La oportunidad de la medida divide a los expertos
CASA CONSISTORIAL. Policías a caballo en la puerta del Ayuntamiento.
E. MALDONADO / A. MÉNDEZ
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málaga. El Gobierno puede disolver una corporación municipal, pero nunca lo ha hecho. La Ley de Bases de Régimen Local contempla esta posibilidad y establece el procedimiento a seguir. Pero las dimensiones políticas, sociales y hasta legales de la medida son de tal magnitud y abocan a un escenario tan desconocido que la opción se ha descartado siempre, tanto en los municipios del País Vasco gobernados por herederos de Herri Batasuna como en Marbella.
Sin embargo, algunos expertos empiezan a observar la posibilidad de recurrir a la disolución del Ayuntamiento de Marbella como fórmula para contener la crisis política que vive el municipio.
Llueve sobre mojado. Ahora se acusa a dos concejales y los anteriores alcaldes fueron condenados, por lo que no se puede rechazar que se den las condiciones para tomar esa medida, reflexiona el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada Agustín Ruiz Robledo.
En opinión de este experto el hecho de que nunca se haya disuelto una corporación local en España obedece a que no ha existido voluntad de hacerlo. Recuerda que en casos como Marbella, los informes de la Cámara de Cuentas sobre la gestión del municipio han sido demoledores al apuntar que las arcas locales han sido objeto de desfalco durante lustros.
Ruiz Robledo afirma que quizá los políticos debieran avanzar en esa dirección antes de plantear posibles modificaciones de la ley y defiende la necesidad de incrementar los controles internos en el proceso de selección de secretarios e interventores, encargados de velar por el cumplimiento de la legalidad, ya que asegura haber visto concursos en los que da la impresión de que las plazas estaban adjudicadas de antemano.
En sentido contrario se pronuncia el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Málaga José María Souvirón. En primer lugar entiende que la crisis actual de Marbella es la típica descomposición de un gobierno municipal y que existen procesos para que se recomponga la paz, ya sea mediante las mociones de censura y confianza o el relevo de ediles por los que les siguieron en las listas electorales.
En su opinión no es fácil demostrar, como exige la Ley de Bases, que la gestión del ayuntamiento a disolver es gravemente dañosa para los intereses generales. Para cumplir este requisito debería de tratarse de una corporación en permanente rebeldía contra el Derecho y el Estado y es una decisión recurrible.
Souvirón duda de la eficacia de la medida y advierte de las inquietudes que provocan el escenario al que abocaría: Si se volvieran a presentar las mismas personas en las siguientes elecciones, qué sucedería. ¿Qué se podría hacer después? , se pregunta. No hay que olvidar que los miembros de la corporación han sido elegidos democráticamente.
El catedrático de la UMA entiende más eficaz que se depuren las responsabilidades políticas, administrativas y penales que se cometan de forma individual.
