La presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género, Inmaculada Montalbán, ha apostado este lunes por «fortalecer» las medidas de información a las mujeres inmigrantes para hacer frente a nuevas formas de maltrato, para el que la «globalización» supone un «reto».
La vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha hecho estas declaraciones antes de participar en el Máster Erasmus Mundus GEMMA en Estudios de las Mujeres y de Género de la Universidad de Granada, donde ha impartido la conferencia «Derechos Humanos y Violencia de Género».
Según Montalbán, que ha hecho un balance sobre los últimos cinco años de funcionamiento de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, la sociedad española debería reflexionar sobre cómo se encuentra la lucha contra este tipo de violencia.
A su juicio, los datos estadísticos con los que cuenta el Observatorio ponen de manifiesto que se está «en el buen camino», aunque, ha añadido, hay que ser «conscientes» de que queda mucho «por andar», especialmente ante nuevos factores en la violencia sobre la mujer, sobre todo en lo que respecta a inmigrantes.
En este sentido, se ha mostrado partidaria de «responder de manera eficaz» al maltrato que padecen las extranjeras, que se enfrentan a una «doble vulnerabilidad» por el hecho de ser mujeres y por carecer normalmente de redes familiares, sociales y de apoyo, a lo que pueden sumarse las dificultades del idioma o las económicas.
«Necesitan un acercamiento de las instituciones, ser informadas sobre sus derechos y, sobre todo, ayudas económicas y asistenciales», ha señalado la presidenta del Observatorio, quién ha recalcado que las inmigrantes tienen además barreras culturales y les es «difícil» acceder a los servicios e instituciones españolas.
Montalbán ha recordado asimismo las características propias que tiene la violencia sobre la mujer, especialmente por la vinculación existente entre víctima y agresor, una dependencia, ha asegurado, que no siempre se da en otro tipo de delitos.
Ha destacado que los Juzgados de Violencia dan en la actualidad una respuesta «más eficaz y más rápida», ya que el 70% de las órdenes de protección se conceden antes de las 72 horas y que aquellos asuntos que llegan a juicio suponen un 80% de condenas, con el fortalecimiento de los elementos de recogidas de pruebas de cargo.
