GRANADA.- El grupo municipal de IU solicitará que el pleno del Ayuntamiento de Granada califique esta medida como «un brutal recorte, que se añade al que ya hemos sufrido estos últimos años, y que conllevará un retroceso histórico poniendo en peligro el futuro de nuestro país tras la aprobación el pasado 20 de Abril por el Consejo de Ministros el Real Decreto-Ley 14/2012 de medidas urgentes de racionalización de gasto público en el ámbito educativo que supone un recorte de los presupuestos educativos de entre el 25% y el 30%».
La concejala de IU en el Ayuntamiento de Granada ha señalado que las medidas adoptadas e impuestas por este RD Ley contra la calidad de la misma y contra la equidad del sistema educativo conllevarán la subida de los precios públicos de las matrículas universitarias, en torno a un 66% de media, y especiales medidas para los y las estudiantes no comunitarios que tendrán que asumir el 100% de los costes de su matrícula, «lo que supone una expulsión directa de la educación superior, siendo esta una medida de corte muy racista, y queremos que el PP de Granada se pronuncie al respecto, pues hay que destacar que el 80% de estudiantes universitarios de nacionalidad marroquí y argelina de España, estudian en Granada, lo que mermará considerablemente tanto sus posibilidades de acceso, como el riesgo de eliminación de licenciaturas, así como el que se dejen de percibir ingresos en nuestra ciudad de alquileres, manutención, comercio y ocio».
Según IU el Ayuntamiento de Granada debe velar por los intereses de la comunidad universitaria de Granada, que afecta a miles de estudiantes y que con la subida de los precios públicos y la mercantilización de la universidad pública se verá gravemente afectada por estos recortes educativos, «el Ayuntamiento debe defender una institución clave en el desarrollo económico y del conocimiento de nuestra capital como es la Universidad de Granada» asevera Molina.
Maite Molina ha recordado que la reducción del 12% en el presupuesto destinado a becas y el endurecimiento de las condiciones para el acceso a la misma «conllevarán en la práctica un creciente riesgo de endeudamiento estudiantil, el endurecimiento de los mecanismos propuestos para la valoración de la dedicación docente e investigadora, la impuesta reordenación de la docencia, la subordinación de la actividad educativa e investigadora a criterios re ductivamente economicistas y la regulación intrusiva de aspectos fundamentales que vulneran la norma constitucional de autonomía universitaria»
Desde la formación de izquierdas pretenden que el Ayuntamiento de Granada rechace tanto la forma de tramitación del Real Decreto, sin contar con la comunidad educativa, como su contenido, ya que según éstos, «daña profundamente el modelo vigente Educación pública, basado en el principio de igualdad de oportunidades y el de servicio público, contemplados en el Artículo 27 de la Constitución Española, que garantiza el derecho de todas y todos a la educación».
La edil de IU considera especialmente grave que una de las medidas para conseguir la austeridad necesaria del gasto público sea precisamente el recorte de la financiación universitaria, «ya insuficiente y por debajo de la media europea. Rechazamos el aumento de los precios públicos de la universidad española, que ya se encuentran por encima de la media europea y que incrementará el sesgo social en el acceso a los estudios superiores y dificultará aún más la entrada a la universidad de los sectores más castigados por la crisis, siendo esta medida un ataque frontal contra el principio de igualdad de oportunidades, además de que la aplicación de este Real Decreto-Ley daña gravemente la calidad de la docencia y la investigación. Por ello, denunciamos en particular que las medidas adoptadas por el Gobierno son un atentado gravísimo contra el desarrollo de la actividad investigadora, que es uno de los motores más potentes del progreso de una nación y de la competitividad económica que tanto reclama y que está produciendo el éxodo de cientos de estudiantes granadinos con un importante currículo en investigación a otros países que están demandando a los investigadores que el Estado rechaza» afirma Molina.
En definitiva pediremos que «se retire el Real Decreto-Ley 14/2012, se inicie un proceso de diálogo con los diferentes agentes sociales para dar una solución consensuada y efectiva a los problemas que pueda tener el sistema actual de educación, que se apoyen todas las movilizaciones educativas que se están llevando a cabo contra este Decreto-Ley con las sucesivas reformas educativas que se están llevando a cabo y dar traslado de estos acuerdos a Diputados y Senadores en Cortes Generales, a las fuerzas políticas con representación en el Congreso de los Diputados y al Defensor del Pueblo Andaluz» concluye Maite Molina
