Discapacitados piden un acuerdo político y social para revisar la Ley de Dependencia
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha planteado hoy en Granada la necesidad de alcanzar un «gran pacto» político y social para «consolidar, corregir y ampliar» los derechos establecidos por la Ley de Dependencia para cuando se revise en 2010. Para este colectivo, es «urgente» el logro de un acuerdo interinstitucional y social que «acelere» el despliegue del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, ha dicho hoy su presidente, Luis Cayo Pérez Bueno. A su juicio, este gran acuerdo debería alejarse del debate político «partidista» y garantizar su sostenibilidad financiera a medio y largo plazo al introducir esta cuestión en los acuerdos más amplios de financiación autonómica para el futuro.
Durante su intervención en un Curso Experto en Dependencia de la Universidad de Granada, el presidente de CERMI ha detallado las grandes líneas por donde debería ir el proceso de revisión de la Ley.
Para que el sistema sea «verdaderamente eficiente y equitativo», Pérez Bueno ha considerado preciso reforzar el título habilitante del Estado para regular esta materia, de forma que el derecho a la autonomía personal se conecte con las competencias del Estado en materia de Seguridad Social.
También ha apuntado que la ley y el sistema deben «reequilibrarse» hacia la autonomía personal y la vida independiente, ya que «la visión de la dependencia pasiva es todavía acusada en la concepción y en las concreciones legales».
Por eso, este colectivo apuesta por configurar «con mucha más ambición y nitidez» los servicios conexos con la promoción de la autonomía personal, entre ellos el del asistente personal, que habría que regular de una forma «muchos menos restrictiva».
Para el CERMI, ahora es preponderante la visión pasiva de las situaciones de dependencia, por lo que debe fortalecerse el «principio de elección» de las personas y de las familias usuarias, «suprimiendo los intervencionismos públicos y técnicos que no sean absolutamente precisos».
Tras conseguir la viabilidad y sostenibilidad del sistema, Pérez Bueno ha añadido que hay que avanzar en la «universalidad y gratuidad» del servicio, «o al menos de un nivel de atención y prestación garantizados».
El CERMI es una plataforma aglutina a más de 4.000 asociaciones y entidades de personas con discapacidad cuyo objetivo es conseguir el reconocimiento de los derechos y la «plena ciudadanía» en igualdad de oportunidades de este colectivo.
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