La jornada de clausura de este curso, que durante cinco días ha abordado el análisis de la realidad social de los medios de comunicación, ante el fenómeno de la globalización, se ha centrado en el estudio de los Consejos Audiovisuales, centrado en la realidad del de Cataluña, por un lado, y por otro en el proyecto y la justificación de una autoridad audiovisual para Andalucía.
El profesor Bernardo Díaz Nosty ha abordado una reflexión «crítica y legítima», del panorama de la televisión en el territorio nacional, y concretamente en Andalucía. Según opina, «la televisión pública se orienta, en la práctica, por la estela que marcan las televisiones comerciales. Es más, operan en términos que violan las directivas europeas».
Para la exposición de la realidad del panorama andaluz, contamos con la presencia de uno de los mayores expertos en el asunto, el profesor bernardo Díaz Nosty. El ejemplo de Cataluña ha sido explicado por uno de los miembros del Consejo Audiovisual catalán, el catedrático de Ciencias de la Política y la Administración, Joan Botella Corral.
Durante su intervención en el curso de verano del Centro Mediterráneo que se clausura hoy, ‘La comunicación en la sociedad globalizada’, el profesor Díaz Nosty, catedrático de Teoría de la Comunicación de la Universidad de Málaga, afirmó la existencia de un «fenómeno de complicidad», pues el escaso control ejercido por parte del Gobierno, que no presiona en cuanto al cumplimiento de las normativas, deriva en que el poder político pueden influenciar sobre el contenido informativo. «Esa desviación del modelo público hace que los que lo defendemos, perdamos argumentos para ello», expone Díaz Nosty.
Afirmó que los contenidos televisivos son el nutriente cultural de la sociedad; las televisiones crean hábitos, opinión,… El panorama del control audiovisual en España, único país de la Unión Europea que no posee una autoridad audiovisual, deja mucho que desear comparado con los del resto de países. En Francia, por poner un ejemplo, el Consejo Superior de lo Audiovisual tiene capacidad sancionadora para obligar a un medio a deje la pantalla totalmente en negro durante el prime-time.
Díaz Nosty expuso, ante los presentes en la casa de la Cultura de Almuñécar, unos datos que revelan la evidentes diferencias de consumos y producción audiovisual entre España y otros países. Según datos ofrecidos por Sofres en 1999, el porcentaje de películas nacionales vistas en Francia fue del 63,5%, frente al 21,7% que se emitieron en nuestro país, «la mayoría de ellas en el programa Cine de barrio», puntualizó. Sin embargo, el mismo dato referido a películas estadounidenses cifra en un 73,3% las emitidas en España y en un 31,3% las emitidas en Francia.
Si comparamos los datos relativos al coste de la producción audiovisual, las conclusiones son similares. Una hora de ficción nacional emitida España cuesta 127.645 euros, mientras que en el Reino Unido el coste es de 683.384 euros. «Ante esta evidencia, -destacó-, en España estamos produciendo telebasura, programas muy baratos».
Centrado en la realidad del canal autonómico andaluz, del que el profesor fue miembro del Consejo de Administración hace unos años, denuncia el hecho de que en Andalucía no existen políticas informativas. Este es un sistema de extensión central. «Las debilidades culturales de esta comunidad, que se enmarca en una zona de consumos culturales muy deprimidos, deberían estar entre las preocupaciones de los políticos», afirma.
«La degradación de las televisiones han propiciado que todas reproducen los mismos esquemas, emiten los mismos contenidos». El catedrático expuso que muchos de los problemas de desvertebración en España vienen generados por la falta de nutrientes en los medios de comunicación. «La comunicación, señaló Díaz Nosty, es esencial para el desarrollo, pero España tiene poco que aportar».
Auguró la desaparición de las grandes audiencias, las audiencias masivas. «La televisión pública tiene que ser una televisión de públicos», afirmó.
Joan Botella, por su parte, centró su intervención en el análisis del panorama audiovisual catalán, analizando qué se puede hacer en el entorno y qué problemas plantea que la autoridad audiovisual esté enmarcada dentro del Estado. Las principales funciones de dicha autoridad son regular, sancionar y velar por la aplicación de la normativa vigente.
«Para nosotros es más importante la autoridad moral que ejercemos, que el hecho de sancionar, porque en algunos casos sucede que la sanción impuesta, aunque ascienda a muchos millones, sea de menor cuantía que el beneficio conseguido por el delito», expuso Botella.
Botella perfiló las características de los miembros del Consejo. Está formado por 9 consejeros y un presidente, los cuales ejercen un mandato de 6 años, improrrogables e irrevocables. No se les puede cesar y no se les puede re elegir.
