Un estudio de los profesores Juan Antonio Lacomba Arias y Francisco Lagos García, del departamento de Teoría e Historia Económica de la Universidad de Granada y de Enrique Fatás, de la Universidad de Valencia, ha demostrado que los sistemas que incorporan algún tipo de pago único adicional en el primer período en el que las pensiones pueden ser reclamadas son mucho más efectivos a la hora de retrasar la decisión de retiro que aquellos que distribuían de forma periódica las mejoras adicionales en las pensiones.
El artículo, publicado en la prestigiosa revista Economic Inquirí, pretende “poner de manifiesto la necesidad y prioridad de un gran debate en España donde se recojan el mayor abanico de alternativas posibles para llevar a cabo una reforma de la Seguridad Social”. Sus autores apuntan que, dado que esta propuesta no hace necesario modificar la redistribución de las pensiones, “quizás debiera estudiarse su aplicación en nuestro país al menos como medida complementaria. Una vez que las contribuciones realizadas por un individuo le hayan proporcionado el derecho a una pensión anual digna, todos aquellos años que dicho individuo continúe cotizando se podrían traducir, si él lo prefiere, en un posterior pago único en el momento de la jubilación”.
Reforma del Gobierno
El Gobierno español ha llevado a cabo en los últimos tiempos un amplio paquete de medidas de reforma de la Seguridad Social. Desde el 1 de enero de 2008, los trabajadores que lo deseen podrán prolongar su vida laboral más allá de los 65 años, lo que les permitirá incrementar un 2% la pensión por cada año que coticen de más. Se trata de una de las medidas incluidas en la reforma de la Ley de la Seguridad Social, aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 22 de noviembre.
Desde muy diversos ámbitos, entre ellos el de la OECD (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, por sus siglas en inglés) se está considerando tal propuesta de reforma como la solución lógica que elimine, o al menos suavice, las actuales lagunas del sistema de protección.
Los autores de este trabajo destacan que la inversión de la pirámide poblacional y el crecimiento de la esperanza de vida unido a bajas tasas de natalidad, está dando lugar a una población trabajadora cada vez más reducida frente a una población retirada cada vez más numerosa. “Además, esta tendencia se ha visto reforzada por los incentivos enquistados en los sistemas públicos de pensiones, los cuales inducen a los trabajadores a un abandono prematuro de la fuerza laboral”. Esta conjunción de hechos (envejecimiento de la población y jubilaciones anticipadas) pone en peligro la futura autonomía financiera de los sistemas de pensiones de reparto.
Elevar la edad de jubilación
En una primera aproximación al problema, “parece muy tentador tratar de subsanar los futuros desajustes presupuestarios simplemente elevando la edad legal de jubilación”. Si necesitamos que la gente trabaje más, es tan fácil como aumentar tanto la edad mínima que da acceso a la jubilación anticipada como la edad estándar de jubilación. “Sin embargo, retrasar dichas edades parece que no cuenta con el apoyo popular suficiente, más bien todo lo contrario”.
Según un buen número de encuestas recientes, la mayoría de los trabajadores tiende a manifestar un alto grado de rechazo al retraso de su actual edad de jubilación. Sirva como ejemplo una macroencuesta de Enero de 2005 para la compañía de seguros AXA basada en una muestra de 9.300 personas en 15 de los países más industrializados del mundo (España entre ellos). Dicha encuesta concluyó que existe una amplia oposición entre los trabajadores a incrementar sus edades de retiro límite, y que esta resistencia es aún mayor cuando los trabajadores están próximos a su jubilación.
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Referencia
Prof. Francisco Lagos García. Departamento de Teoría e Historia Económica de la Universidad de Granada.
Tfno: 958 249605.
Correo e.: fmlagos@ugr.es
