La Ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar asegura que, en el Gobierno central, son conscientes de la importancia que tiene el Guadalquivir para la vertebración territorial, social y económica de Andalucía.
Por eso, ratifica su compromiso de trabajar en una comisión bilateral para tratar de encontrar una solución, teniendo en cuenta los artículos estatutarios que se han reconocido constitucionales. Desde la Junta de Extremadura, su presidente Guillermo Fernández Vara, propone una gestión compartida de la cuenca del Guadalquivir entre el Estado y las Comunidades Autónomas por donde discurre la cuenca. Un gesto que ha agradecido el presidente andaluz, quien resalta el tono conciliador de su homólogo extremeño.
Mientras, se suceden los análisis del fallo judicial en el que se dice que el Estatuto fija un criterio fragmentador de la gestión de la cuenca, vulnerando así la Carta Magna. La Unión de Consumidores de Andalucía muestra su decepción por esta resolución. Su presidente, Juan Moreno, cree que el traspaso de competencias realizado ya no tiene marcha atrás.
El profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Granada, Rafael Vázquez, en declaraciones a la Onda Local de Andalucía, se ha mostrado confiado porque no haya nuevos recortes en el texto autonómico y minimiza la repercusión de la sentencia al referirse solo a un artículo. A su juicio, se ha ratificado la constitucionalidad del Estatuto.
De cara al futuro, el politólogo Rafael Vázquez cree compatible que la titularidad de las aguas del Guadalquivir esté en manos del Estado, y que su gestión efectiva se mantenga en manos de la Junta de Andalucía. Una alternativa que, según explica, está amparada por el artículo ciento 52 de la Constitución, con la que se daría prioridad a la importancia de una buena gestión.
De momento, existe unidad de acción entre el Gobierno regional y los partidos políticos que tienen representación en el Parlamento andaluz. Todos ellos mantienen su compromiso de trabajar para que las competencias de la cuenca las mantenga la administración autonómica.
