Tras la concentración convocada por UGT y celebrada hoy miércoles, 9 de mayo, frente al Hospital Real, los trabajadores de la Universidad de Granada han hecho entrega al Rector de un escrito donde le solicitan que no caiga en la tentación de la aplicación precipitada del Decreto 14/2012, por el que se aumentan las tasas universitarias y se altera gravemente la dedicación del profesorado recogida en las leyes universitarias, laborales y de la función pública. Y ello porque su aplicación inmediata es dudosa, el texto es interpretativo, prevé desarrollos de normas posteriores y atentaría contra la autonomía universitaria. Los trabajadores de la UGR le han pedido además que se sume al resto de Rectores españoles y andaluces, y que abra una vía de diálogo con los representantes de los trabajadores para decidir conjuntamente lo que más convenga a la Universidad de Granada.
Antonio Oña, sº general de la Sección Sindical de UGT en la Universidad de Granada (UGR) opina que el Decreto-ley 14/2012; por el que se aumentan las tasas universitarias y se altera gravemente la dedicación del profesorado recogida en las leyes universitarias, laborales y de la función pública; constituye una provocación en toda regla a las universidades públicas, y el comienzo de un camino para su privatización, o para la sustitución de sus servicios, total o parcialmente, por universidades privadas.
Con este decreto, ha explicado el representante de UGT, se modifican unilateralmente las condiciones laborales de los trabajadores universitarios, sin haber pasado por la Mesa Sectorial de Educación, y sin consultar ni negociar con los agentes sociales, como marca la normativa actual. Es decir, ha apuntado, es una imposición, que constituye un precedente gravísimo. Sería un buen momento, ha indicado el sindicalista, para el Rector cumpla definitivamente su compromiso de crear la Mesa de Negociación de la Universidad de Granada
Con el aumento de la carga docente, recogida en el decreto, se trata de crear distinciones entre el profesorado para dividirlo, y sobrecargar a unos para poder prescindir de otros. Esta sobrecarga unida a una oferta menor de títulos, hará que el Personal Docente e Investigador (PDI) temporal e incluso todo el laboral, podrá dejar de ser necesario, llevando a la UGR una reducción drástica de sus plantillas. Pero el decreto, ha apuntado Oña, no sólo afectará al profesorado, sino también al Personal de Administración y Servicios (PAS). Nadie se va a librar, ha dicho, pretenden provocar un «efecto dominó»: la reducción de los servicios con menos alumnos y profesorado, hará que se necesite una menor plantilla del PAS.
Antonio Oña ha concluido afirmado que lo que se pretende es una vuelta atrás, a las universidades elitistas; parece que «molesta» que el hijo de un trabajador pueda acceder a la universidad así como la autonomía universitaria y su papel crítico y creativo en la sociedad.
