniger Martínez, se puede afirmar, con carácter general que: “la inestabilidad política del Ayuntamiento granadino va a afectar a la evolución y al desarrollo de los servicios públicos que prestaba”. En aquella época, cada alcalde que se situaba al frente de la Corporación intentaba buscar la solución más adecuada para la mejora y prestación del servicio. En este sentido, la primera medida que solía tomar era: “nombrar una Comisión que analizaba cuál era la situación para posteriormente debatir sobre los procedimientos más convenientes, pero debido a la inestabilidad política –los alcaldes permanecían muy poco tiempo al frente de la Corporación– en pocas ocasiones se proponía una solución y prácticamente en ninguna se procedía a ejecutarla”.
Estatuto, autonomía y deudas
El Ayuntamiento de Granada de aquellos años cumpliría, sin embargo, aunque con cierto retraso, los preceptos del Estatuto y aprobaría los reglamentos que éste le imponía, lo que originó –siempre según la autora del libro, Nieves Saniger– un cierto nivel de autonomía, limitado, además de por los aspectos ya señalados, “por la incapacidad de los técnicos municipales para elaborar unas disposiciones diferentes y adaptadas a las necesidades y peculiaridades del municipio granadino.”
El profesor Cazorla Pérez, autor del prólogo de este libro, afirma, por su parte que: “las fuertes tensiones políticas paralizaron así proyectos muy necesarios para la ciudad, como la construcción del edificio de Correos, las obras de la Facultad de Medicina (inaugurada por fin en 1944), las del Embovedado y el Banco de España (inaugurado en 1941). Ya desde 1932, según el Defensor de Granada, ´los continuos actos de violencia y el desorden público eran las notas características del estado de la ciudad`.
Lo cual repercutía inevitablemente en la situación financiera descrita impecablemente en el diario Ideal en estos términos que recoge literalmente la autora: `Agotado el crédito, no se han pagado los cupones de la Deuda, la Banca Marsans llegó incluso al requerimiento notarial, se atrasó el pago de la nóminas de empelados, se contrajeron numerosas y grandes deudas, etc., porque sería innumerable el enumerarlo. Ni siquiera se había hecho el presupuesto. Se prorrogó el de 1933, que se ha vuelto a prorrogar para 1935` (Ideal, 1 de enero de 1935).”
Referencia: Profesora Nieves Saniger Martínez. Departamento de Ciencia Política y de la Administración. Universidad de Granada. Tels.: 958 244 198 y 958 244 122. Correo e. nsaniger@ugr.es
