¿Se debe permitir el acceso a los juicios a la prensa rosa? ¿De qué forma se puede compaginar el derecho a la información y el derecho al honor de los encausados? ¿Debería haber mayor claridad en los procedimientos judiciales? ¿Son los jueces y los medios de comunicación imparciales desde el punto de vista político? Éstas fueron algunas de las preguntas sobre las que jueces, catedráticos de derecho y periodistas debatieron en la tarde de ayer dentro de las VIII Jornadas Jurídicas Por el diálogo organizadas por la Asociación Profesional de la Magistratura de Málaga y la Cátedra de Derecho Procesal de la Universidad de Málaga con el patrocinio de Unicaja.
La prensa rosa y su posible vulgarización o defenestración de los acusados fue ayer un tema recurrente. El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, y el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Granada José Luis González, aseguraron que, en virtud del derecho de audiencias públicas, «cualquier medio de comunicación puede entrar en la sala siempre que el juez no decida hacer el juicio a puerta cerrada» e incluso el presidente de la Audiencia Provincial, Francisco Javier Arroyo, indicó que «en Málaga no se ha impedido el pase a nadie porque, además, son las cadenas las que se acreditan y desconocemos para qué programas». Informar es un derecho y así quedó acreditado en las jornadas aunque «los medios de comunicación tienen que estar a la altura porque un juicio penal no es un Gran Hermano ni una serie de televisión», subrayó Miguel Julián Collado, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este jurista destacó que «un juicio es algo trascendente para una persona y suele cambiar su vida, por lo que la Justicia no se puede tratar como un producto televisivo o como algo de usar y tirar». «Se puede informar sin descalificar o injuriar», añadió García.
En la misma línea, el director de Málaga hoy, Antonio Méndez, incidió en el hecho de que «no se puede negar la existencia de juicios paralelos, sobre todo, en televisión» y lamentó que la banalización en el tratamiento «es un problema para la Justicia y para el periodismo que puede acabar devorado por uno de sus hijos».
En otros aspectos, los jueces coincidieron en precisar la necesidad de transparencia en los procedimientos dentro de un sistema democrático. «Los tribunales deben tener paredes de cristal para que todo el mundo entienda la razón de una diligencia», señaló el vocal del CGPJ, si bien reclamó a los medios de comunicación un mejor uso de la terminología jurídica y que se utilice a periodistas «capaces», argumentando que posibles malentendidos o informaciones incompletas pueden provocar una pérdida de confianza de los ciudadanos en el sistema judicial. El catedrático José Luis González criticó que «hay poca especialización en la prensa en materia judicial y poco conocimiento en materia procesal» y defendió el derecho a la información «pero ese derecho no lo es todo y frente a todo, porque hay otros derechos como el del honor o la intimidad».
Méndez reconoció que la información judicial «es un trabajo bajo presión, con fuentes opacas y en el que se pueden correr riesgos» pero, como contrapartida, exigió una documentación judicial «que no sea tan farragosa» o una mayor predisposición de las fuentes, «algo que es difícil de conseguir si no hay más colaboración». El director de este diario lamentó la «politización» de los jueces y defendió «una justicia a secas, independiente de las ideologías», algo que apoyó el juez y portavoz de la APM Antonio García aunque éste precisó que «no porque un juez manifieste su ideología deja de ser imparcial» y abogó por encontrar «un equilibrio» entre la libertad de expresión del juez como ciudadano y sus obligaciones como magistrado.
