Los 33 niños «huérfanos» tenían padres
«Nuestro equipo ha sido falsamente arrestado», aseguran desde su iglesia de Central Valley, Idaho.
Patricia Vargas, directora regional de la ONG Aldeas Infantiles SOS en Haití, tiene bien clara la versión de la historia: «Estamos ante un caso de tráfico de menores. Según nuestras averiguaciones y las que están haciendo las autoridades engañaron a los padres de los niños para llevárselos a República Dominicana», asegura Vargas a LA RAZÓN desde la aldea que tienen en Santo, donde se encuentran los supuestos huérfanos.
El Instituto de Bienestar Social del devastado país entregó los niños a esta ONG para que los cuidaran en su centro de acogida situado a las afueras de Puerto Príncipe mientras esclarecían el caso. «Llegaron en muy malas condiciones, una niña tuvo que ser hospitalizada, había bebés de dos meses…», cuenta la directora, quien añade que «ya hay tres padres que han venido a preguntar por sus hijos».
Vargas explica que tras el estado de conmoción que sufrieron los pequeños, «comenzaron a hablar y a preguntar por sus papás». Al parecer, prometieron llevarlos a República Dominicana, «a algo parecido a un campamento de verano».
Por su parte, los diez estadounidenses de la Iglesia baptista continúan defendiendo su inocencia. Insisten en que sólo estaban rescatando a los huérfanos y que tenían el permiso del Gobierno dominicano. «Pero quien decide por los haitianos es el Gobierno de Haití», asevera Vargas, «nadie puede salir sin documentación».
Ayer, la página web de la iglesia baptista de Central Valley, Idaho, cambió completamente su diseño. Ya no se podía ver ningún número de teléfono o e-mail de contacto. Tampoco el comunicado titulado «Misión de Rescate de los huérfanos de Haití» –en el que se explicaban todos los detalles de la operación solidaria, incluido los costes y los números de cuenta para hacer donaciones– se encontraba ya en internet. Con un mensaje, respondían las dudas de los periodistas y sus feligreses: «Nuestro equipo había ido a ayudar a rescatar a niños de orfanatos de Haití. Han sido falsamente arrestados. Estamos haciendo todo lo que podemos para intentar esclarecer este malentendido».
Un malentendido del que las autoridades haitianas no tienen duda de qué se trata. «Es algo incuestionable. No se pueden sacar a nuestros niños de las calles y del país», dijo ayer a Ap la ministra de Comunicaciones, Marie-Laurence Jocelin Lassegue. «Serán juzgados. Eso es lo que de verdad importa».
Mientras el Gobierno haitiano se plantea si serán juzgados o no en Estados Unidos –si Washington pide su extradición– también quiere destacar el siguiente mensaje: nadie que trafique con sus menores quedará impune.
El tráfico de menores ya era un problema en Haití antes del seísmo del 12 de enero. Según datos de Unicef, mil niños eran sacados cada año a través de la frontera. Las dimensiones de la tragedia han hecho que se aceleren los procesos de adopción y que haya mucha gente interesada en los cientos de miles de verdaderos huérfanos; sin embargo, para Vargas «ésta debe ser la última opción. Hay que estar muy seguro de que no tienen ningún familiar vivo y que efectivamente no tienen familiares vivos».
Algo con lo que coincide Francoise Vanni, la jefa de comunicación de Unicef México que actualmente se encuentra en Puerto Príncipe. «Hemos ayudado a la Policía fronteriza a que vigile bien que ningún niño sale sin sus padres. Los menores son muy vulnerables. Por eso también hemos reforzado la seguridad en los hospitales. Nos queremos asegurar de que ninguno salga sólo ni con gente que no sean sus verdaderos familiares».
Facilitar la identificación
En medio de este último caso de tráfico de niños, España ofrece a Haití un programa para identificar a los niños genéticamente. La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya Rodríguez, afirmó ayer que el ADN-Prokids hará que no exista «territorio de impunidad para las bandas criminales» que se dedican al tráfico ilegal de menores. También destacó la importancia de «actuar rápidamente» en la isla. El programa, diseñado en la Universidad de Granada, también «evitará las adopciones ilegales».
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