El portavoz del equipo de gobierno municipal, Juan Antonio Mérida, confirmó ayer que la providencia que el juez Garzón envió el lunes desde la Audiencia Nacional llegó al Ayuntamiento el jueves poco antes de las dos de la tarde. En el escrito judicial, según la información facilitada ayer por Mérida, Garzón pide el número de personas enterradas en fosas comunes, fecha y lugar de nacimiento de estas personas, la residencia y lugar de defunción, así como las circunstancias en las que murieron y si constan en algún registro público.
Baltasar Garzón pretende dilucidar con estos datos, que también ha pedido a la Universidad, a la Conferencia Episcopal y a los ayuntamientos de Córdoba, Sevilla y Madrid, si la Audiencia Nacional es competente para admitir a trámite este asunto e iniciar un proceso judicial por las desapariciones acaecidas durante los años de la represión franquista, antes, durante y después de la Guerra Civil. El equipo de gobierno municipal trasladó inmediatamente la providencia a Emucesa, la empresa municipal que gestiona el cementerio, así como al Archivo Histórico Municipal. A sus responsables se les ha pedido que se tramite este asunto «con la mayor celeridad posible».
Aun así, Mérida insistió, en la línea de lo que ya adelantó el alcalde el martes por la mañana, que no saben con certeza si disponen de los datos que pide el juez. Tanto el cementerio como el archivo, pondrán a personal técnico propio en esta laboriosa tarea que no se sabe cuánto tiempo llevará.
El magistrado jiennense realizó en paralelo una petición a todas las asociaciones de familiares que han denunciado el asunto en los juzgados que aportaran toda la información de la que dispusieran sobre los cuerpos y las circunstancias en que habrían desaparecido.
La Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Granada va a presentar una demanda judicial junto con otras ocho entidades similares, entre ellas las de Madrid y Talavera de la Reina. Con esa demanda se unirían al hipotético proceso judicial que podría iniciar Baltasar Garzón en los próximos meses.
De todas formas, la información de la que disponen, la más amplia sobre el tema en la provincia y el correspondiente mapa de fosas actualizado, será entregado a través de la Universidad.
En la UGR también se recibió la providencia de Garzón el jueves por la tarde. Dado que la petición no se circunscribe estrictamente a lo que pueda haber registrado sobre los profesores fusilados, que es poco y se reduce a los escritos en los que se les cesaba por muerte, el departamento de Historia Contemporánea se encarga ya de recopilar las investigaciones y datos que pudieran servir al juez.
El vicerrector de Extensión Universitaria, Miguel Gómez Oliver, es a su vez historiador de Contemporánea con lo que el rector, Francisco González Lodeiro, ha confiado en él para llevar adelante esta ardua tarea.
Con ambos habló el jueves Rafael Gil Bracero, alcalde de Pulianas y miembro de la asociación de memoria histórica, para poner a su disposición el registro de desaparecidos del que dispone y que apunta a la existencia de restos de 3.500 fusilados en las tapias del cementerio de San José por toda la provincia.
Gil Bracero realizó su tesis en la Universidad de Granada, de la que también es catedrático, sobre la Guerra Civil. Otros historiadores trabajan actualmente sobre el período represivo en la Universidad, muy castigada en 1936.
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