Una vez que se haga efectivo este traspaso, se solventarán dos problemas: la gestión sobre los establecimientos hosteleros de playa y el deslinde de Doñana, ya que la zona afectada quedaría bajo la tutela de la Junta.
Eso no significa que el actual deslinde publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado 2 de septiembre de manera unilateral por los responsables de Costas se modifique. Podría permanecer igual, pero la gestión de esas 9.200 hectáreas –afecta a 35 km de costa y se introduce 4,8 km en el interior– que se declararon como dominio público marítimo-terrestre por el departamento que encabezaba Elena Espinosa sería autonómica.
Ambos gobiernos negociarán el detalle de ese deslinde en próximas reuniones. El MARM esgrime un informe científico del catedrático de la Universidad de Granada Miguel Ángel Losada, mientras que la Junta se apoya en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Si este proceso se demora, Aguilar ofreció una alternativa: la firma de un convenio de uso. No se traspasan las competencias de manera formal, pero sí por un acuerdo suscrito entre las dos administraciones durante ese periodo transitorio.
«Con convenio de uso y transferencias el problema está resuelto», aseguró Griñán. A cambio, el Gobierno andaluz no presentará el recurso anunciado ante los tribunales por la vía contencioso administrativa.
La decisión de los anteriores responsables del Ministerio de Medio Ambiente se entendió como una «advertencia» al Ejecutivo andaluz por su mala gestión del parque natural –asumida en 2006–. De hecho, los colectivos conservacionistas aplaudieron la medida y recordaron los expedientes abiertos por la Unesco, la Comisión y el parlamento europeos que investigan la situación en la que se encuentra Doñana.
Es curioso que la «coartada» que permitirá zanjar este enfrentamiento entre ambos Ejecutivos será el traspaso de las competencias sobre los chiringuitos, anunciada en marzo de 2009 y que acumula casi un año de retraso, ya que se esperaba para el primer trimestre de este año. Estos establecimientos están ubicados en el dominio público marítimo-terrestre, por lo que es necesario traspasar la misma competencia que en el caso de Doñana.
«En muy breve espacio de tiempo habrá buenas noticias», dijo Griñán. Fuentes del Ministerio reconocieron que es cuestión de días y que si se produce un nuevo aplazamiento por las negociaciones sobre el deslinde de Doñana se buscará otra fórmula alternativa. La consejería de Medio Ambiente será la que gestione las licencias de estos bares.
