Las comunidades más pobres acaparan el mayor número de funcionarios
España tiene fama de ser un país de funcionarios o al menos de admirar la vida del empleado público, ya que el trabajo se conserva de por vida y los horarios son más razonables que en la empresa privada. Aunque no es el Estado europeo con un mayor volumen de funcionarios, hay ciertas comunidades autónomas en las que el sector público tiene una presencia muy importante en el mercado laboral. Y la mayoría de esas autonomías son las menos desarrolladas de España.
Si se compara el número de funcionarios que hay por cada 1.000 ocupados, es decir, personas que realmente están trabajando, Extremadura –que es la autonomía con menor renta per cápita, por debajo de los 12.000 euros anuales– se lleva la palma con 243 empleados públicos por cada 1.000 trabajadores, una tasa dos veces y media superior a la comunidad con una menor proporción, Cataluña, que es una de las más ricas del Estado junto al País Vasco, Navarra o Baleares. La Comunidad de Madrid, que también es de las de mayor nivel de vida, se encuentra en un punto intermedio, debido a que en la capital se concentra la sede de gran parte de los organismos públicos estatales, a los que hay que sumar los del propio gobierno autonómico y del ayuntamiento.
Galicia se encuentra entre las autonomías con un mayor peso de los funcionarios en el mercado laboral, con 162,74 por cada 1.000 ocupados.
DIFÍCIL RELACIÓN
En un artículo del catedrático Miguel González de la Universidad de Granada difundido por la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), se destaca la elevada proporción de funcionarios en algunas comunidades, que casualmente son las menos ricas del Estado, aunque el catedrático de Economía de la Universidad de A Coruña (UDC), Federico Martín, considera que es “complicado” establecer una relación directa entre el alto nivel de empleo público y un menor desarrollo. Sin embargo, reconoce que “es evidente” que en las comunidades menos desarrolladas se suele procurar un trabajo para toda la vida.
RECORTAR GASTOS
Entre 1998 y julio de 2009, el personal al servicio de las Administraciones Públicas aumentó en 564.967 personas, al pasar de poco más de dos millones a casi 2,7 millones, lo que supone un incremento del 27%. La mayor parte de este aumento se ha registrado en las comunidades autónomas como consecuencia del “acentuado proceso” de trasvase de competencias del ámbito central al autonómico, según explica Miguel González. El empleo autónomico se ha duplicado en la última década y el local se ha disparado más de un 40%. “Se ha alcanzado un elevado volumen de empleo público local, con una relación laboral indefinida en gran parte, que en circunstancias normales, o adversas como las actuales, no guarda la proporción debida con la capacidad económica y financiera de la mayoría de los municipios de nuestro país”, aclara González.
Con la situación de crisis actual, las Administraciones Públicas son las primeras en sufrir el tijeretazo del Estado para reducir gastos. Aquellas voces críticas que culpan del excesivo déficit público al elevado gasto en personal (se come el 26% del gasto público total) han hecho mella, y tal y como resalta el catedrático de la Universidad granadina, el desequilibrio de las cuentas públicas tarde o temprano “exigirá un replanteamiento de la política seguida en el pasado tanto en lo relativo al empleo como a la remuneración de los empleados públicos.
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