El PSOE pone límites al Estatuto en un informe repleto de sombras de inconstitucionalidad
El partido analiza hoy la opinión de los expertos, que creen injustificada la ampliación de competencias
Esther. L. Palomera
Madrid- «El proyecto arroja muchas sombras desde muy diversos puntos de vista, incluido el de su conformidad con el parámetro constitucional». Es la opinión del catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada Francisco Balaguer Callejón sobre el Títtulo V del proyecto de reforma del Estatuto de Cataluña.
Balaguer es uno de los cuatro constitucionalistas a los que ha recurrido la dirección del PSOE antes de fijar una posición política sobre el contenido del texto que ha llegado al Congreso de los Diputados. Y su análisis de la reforma del Estatuto no puede ser más claro: «Se ha pretendido blindar las competencias sobre la base de maniatar al Estado y de reducir al máximo el número de competencias estatales». Así lo explicitó Balaguer en un informe elaborado con anterioridad para el Ministerio de Administraciones Públicas, en el que definió la ampliación de competencias propuesta por la Generalitat como «masiva, injustificada y claramente contraria a la Constitución».
Ahora, la opinión de Balaguer, junto a la de otros tres expertos (Javier García Roca, Manuel Medina Guerrero y Alejandro Sáiz Arnáiz) sirve de base a la dirección del PSOE para fijar los límites a la negociación política que tendrá lugar a partir del 2 de noviembre, una vez que la Cámara Baja apruebe la toma en consideración del proyecto de reforma.
Los cuatro constitucionalistas han redactado un informe que entregaron a la dirección del PSOE a última hora del viernes pasado, y que está repleto de sombras de inconstitucionalidad del texto, especialmente en materia de competencias, unidad de mercado y politica lugüística. Mucho son, también, los cambios que se sugieren en materia de financiación autónomica.
El documento de los expertos ha sido revisado a conciencia por el «núcleo duro» de la calle Ferraz para redactar, ahora, otro texto que fijará los límites hasta donde el PSOE puede llegar en la negociación con los partidos catalanes. Durante todo el fin de semana, la dirección socialista ha mantenido diferentes reuniones con Moncloa para cerrar el documento que, a última hora de ayer, contaba ya con el visto bueno del presidente del Gobierno.
El documento no incluirá, eso sí, demasiados detalles. Se trata más bien de una declaración de principios que sea asumible para todas las federaciones socialistas. No en vano, el texto que se someta hoy a votación tiene que satisfacer a socialistas tan dispares como José Montilla (PSC), Manuel Chaves (Andalucía) o Juan Carlos Rodríguez Ibarra (Extremadura).
A nadie se le escapa que la dirección pretende, sobre todo, acallar de algún modo las voces de división interna. Vaya que, además de convencer a los partidos políticos catalanes de la necesidad de ajustar el texto a los criterios de constitucionalidad y de interés general, tiene que tranquilizar a muchos de los suyos que en los últimos meses han levantado la voz contra una reforma estatutaria que ni comparten ni desean.
De ahí el gran interés en que el documento que se aprube hoy cuente con el respaldo unánime de los miembros de la Ejecutiva, por tormentosa que sea la discusión previa.
