Justicia ordena pagar indemnización por mala identificación de detenido desaparecido
La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó el primer pago de una indemnización millonaria a los familiares de un detenido desaparecido del Patio 29, que corresponde a una de las víctimas mal identificadas del hallazgo en Paine.
Se trata de la familia de Patricio Duque Orellana, ejecutado en 1973, y que había sido mal identificado por peritos forenses en 1993. Luego del reconocimiento realizado por el ex director del SML, Oscar Vargas, la familia presentó una querella por daño moral.
En fallo dividido, los ministros de la Sexta Sala del tribunal de alzada Alfredo Pfeiffer, Mario Rojas y al abogada integrante Andrea Muñoz Sánchez, establecieron que el Fisco debe cancelar la suma a los familiares de Patricio Loreto Duque Orellana, detenido desaparecido, desde el 16 de octubre de 1973, en la localidad de Paine.
El dictamen establece que se deben cancelar diez millones de pesos a Rebeca Escobedo Carreño, cónyuge de la víctima, y cinco millones de pesos a José Patricio Duque Escobedo, Rebeca de Lourdes Duque Escobedo y Pablo Enrique Duque Escobedo, hijos de la víctima por la falta de servicio del SML al identificar erróneamente los restos de Duque Orellana y entregarlos a sus familiares.
Los ministros Pfeiffer y Rojas estuvieron por el pago, mientras que la abogada integrante Muñoz fue partidaria de negar el pago, ya que a su juicio se han hecho esfuerzos para lograr la plena identificación de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
“Que los requerimientos hechos a la Universidad de Glasglow, primero, y al laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Granada, después, no hacen sino dar cuenta de los esfuerzos del Estado por mejorar las técnicas utilizadas hasta esa fecha y lo dificultoso que resultó incluso para esos centros especializados cumplir a cabalidad y satisfactoriamente el encargo relativo a la identificación de determinados restos óseos”, afirma la opinión minoritaria.
En primera instancia el juez del 23 Juzgado Civil de Santiago, Rubén Palma Mejías, había establecido el pago de una indemnización total de cien millones de pesos.
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