La UGR asesora a la Fiscalía Superior en la modernización de la Justicia
Un grupo de investigación de la Universidad de Granada asesora a la Fiscalía Superior de Andalucía sobre la modernización de la Justicia, con medidas como la llamada «prisión electrónica», los brazaletes de control telemático o la videoconferencia. Varios expertos en Derecho estudian cómo se pueden incorporar las nuevas tecnologías con el fin de ganar en agilidad y ahorrar costes, ha explicado a Efe Carlos Aranguez, coordinador del grupo de investigación.
«Los medios de control telemático pretenden complementar a los centros penitenciarios evitando el ingreso en prisión en los casos en los que no es necesario, como puede suceder con la prisión preventiva», ha indicado el coordinador, que explica que también se pueden usar estas medidas en materia de violencia de género para comprobar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento.
Además, se están estudiando fórmulas para agilizar las cargas de trabajo en los juzgados o el uso de medios como la videoconferencia, «siempre respetando todas las garantías del proceso», ha subrayado.
Esta colaboración, que comenzó en noviembre con la firma de un convenio entre la Consejería de Justicia, la Fiscalía Superior de Andalucía y las Universidades de Sevilla y Granada, se ha concretado ya en algunos informes sobre casos concretos a requerimiento de la Fiscalía aunque abarca también investigaciones más complejas.
«Básicamente se trata de una transferencia de conocimiento de la Universidad a la Administración de Justicia», ha resumido el catedrático Lorenzo Morillas, que dirige el grupo, formado por seis investigadores y dos informáticos.
Morillas ha concretado que entre las áreas que están investigando, además de la aplicación de las nuevas tecnologías, se abordan la violencia de género, la seguridad vial, el derecho penal de menores, asuntos de extranjería y delitos socioeconómicos, donde se incluirían los de urbanismo y medio ambiente.
Así, ayer se mantuvo una reunión con la fiscal de Medio Ambiente y las fuerzas y cuerpos de seguridad en la que se abordó la cuestión de los grafitos y las pintadas, y en este sentido se elaborará un informe detallado sobre la calificación jurídica de las múltiples conductas vinculadas a daños a inmuebles, ha informado Aranguez.
«No es lo mismo arrojar barro a un edificio que no tenga catalogación a hacerlo en uno con categoría de monumento nacional, ni es lo mismo arrojar barro que pintar con spray, ni es igual que se le pueda imputar al individuo una actuación puntual o se tenga constancia documental de que ha firmado en cien edificios», ha argumentado el investigador.
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