El accidente de la A-7 que costó la vida a seis obreros se debió a la rotura de una pieza.
Los informes de Fomento y del Instituto Eduardo Torroja dicen que el marco trasero de la batería izquierda se quebró a causa del aflojamiento de un tornillo Los sindicatos subrayan que el estudio avala que el siniestro no fue fortuito.
Los informes del Ministerio de Fomento y del Instituto Eduardo Torroja sobre el accidente laboral ocurrido en noviembre de 2005 en la A-7, a su paso por Almuñécar (Granada), en el que murieron seis trabajadores, señalan que el desplome de parte de la estructura del viaducto se debió a la rotura de una pieza. Los dos estudios fueron remitidos al Juzgado de Instrucción 2 de Almuñécar que sigue el caso y, según informaron fuentes judiciales, ambos señalan «de forma unánime» que la causa del desplome fue la «rotura del marco trasero de la batería izquierda».
Los técnicos de Fomento y la comisión de peritos judiciales, integrada por cuatro ingenieros de Caminos de la Universidad de Granada y expertos del Instituto Eduardo Torroja, sólo aportan diferentes versiones con respecto a las causas de la rotura de dicha pieza.Las conclusiones de Fomento apuntan a que esta pieza, que unía dos partes de la cimbra que cayó, se rompió «fundamentalmente» por «el mal estado de la soldadura de una de las cartelas», mientras que los peritos judiciales sostienen que la causa de esa rotura fue «el aflojamiento de un tornillo, que sometió a más esfuerzo a los restantes, limitando la resistencia de la pieza afectada».
Uno de estos peritos, el ingeniero de la Universidad de Granada Antonio Meléndez, explicó ayer a Efe que han llegado a la conclusión de que la causa inicial del colapso fue probablemente que en las maniobras de movimiento de la cimbra se aflojó un tornillo, lo que luego produjo además daños en las soldaduras. Esta resolución es fruto de un «trabajo duro» y de la realización de análisis, de pruebas en la zona del río Verde y en Santiago de Compostela, y ensayos en el Centro de Investigaciones Metalúrgicas -dependiente del CISC-, en la Universidad Politécnica de Madrid y en el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), refirió Meléndez. El juez instructor deberá analizar ahora toda la documentación recibida, de «gran complejidad técnica», para llegar a una conclusión sobre la actuación por la vía judicial.
Tesis
UGT y CC.OO. valoraron ayer que los informes avalan sus tesis de que este siniestro no fue fortuito, sino debido a un fallo mecánico. No obstante, ambas centrales sindicales dijeron esperar a analizar los informes en profundidad para valorarlos.
Las obras están paralizadas en el tramo en el que se produjo el accidente por decisión del Ministerio de Fomento, ya que el juez levantó la suspensión judicial de la interrupción de las mismas por medio de un auto en diciembre de 2005. Por el momento no hay ningún imputado en relación con lo ocurrido, pese a que el juez instructor, además de pedir los referidos informes y encargar la reconstrucción de los hechos, ha tomado declaración a varios testigos, entre ellos trabajadores y técnicos. El accidente se produjo en la tarde del 7 de noviembre de 2005 y en él murieron cinco trabajadores portugueses y uno español, y otros tres resultaron heridos, tras el desplome de parte de la estructura del viaducto que estaban construyendo en la A-7 a su paso por la localidad granadina de Almuñécar
La obra había sido adjudicada a la Unión Temporal de Empresas (UTE) La Herradura -formada por Azvi, Obras Subterráneas y Ploder- que subcontrató parte de los trabajos a la gallega especializada en viaductos Estructuras y Montajes de Prefabricados, que, a su vez, delegó parte en la portuguesa Douro Montemuro.
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