«Todos somos víctimas de crímenes contra la humanidad»
El malestar social que se ha generado en torno al funcionamiento del poder judicial es un hecho. Los últimos casos de fallos judiciales, la saturación de los juzgados y el debate sobre la revisión de las penas han promovido esta sensación de desamparo jurídico.
Para debatir sobre la situación y proponer soluciones, la Escuela de Estudios Jurídicos de Granada ha organizado el II Congreso Nacional de Estudios Penales que se celebra desde ayer hasta hoy en el Palacio de Congresos de la ciudad, con la presencia de más de 1.100 participantes (entre estudiantes y profesionales) y once ponentes de destacado prestigio.
El magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, el juez de menores, Emilio Calatayud, el magistrado instructor de la Operación Malaya, Miguel Ángel Torres, o el catedrático de Derecho Penal, Lorenzo Morillas, conforman entre otros el elenco de profesionales.
«Es un congreso multitemático con los temas que más interesan actualmente dentro del Derecho Penal y la Criminología. asuntos que están en situación de entresiglos en un proceso de revisión, como la prisión electrónica o la regulación de la prostitución», explicó el coordinador de las jornadas y profesor de Derecho Penal de la Universidad de Granada, Carlos Aránguez.
«A mí como ciudadano me preocupa que la sociedad pierda la confianza en pilares fundamentales, como la libertad de prensa o la justicia. El sistema judicial no tiene un funcionamiento óptimo pero conozco muchos más jueces y magistrados que destrozan sus carteras de llevarse trabajo a casa que tímidos laborales», comentó el también fiscal sustituto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Carlos Aránguez, encargado de tratar la prisión electrónica en su ponencia.
Sin embargo, el docente puntualizó que son los poderes públicos los que deben poner los medios para que los juzgados puedan desempeñar su función, una solicitud que no se refiere tanto a reforzar el personal, como a que se consiga una «mayor coordinación informática». «Lo que no puede ser es que una persona esté en busca y captura en el juzgado más cercano y no se sepa. Ahora mismo, la Dirección del Secretariado de Becas de la UGR tiene mejores medios que un juzgado de lo penal», lamentó Aránguez.
Por ello, el fiscal apuesta por adaptar los tribunales de justicia a las nuevas tecnologías, con un funcionamiento similar al que disfruta Hacienda, con lo que se conseguiría una mayor eficacia, sin obviar el gasto ecológico y económico en papel que esto supondría.
Por su parte, el magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, hizo alusión en su discurso a la importancia de los derechos fundamentales. «La lucha por los Derechos Humanos no es una posibilidad; es una exigencia y una vez que entendamos esto podremos comprender el resto de normas», declaró el juez. «Todos somos víctimas de los crímenes contra la humanidad», añadió.
Durante su intervención, Garzón habló sobre diversos conflictos en los que se han cometido crímenes contra la humanidad. Las torturas y vejaciones cometidas en Guantánamo (donde sólo 14 de los casi mil presos no tuvo un proceso); las matanzas del Congo en nombre de los intereses económicos que atraen sus recursos naturales; el genocidio en los campos de concentración nazis; o el terrorismo (tanto de ETA como del GAL) en España, fueron algunos de los ejemplos aportados por el magistrado nacido en Jaén.
En este sentido, Garzón explicó a los presentes la necesidad de que los Derechos Humanos estén presentes en todos los ámbitos y en todas las relaciones comerciales a nivel internacional o de lo contrario dejarán de ser respetados a conveniencia de los estados. «Es más práctico no bordear la legalidad y no crear limbos jurídicos», afirmó.
Asimismo, el magistrado (encargado de cerrar el primer día de conferencias) criticó la postura algunas naciones que «tienden al adormecimiento a la hora de fijar normas que puedan traerles consecuencias a posteriori», momento en el que hizo referencia a la negativa de EEUU de adherirse a la Corte Penal Internacional.
Otro tema de actualidad tratado en el congreso fue el fenómeno del acoso escolar, agravado en los últimos años por el uso de las nuevas tecnologías, según aclaró el fiscal superior de Andalucía, Jesús María García Calderón. Respecto a este tema, el jurista delegó la competencia de prevenir este delito en el sistema educativo, aunque la función de resolver esta lacra pertenece a los penalistas.
También intervinieron en la jornada de ayer el catedrático de Derecho Penal Miguel Olmedo Cardenete, que trató la responsabilidad civil y penal del personal sanitario, y el magistrado del Tribunal Supremo José Luis Maza, quien puso de relieve la dificultad de emitir una sentencia en los procesos de abusos sexuales.
El congreso continúa esta mañana con las charlas sobre corrupción urbanística del juez Torres; violencia de género, a cargo del Delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente; y sobre los delitos cometidos a través de internet, realizada por el ex rector de la UGR Lorenzo Morillas, cuyo discurso versará sobre las nuevas tendencias delictivas en la red y cómo conseguir que las respuestas legales se agilicen ante la rápida evolución de las nuevas tecnologías.
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