«¿Qué más podemos hacer? Estoy ya tan decepcionado… Todas los días le doy vueltas, intento buscar fórmulas para convencer a los políticos, para persuadirles de que no pueden mantener este amplio consenso en un sistema injusto. No voy a tirar la toalla».
Victoriano Ramírez, catedrático de Matemática Aplicada y líder del Grupo de Investigación de Métodos Electorales (GIME) de la Universidad de Granada, acusa el hartazgo de una lucha que le ha llevado muchos años. Él, como tantos investigadores, como el propio Consejo de Estado, ha echado cuentas y afilado lápices para dibujar el modelo electoral perfecto para España. No ha servido. Las estructuras del sistema no se tocarán en esta IX Legislatura. Ya es definitivo. Más de dos millones de votos seguirán sin escaño en el Congreso de los Diputados.
Pero sí se reformará la vigente Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), de 1985. Y no para aumentar su proporcionalidad y corregir disfunciones como la que sufren Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya Verds (IU-ICV), tercera fuerza política (969.946 votos, 3,77%) y sexta en el Parlamento: dos diputados de un total de 350, el 0,57% de la Cámara.
Los cambios previstos, aunque de mucho calado, caminan por otro lado. Y se verán de nuevo previsiblemente esta semana, cuando se registren en el Congreso dos proposiciones de ley. Una, pactada por PSOE y PP, servirá para reforzar las barreras que ya existen para impedir que concurran listas contaminadas, de apoyo encubierto a ETA. La otra, acordada por los dos grandes partidos, CiU y PNV, modifica aspectos clave como el voto de los residentes en el extranjero, la transparencia de los censos, la prevención del transfuguismo o el tratamiento de las campañas en las televisiones privadas.
Pero hay una tercera reforma, más cosmética, y que mañana aprobará el pleno del Congreso: la reducción y simplificación de la papeleta del Senado, hecha para evitar el alto porcentaje de votos nulos (2,29% en 2008). El Gobierno ha aprovechado la tramitación de esta mínima parte de cirugía de la LOREG para modificar la Ley del Tribunal Constitucional y acortar el mandato de los nuevos cuatro magistrados que designará la Cámara alta mediado noviembre.
Solicitud del Ejecutivo
El Consejo de Estado ya dictó sentencia. Ya dijo en su informe de 2009, redactado a petición del Gobierno, que el sistema actual «presenta desajustes importantes» y que existen puntos «susceptibles de mejora, para garantizar la igualdad de electores y partidos».
Y es que no todos los votos son iguales. Si echamos un vistazo a los resultados de las generales de 2008, PSOE, PP, CiU o PNV obtuvieron al menos un escaño en todas las circunscripciones en las que se presentaron. La excepción es de los conservadores, que no obtuvieron acta en Girona. Así, del total de 25,7 millones de votos emitidos, 23,6 millones se tradujeron en diputados.
¿Y los 2.069.642 sufragios restantes? Son los votos que se quedaron sin escaño. Muchos procedieron de candidaturas que no superaron el 3% exigido en la circunscripción. Otros, porque no arañaron un parlamentario por la fórmula de reparto. A IU-ICV no le sirvieron 649.677 papeletas (el 67% de todos sus votos), igual que UPyD inutilizó 173.984 sufragios (el 57% del total). Fueron las dos formaciones con más desecho de votos.
Los escaños tampoco cuestan lo mismo, y ello responde al tamaño de la Cámara (350 diputados), a la fórmula matemática de reparto (la ley D’Hondt) o a la partición en distritos (las provincias, algunas muy pobladas y con gran número de actas a repartir, como Madrid o Barcelona, y otras, la mayoría, mucho más pequeñas, donde el juego se ciñe a PP y PSOE). La suma de todos los elementos genera la desproporción global del sistema, que hace que socialistas y conservadores consigan un escaño con 66.000 votos. A IU le cuesta siete veces más.
Una ley ideal, que asumiese la proporcionalidad exacta y una única circunscripción (y no 52), arrojaría un hemiciclo distinto. El PSOE, con el 43,9% de las papeletas, no dispondría de sus 169 escaños, sino de 154. Esto es, el 44% del Congreso. El PP perdería 14 actas, hasta las 140. IU se adjudicaría 13, y UPyD, cuatro. Eso sí, entrarían más pequeños partidos.
La mayoría de expertos, sin embargo, no propone ese sistema puro, por los problemas de estabilidad que acarrearía. Ni tampoco lo defienden IU o UPyD. Se han lanzado soluciones intermedias, como el método biproporcional que ha propuesto Ramírez y su GIME, y que garantiza una mayor proporcionalidad sin sacrificar la gobernabilidad. El modelo llegó a la subcomisión del Congreso que analizó durante dos años la revisión de la ley. «Pensé que los partidos, tras el informe del Consejo de Estado, pactarían una mínima reforma, aunque fuera mala, pero nada. Tampoco los medios han ejercido presión», subraya quejoso el catedrático.
«Tan importante es lo que votamos como lo que descartamos», contrarresta Jordi Xuclà, portavoz de CiU en la ponencia. La tesis la respaldan también PSOE, PP y PNV. Los cuatro no califican de «farsa» los avances pactados, como los tacha Rosa Díez, líder de UPyD. Los dos grandes y los dos nacionalistas destacan que para voltear la arquitectura electoral se requiere «consenso», y no lo había. Todos reprochan especialmente a IU que abomine de una ley que «en 1979 [con el PCE] le dio 23 diputados y en 1996, 21».
¿Qué pasa si hay bloqueos?
El escepticismo cunde entre los expertos. Todos coinciden en que si no hay cambios, se debe a que PSOE y PP se encuentran «cómodos» con un modelo que les concede una cierta sobrerrepresentación. Además, recalcan, los ciudadanos han aprendido a votar, «saben qué es el voto útil». «La democracia no es perfecta, tiene problemas», apunta Ignacio Urquizu. Este sociólogo de la Complutense recuerda que cualquier sistema no sólo ha de atender la pluralidad, sino también procurar la estabilidad o la preocupación por los territorios. «Con un Parlamento más fragmentado, un Ejecutivo con menos mayoría, no se habrían podido aprobar las medidas de ajuste», ilustra.
«No hay que enamorarse tanto de la proporcionalidad, que a veces genera peligrosas minorías de bloqueo», completa Alberto Penadés, sociólogo del CIS que, no obstante, admite que sería «deseable» una ley «más justa», para la que no haría falta ni retocar la Constitución. «Tardará en surgir una oportunidad como esta. Zapatero prometió estudiar la reforma, y ya cerrado el paquete, no se volverá a abrir el melón. Porque el PP no lo va a hacer», señala. Carlos Vidal Prado, constitucionalista de la UNED, aventura una vía de escape: que se ensaye la reforma de la ley en comunidades autónomas y en ayuntamientos.
La mirada se dirige ahora al Reino Unido, donde los liberales pusieron por delante una revisión del sistema para gobernar con conservadores o laboristas. «Si IU o UPyD son necesarios, ahí podría suceder el cambio. O si la ciudadanía lo reclamase con fuerza. Pero no confío mucho», concluye realista Vidal. Mientras, más de dos millones de votos seguirán a la espera de un escaño.
EL CALENDARIO
El Tribunal Constitucional se cuela en la nueva papeleta del Senado
1. El cambio inminente. Mañana el Congreso dará el visto bueno a la primera reforma de la LOREG, la de la papeleta del Senado. Se reducirá su tamaño, se ordenarán los partidos según los resultados anteriores y las formaciones no deberán colocar alfabéticamente a sus candidatos. Era la primera ley orgánica de más fácil tramitación, y Gobierno y PP pactaron incluir vía enmienda un cambio en la norma del TC, para que los cuatro magistrados que designe el Senado estén seis años, y no nueve, garantizando así la renovación por tercios.
2. Todo, antes de fin de año. Las dos proposiciones de ley de reforma de la LOREG (listas abertzales y el resto de temas) tendrían que estar aprobadas definitivamente antes de fin de año. Así lo prevén PSOE y PP.
