Las tribulaciones del fiscal Zaragoza
La iniciativa del juez Garzón ha desatado la tormenta. Tanto la derecha heredera de la sangrienta dictadura como parte del PSOE, algunas asociaciones de jueces, fiscales, abogados y leguleyos varios han soltado toda clase de lindezas sobre la actuación del juez Garzón. ¿Será acaso que el miedo a que salga el nombre de los asesinos les ha puesto nerviosos? ¿Es ilógico preguntar quiénes eran los jefes de Falange que ordenaron el asesinato sistemático del pueblo español? ¿Les preocupa saber quiénes fueron los pistoleros que sembraron el Estado español de fosas comunes, de cadáveres las cunetas? ¿Será quizás injusto nombrar a los que desde su posición de golpistas firmaron y/o avalaron que las tapias de los cementerios, las cárceles o plazas de toros se llenasen de fusilados, cuyo único delito había sido defender al Gobierno legítimamente constituido y con él a la República?
Empecemos otra vez por el principio: aquí no hubo ninguna guerra civil. Lo que ocurrió en el Estado español fue que, tras el triunfo electoral del Frente Popular, un grupo de militares encabezados por Franco, Mola, Queipo de Llano y junto al fascismo que en aquel momento ya estaba en el poder en Alemania e Italia, auspiciado y financiado por los poderes latifundistas y financieros encabezados por Juan March, se levantaron a sangre y fuego contra el deseo legítimo del pueblo español; éste respondió como pudo, con las pocas armas de que disponían y con la más que evidente falta de organización y experiencia. A pesar de ello los golpistas tardaron tres años en vencer, pero no doblegaron el espíritu resistente del pueblo. El triunfo de los sublevados tuvo como consecuencia no sólo los muertos en combate, sino además el asesinato de aproximadamente 125.000 trabajadores, jornaleros y clases populares por el fascismo triunfante; esta cifra es sólo aproximativa, según algunos historiadores, porque todavía quedan por descubrirse muchas otras fosas y muchísimos más cadáveres.
Hay otro apartado que no podemos olvidar: los desaparecidos. Según el fiscal Zaragoza, están todos muertos, lo suponemos, pero los casos de desaparición no prescriben, y queremos buscar a nuestros desaparecidos, queremos saber dónde yacen, cómo han sido asesinados y por quién.
El fiscal de la Audiencia Nacional ofrece una argumentación por lo menos insólita: no se pueden juzgar estos delitos como crímenes contra la Humanidad porque en aquel momento no había ninguna ley que contuviese esta figura. El fiscal acaba de descubrirnos que el juicio de Nuremberg fue ilegal, que los aliados cometieron una ilegalidad al juzgar a los genocidas nazis, amigos de la dictadura, no lo olvidemos. Por tanto, señor Zaragoza, después de Nuremberg ese argumento es desde cualquier punto de vista inválido. ¡Ah!, se me olvidaba: los aproximadamente 125.000 asesinados lo fueron en el período desde 1939 hasta mediados de los años cincuenta, es decir, después de Nuremberg. ¿Acaso tendrá que ver la postura del fiscal con alguna realidad que se nos escapa?
Cogiendo a voleo una actuación judicial de aquellos años: Manuel Ania Fernández, condenado a reclusión perpetua. Revisado su caso, fue posteriormente condenado a muerte y fusilado el 22-4-1942. Natural de Las Regueras, hijo de Ricardo y Nemesia, 25 años jornalero, pertenecía al batallón «Añoranzas», que consiguió retirarse desde Santander hacia Asturias. El 15-5-1941 el auditor de guerra de Valladolid propone que se le condene a muerte. El Consejo Supremo de Justicia Militar celebra en Madrid otro consejo de guerra el 2-12-1941. El consejo estaba compuesto por P. del Portal, como presidente, y, como consejeros, por Valdés Cabanilles, Conde Pumpido, Topete Urrutia y F. de la Mora, según investigación de Marcelino Laruelo. Como dije antes, fusilado el 22-4-1942; es simplemente un ejemplo, pero significativo.
Por cierto, la ley de Amnistía fue promulgada antes que la Constitución; por tanto, según Francisco Balaguer, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, esto implica, según la doctrina del Constitucional, que cualquier tribunal o juez pueda no aplicar las leyes anteriores a la Constitución si entiende que han sido derogadas por ella. Por tanto, corresponde al juez Garzón valorar si resulta aplicable este proceso o no. De todas formas seguiremos buscando a nuestros muertos, a nuestros desaparecidos, seguiremos honrando su memoria y trabajando para dignificar sus figuras; es decir, de punto final, nada de nada: punto y seguido.
P. D. Tengo que leer con asco y repugnancia las memorias realizadas en este mismo diario de Luis Suárez Fernández, conocido historiador fascista, que pretende fusilar por segunda vez a Julián Grimau, y por ahí no voy a pasar. Julián Grimau ha sido y es una figura emblemática de la lucha del pueblo español contra la dictadura fascista, su asesinato vino precedido de una respuesta unánime de la sociedad mundial contra la dictadura. Más que las memorias de un supuesto europeísta tal parece que sean las memorias de un miembro de CEDADE (conocido grupo nazi también «europeísta»).
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