Abogan por abrir el debate sobre el tratamiento diferencial de la violencia en el deporte
Expertos en derecho penal han abogado hoy por abrir el debate sobre la posibilidad de que los supuestos delictivos de mayor gravedad en el deporte, como la violencia o el dopaje, reciban un «tratamiento diferencial y autónomo» en el ámbito jurídico para ofrecer una respuesta penal más acorde a la realidad. Así lo ha expuesto hoy el catedrático de Derecho Penal Lorenzo Morillas durante un congreso internacional sobre derecho penal y deporte que se celebra hoy y mañana en Granada.
Morillas ha precisado que no se trataría de que se introduzcan nuevos tipos penales, sino de unificar los delitos más «sobresalientes» en el ámbito deportivo, entre los que incluye la violencia (ya sea entre deportistas o aficionados), el dopaje y el fraude, «bajo la cobertura de un bien jurídico del deporte».
Eso se traduciría en unificar la respuesta penal que se da a esos hechos delictivos con «criterios autónomos y unitarios», posibilidad sobre la que, a su juicio, habría que reflexionar en el futuro.
Según el catedrático, la reflexión parte del hecho de que en la actualidad esos delitos están «diseminados en otros bienes jurídicos»: las lesiones por ejemplo en los delitos contra la integridad física y el dopaje, que puede llegar a poner en peligro la vida del deportista, en los de salud pública.
En cualquier caso, Morillas considera que en España hay un «equilibrio interesante» entre el deporte y su regulación, y no sólo desde la perspectiva disciplinaria federativa, sino desde los sectores del ordenamiento jurídico, entre ellos el derecho penal.
En el caso del dopaje, ha valorado que desde el punto de vista de la legislación administrativa el Consejo Superior de Deportes esté intensificando sus actuaciones contra esta práctica, como también está ocurriendo a su juicio desde el ámbito penal.
En lo que respecta a la violencia en el ámbito deportivo, entiende que en España está bien regulada y no cree que haya permisividad, aunque admite la dificultad de perseguir esas conductas porque suelen partir de «aficionados en masa» y porque en ella inciden «muchos parámetros», si bien ha resaltado el hecho de que cada vez hay más sentencias condenatorias contra los violentos.
El catedrático sí ha abogado por regular con «mayor intensidad» en España los fraudes de ley en el ámbito deportivo, del que puso como ejemplo el cometido en Italia, donde una asociación ilícita influyó en árbitros para que cambiaran los resultados.
Por su parte, el profesor de Derecho Penal de la Universidad de Granada y coordinador de las jornadas, José María Suárez, ha dicho que aunque cada vez se aplican con más «intensidad» los tipos penales tradicionales en el ámbito deportivo -antes, dice, se era más proclive a pensar que lo que ocurría en un estadio no era competencia del derecho-, hay alguna «incoherencia técnica importante» en el Código Penal.
Se refiere en concreto al hecho de que la imposición de una multa, medida más habitual y «racional» en el ámbito deportivo, no vaya aparejada en el Código Penal, por una cuestión técnica, de la prohibición de acudir a espectáculos deportivos durante un tiempo.
Esa prohibición sólo se establece cuando, en vez de una multa, la pena impuesta es de privación de libertad -la menos de las veces-.
Para Suárez, también vocal del comité andaluz de disciplina deportiva, que la imposición de una multa se acompañara de la prohibición de acudir por un tiempo a espectáculos deportivos sería «más acorde» con la idea de que la «protección de bienes jurídicos» se logre a través de la prevención.
Según este profesor de Derecho Penal, aunque cualquier índice de violencia, por bajo que sea, es «preocupante», en proporción a la media España no está en los niveles altos de países como Inglaterra o los sudamericanos.
En los últimos treinta años, los sucesos deportivos han generado 1.500 víctimas en todo el mundo, según Suárez.
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