Derecho Urbanístico
Universidad de Granada
La nueva Ley del Suelo, eje de la clausura de la primera edición del curso de Especialización en Derecho Urbanístico.
La conferencia que servirá de cierre al curso, correrá a cargo de Luciano Parejo Alfonso, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid, y uno de los responsables del anteproyecto de Ley del Suelo recientemente aprobado por el Consejo de Ministros.
Hoy miércoles 29 de noviembre, a las 17 horas, tendrá lugar en el Salón de Actos del Ilustre Colegio de Notarios de Granada, la ceremonia de clausura de la primera edición del curso de Especialización en Derecho Urbanístico, organizado por el Centro de Formación Continua de la Universidad de Granada.
El curso, dirigido principalmente al colectivo de notarios y registradores de la propiedad, ha abordado aspectos sectoriales fundamentales como el régimen jurídico de los actos urbanísticos inscribibles en el Registro de la Propiedad y las inscripciones de cesiones obligatorias, de transmisiones sujetas a tanteo y retracto urbanístico, de actuaciones seguidas en procedimientos de expropiación forzosa, así como de anotaciones preventivas en procedimientos administrativos y en el proceso contencioso administrativo.
La conferencia de clausura correrá a cargo de Luciano Parejo Alfonso, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid, y uno de los impulsores del anteproyecto de Ley del Suelo aprobado la semana pasada por el Consejo de Ministros para emprender su tramitación parlamentaria.
Freno a la especulación
Este nuevo texto legal (el noveno en los últimos doce años), expresa en su articulado la intención de cumplir el mandato constitucional de promover una vivienda digna, derecho de todos los españoles, reconocido en el artículo 47, que encomienda a los poderes públicos la tarea de regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.
Para evitar escándalos urbanísticos como los detectados en Marbella o Seseña (Toledo), la nueva ley obligará a revisar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) cuando una nueva actuación urbanística conlleve un incremento superior al 20% de la población o de la superficie de suelo urbanizado. Para determinar si se alcanza este porcentaje, se revisarán los proyectos aprobados durante los dos años anteriores.
