Garzón demora la decisión de la que depende exhumar a Lorca
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Granada cree que las decisión “es un paso más para la exhumación” y un reconocimiento para las miles de víctimas represaliadas por Franco.
Á.C. La decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de investigar los crímenes de la Guerra Civil y del franquismo parece inminente. El anuncio de declararse competente para juzgar las desapariciones durante este periodo iba a producirse ayer pero documentación de última hora aportada a la causa llevó al magistrado a demorar previsiblemente a hoy una decisión que desde la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Granada (ARMH) se espera con impaciencia.
Al igual que el resto de colectivos que han presentado denuncias por desapariciones, el vicepresidente de la ARMH de Granada y alcalde de Pulianas, Rafael Gil Bracero, confiaba ayer en que el juez cubriera las expectativas de numerosas familias que solicitan “una reprobación moral del régimen franquista” y, al mismo tiempo, “un reconocimiento de las personas que fueron asesinadas vilmente”.
La decisión de Garzón será clave pues abre la posibilidad de exigir responsabilidades al Estado español por las desapariciones, saqueos, torturas y exilios forzosos que se cometieron a partir de 1936. Por ello es previsible que el juez califique los hechos como crímenes de lesa humanidad y se ampare en el marco del Derecho Internacional para investigar lo sucedido y reparar el daño de los familiares.
Gil Bracero manejaba ayer información fiable de que Garzón iba a dar finalmente “un paso más para que las familias puedan pedir la exhumación o dignificación de sus familiares”. “Granada –dijo– está más cerca de que se puedan exhumar algunas fosas concretas”. En concreto aludió al lugar donde supuestamente fueron enterrados el maestro Dióscoro Galindo, los banderilleros Francisco Galadí y Joaquín Arcollas, y el poeta Federico García Lorca, cuya familia acepta a regañadientes que se proceda a la exhumación.
Si bien es cierto que la Fiscalía sostiene que la competencia recae en todo caso en los juzgados de los lugares en los que se cometieron los hechos y no en la Audiencia Nacional, Gil Bracero no tiene dudas de que la jurisdicción corresponde a la Audiencia por haberse producido los crímenes en todo el territorio nacional y en un contexto claro de “una mecánica de guerra”.
La ARMH de Granada entregó un listado de casi 6.000 casos documentados de represaliados por el régimen franquista, los mismos que días después trasladó la Universidad de Granada, a los que hay que sumar los 515 nombres que aportó días después el Ayuntamiento de Granada.
Precisamente, dicha documentación se trasladó a petición del juez Baltasar Garzón, quien el pasado 1 de septiembre solicitó a diversas instituciones, entre ellas al Ayuntamiento de Granada y a la Universidad, la elaboración del listado de víctimas y la aportación de datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil. Gil Bracero espera que el interés mostrado por el magistrado sirva también para declarar la nulidad de los juicios sumarísimos que celebraron los tribunales militares.
