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El Consejo Consultivo de Andalucía ha emitido en sólo diez años más de ciento sesenta dictámenes sobre protección de zonas verdes

En sólo una década el Consejo Consultivo de Andalucía ha generado ciento sesenta dictámenes sobre la relación entre urbanismo y zonas verdes o espacios libres. Este número, que ya de por sí solo resulta muy elevado, triplica la cantidad de los dictámenes que el Consejo Nacional de Estado destinaba para todos los temas de la comunidad andaluza.

Las cifras avalan el ritmo de trabajo de la institución consultiva autonómica: en diez años han elaborado 1576 dictámenes. Entre ellos, destacan los que abordan cuestiones de ordenación y planeamiento urbano, donde la protección y gestión de los espacios verdes adquiere especial importancia. Precisamente, la propia ley de 1993 que daba carta de naturaleza al Consejo andaluz recogía la obligación de consultar preceptivamente a esta institución cuando haya que modificar planes territoriales que cambien o alteren las áreas verdes no urbanizables.

La doctrina del Consejo Consultivo ha contemplado los espacios verdes no sólo como lugares de esparcimiento y recreo que mejoran la calidad de vida del ciudadano, sino también como elemento que estructura el espacio urbano. Así, los dictámenes emitidos mantienen la preocupación por que la trama verde de las ciudades sirva para la distribución equitativa de las propiedades urbanas y, de forma especial, procura evitar la especulación sobre futuras áreas urbanizables.

Para el catedrático de derecho administrativo Francisco López Menudo, “aunque normalmente se asocia el medio ambiente con los bosques, la flora o la fauna, es en las ciudades donde mejor se puede velar por él, ya que éstas son los principales focos contaminantes, y donde más hay que proteger los espacios verdes”.

A lo largo de esta semana, una decena de juristas evalúan el papel del Consejo Consultivo de Andalucía en su décimo aniversario. El curso de verano organizado por el Centro Mediterráneo en Almuñécar contará hoy con la participación del Secretario General del Tribunal Constitucional Javier Jiménez Campos.